Baja California Sur figura formalmente en la lista de las autoridades señaladas por entorpecer la localización de víctimas de desaparición al operar con métodos arcaicos y burocráticos.
La Paz, Baja California Sur.- En lo que se consolida como el embate judicial más grande y sin precedentes contra el aparato de procuración de justicia en México, madres de víctimas de desaparición forzada han llevado ante los tribunales federales a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, así como a los titulares de las 32 fiscalías estatales del país, incluida la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur.
La demanda de amparo indirecto, promovida por las reconocidas activistas y defensoras de derechos humanos Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, señala de manera tajante a las autoridades responsables por violar de forma sistemática el derecho a la búsqueda y a la verdad.
BCS en el mapa de la omisión forense.
Dentro del expediente tramitado ante un Juez de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito, Baja California Sur aparece de forma explícita en el catálogo de autoridades demandadas.
El documento señala directamente al Procurador de Justicia de BCS, Antonio López Rodríguez, por la omisión de garantizar la interconexión en tiempo real de las bases de datos institucionales de la entidad con el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF).
A pesar de que en diciembre de 2022 se firmaron las Bases de Colaboración institucionales y de que en mayo de 2023 el Diario Oficial de la Federación (DOF) anunció el inicio de operaciones del Banco Nacional, la realidad es desalentadora. El sistema oficial no opera plenamente, carece de información pública accesible y la página oficial ni siquiera se encuentra operativa.
La consecuencia directa de esta negligencia institucional radica en que las fiscalías especializadas –incluyendo la de Baja California Sur– continúan cruzando información de manera MANUAL mediante el envío de oficios por correspondencia tradicional o electrónica. Este procedimiento obsoleto provoca graves retrasos o, en el peor de los casos, simplemente no se efectúa.
Esta falta de articulación tecnológica genera un impacto devastador por las siguientes razones:
1-Cuerpos sin identificar: Restos humanos y personas fallecidas localizadas en la entidad y el resto del país permanecen almacenados en los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) o terminan en fosas comunes.
2-Familias en incertidumbre: Mientras los restos yacen no identificados en las dependencias, miles de personas continúan contabilizadas como desaparecidas.
3-Tratamiento cruelto e inhumano: Las activistas argumentan que cada jornada de retraso burocrático prolonga el sufrimiento de miles de familias mexicanas, equiparándolo formalmente a actos de tortura.
En su recurso legal, las promoventes solicitaron la suspensión del acto reclamado para obligar de manera inmediata a la FGR de Ernestina Godoy y a los procuradores y fiscales de los 32 estados a interconectar sus plataformas y registros genéticos.
Con este recurso de amparo, las madres buscadoras ponen al descubierto el colapso del sistema de procuración de justicia a nivel nacional y estatal, exigiendo que la tecnología se ponga de una vez por todas al servicio de la verdad y la justicia.
