Desde el desvío de 500 millones en API BCS hasta la red de favoritismo y presunto abuso de autoridad en Los Cabos, el clan de Narciso Agúndez opera con total impunidad en el poder.
Los Cabos, Baja California Sur.- Una nueva polémica sacude a la administración pública en la entidad tras señalarse el presunto desvío de 500 millones de pesos de las finanzas de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API BCS).
La pérdida de estos recursos fue justificada por el director general del organismo, Narciso Agúndez Gómez, como consecuencia de un presunto ataque cibernético.
Sin embargo, el caso ha reavivado las críticas de la opinión pública hacia la dinastía política de los Agúndez, señalando patrones de impunidad y presunto abuso de poder en diversos cargos estatales a lo largo de los años.
El señalamiento actual contra API BCS pone de nuevo en el reflector público los antecedentes de los miembros clave de esta familia en la política sudcaliforniana:
–Narciso Agúndez Montaño (El Padre): Exgobernador del estado, quien estuvo bajo proceso penal e internado en prisión enfrentando cargos de peculado, coalición de servidores públicos y falsedad de declaraciones.
–Antonio Agúndez Montaño (El Tío): Ex alcalde y ex titular del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS), señalado históricamente por presuntas irregularidades administrativas durante sus gestiones.
–Narciso Agúndez Gómez (El Junior): Actual titular de API BCS, cuestionado por la desaparición de los fondos millonarios y por señalamientos previos relacionados con casos judiciales de alto impacto en la entidad.
A la cadena de controversias se suman las fuertes acusaciones contra el otro hijo de Narciso Agúndez, Christian Agúndez Gómez, actual Presidente Municipal de Los Cabos.
Sobre la gestión y figura del edil pesan señalamientos por presunto conflicto de interés e investigación de empresas vinculadas a su entorno, como Ingeniería y Proyectos del Cabo, S. de R.L. de C.V., señalada dentro de presuntas redes de asignación de obras públicas millonarias en la región.
Asimismo, su administración en el XIII y XIV Ayuntamiento de Los Cabos ha sido blanco de severas denuncias ciudadanas y empresariales que van desde señalamientos por supuestos despojos de bienes de uso público y terrenos ejidales para favorecer proyectos privados, hasta peticiones formales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para su destitución por presunto abuso de autoridad y corrupción administrativa.
Sectores sociales y críticos políticos exigen que se aclaren los hechos en torno al supuesto ciberataque a la API BCS y que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva sin dar un trato preferencial.
“El dinero del pueblo no se toca“, expresan voces en la entidad que demandan el cese a la impunidad, el esclarecimiento del destino de los 500 millones de pesos y la rendición de cuentas por parte de las autoridades de la administración saliente en Baja California Sur.
