Impulsada por la dirigencia de MORENA, la ex directora del INVI, Fernanda Villarreal González, busca la alcaldía paceña mientras enfrenta investigaciones penales por lavado de dinero.
La Paz, Baja California Sur.- En medio de uno de los escándalos de corrupción e impunidad más graves en la historia reciente del sector público en Baja California Sur, Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI), busca perfilarse como la candidata de MORENA a la Presidencia Municipal de La Paz para el proceso electoral de 2027.
Cobijada y promocionada abiertamente por el Coordinador Estatal del partido, Manuel Cota Cárdenas, la ex servidora pública arrastra una estela de irregularidades financieras que amenazan con sepultar no solo sus aspiraciones políticas, sino el discurso de honestidad del partido en la entidad.
Durante su paso por la dirección general del INVI (2021-2023), Villarreal González ejerció casi 100 millones de pesos en presupuesto público ($49.7 MDP en 2022 y $49.7 MDP en 2023). Sin embargo, auditorías de la Contraloría General del Estado y carpetas de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción revelan un entramado de simulación de contratos, asignaciones a modo a empresas recién creadas al inicio del sexenio del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, y millonarios sobreprecios en vivienda social destinadas a sectores vulnerables.
Los hallazgos de la Contraloría General del Estado concluyen que el 90% de los contratos de construcción de casas de interés social se entregaron mediante simulaciones de concursos por invitación restringida (a cuando menos tres personas), favoreciendo en el 70% de los casos a participantes que ofertaban los costos más elevados.
El escándalo dio el salto a la vía penal bajo la carpeta de investigación J0881/2025, la cual consta de 9 tomos, 13 anexos y más de 6,000 fojas. La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción persigue la línea de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero) por un quebranto acumulado superior a los 55 millones de pesos.
El fiscal anticorrupción, Lenin Ortiz, ha confirmado que las pruebas integradas abarcan movimientos financieros atípicos y transferencias a cuentas no autorizadas, contratos simulados y pagos sin respaldo técnico ni administrativo y dispersión de fondos públicos mediante intermediarios.
Hasta este momento, tres ex servidores públicos se encuentran bajo prisión preventiva. Las fuentes judiciales confirman que la ex directora Fernanda Villarreal poseía el control presupuestal, la firma autorizada y la capacidad de decisión dentro del esquema.
La Fiscalía Anticorrupción sigue buscando formalizar la vinculación a proceso de la ex directora a través de nuevas audiencias, pese a las maniobras legales que la defensa ha intentado para dilatar la causa penal.
A pesar de que Fernanda Villarreal y al menos seis de sus colaboradores cercanos permanecen bajo investigación por estas irregularidades, la exfuncionaria no ha enfrentado inhabilitación política.
Por el contrario, tras su remoción del INVI, fue cobijada dentro de la estructura estatal al ser nombrada coordinadora de enlace político de la Secretaría General de Gobierno de BCS, disfrutando del respaldo de la administración estatal encabezada por Víctor Castro Cosío.
Hoy, impulsada formalmente por el liderazgo de Manuel Cota Cárdenas dentro de la estructura de MORENA, Fernanda Villarreal busca posicionar su figura como aspirante a la Alcaldía de La Paz para 2027.
La paradoja de su candidatura choca frontalmente con el impacto social de la acusación: 55 millones de pesos destinados a familias en vulnerabilidad extrema que se tradujeron en cientos de acciones de vivienda que jamás se edificaron.
