Después de casi 4 meses de que Víctor Manuel Castro Cosío, Homero Davis Castro y Narciso Agúndez Montaño, iniciaran el hostigamiento, la intimidación y la persecución de periodistas que ejerciendo nuestro derecho de la libertad de expresión, cuestionamos y criticamos la labor del gobierno de Baja California Sur, finalmente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fijó una postura oficial como jefe político del gobernador, del secretario general de gobierno y del asesor del gobernador, respectivamente.
En la conferencia de La Mañanera, dejó en claro que no está de acuerdo con el abuso del poder, y mucho menos, se pretenda censurar a los periodistas y medios de comunicación de Baja California Sur en el ejercicio de su derecho de la libertad de expresión.
Reprobó tajantemente que se estén utilizando instituciones, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para perseguir a los comunicadores que fungimos como el único contrapeso real y verdadero del gobierno de Baja California Sur, mientras organismos empresariales y partidos políticos, guardan silencio cómplice de la clase política gobernante.
El presidente mexicano dijo que el Estado debe garantizar de manera plena el ejercicio de la libertad de expresión y defender su derecho de disentir.
Los regidores, los alcaldes, los diputados locales, los diputados federales y los senadores de la república, nunca sacaron la cabeza ni siquiera para opinar sobre el derecho de la libertad de expresión que hemos estado defendiendo a través de los tribunales, promoviendo la unión del gremio periodístico y elaborando y presentando iniciativas ciudadanas para que la intimidación, el hostigamiento y la persecución sean tipificado como delitos, con agravante cuando sea cometido por servidores públicos.
Hoy, el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador es tan claro que instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández para que estableciera comunicación con el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, recomendando que fueran retiradas todas las denuncias presentadas por servidores públicos en contra de alrededor de 15 periodistas y medios de comunicación del estado.
El presidente mexicano hizo el compromiso público de que hablarían con las instancias locales, en este caso Procuraduría General de Justicia del Estado y Tribunal Estatal Electoral, y con los poderes independientes, como el Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral y Fiscalía General de la República para que sea garantizado plenamente el ejercicio de la libertad de expresión.
“Nosotros no vamos a censurar a nadie”, citó textualmente, porque hoy “la prensa se regula con el pueblo, porque quien nos califica a todos en una auténtica democracia, es la gente”.
Desde luego que el compromiso público del presidente mexicano, a pregunta expresa de nuestro compañero, Julio Omar Gómez, obliga al gobernador a responder al llamado de Andrés Manuel López Obrador, y los diputados locales, tendrán que atender la iniciativa ciudadana que presentamos el pasado 30 de junio para que sea reformado el Código Penal de Baja California Sur y sean tipificados los delitos contra medios de comunicación y periodistas.
Así, y de esta manera, el Estado puede garantizar nuestro derecho a la libertad de expresión y respetar nuestro derecho a disentir.
Remolino:
Después de que la secretaria de Salud en Baja California Sur, Zazil Flores Aldape, se quejara con el gobernador sobre el mal manejo del dinero que la directora de Administración y Finanzas, Marcela Amador Murga, venía haciendo del presupuesto gubernamental, Víctor Manuel Castro Cosío, giró instrucciones de separarla del cargo. Entre otras cosas, según documentos que presentaron al gobernante, es la elaboración de contratos, pagos y transferencias a empresas fantasmas. Para evitar un escándalo que no tarda en reventar, el secretario general de gobierno, Homero Davis Castro, operó un extraño enroque para salvar a la «niña de sus ojos«, enviándola a la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, y cambiar al titular de esa área, Gilberto Marrón Fisher, hacia la Secretaría de Salud. Después presentaremos los documentos de esa historia que ya están en nuestras manos.
Denuncias, comentarios y sugerencias, puede hacerlos llegar a [email protected]
O bien, síganos en nuestra cuenta oficial, haciendo clic en el enlace:
Me parece muy bien, que se haya logrado el objetivo, de comprometer públicamente al señor presidente de la republica para el respeto irrestricto de la libertad de expresión, y que haya instruido al secretario de gobernación para retirar las demandas interpuestas, hoy precisamente aparece una nota, donde el gobernador Castro informa a la sociedad, que de parte de su administracion no existe demanda alguna; es evidente que quien miente una vez, miente siempre, hago votos, porque esta instrucción presidencial se materialice en los hechos, y no solo para respetar la libertad de expresión del gremio periodístico, sino de la sociedad en su conjunto, el derecho humano a esta libertad se nos concede constitucional y convencionalmente a todos; Muchas; felicidades Señor Gerardo Zuñiga, por su empeño y perseverancia en la defensa de derechos y libertades…. veremos que sucede.