La incapacidad, ineptitud e ineficiencia del gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío, prendió los focos rojos en Los Cabos.
Con un gobernante totalmente ausente, mayormente preocupado por imponer a sus candidatos a alcaldes y diputados locales y hacer millonarios negocios con la obra pública con su amigo y socio, Narciso Agúndez Montaño, el viejo conflicto de transportistas reventará esta semana, cuando regresen este jueves las protestas y bloqueos en el destino turístico de Los Cabos.
El motivo es el absoluto desinterés del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío por resolver el problema del transporte de pasaje, después de casi seis meses de haber rotó la Mesa Permanente del Transporte en Los Cabos.
En todo ese tiempo, la principal preocupación del gobernante es viajar a la Ciudad de México a las reuniones partidistas de MORENA. Firmar cartitas de apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Presentarse y aplaudir en los eventos de la precandidata presidencial de MORENA, Claudia Sheinbaum Pardo, y desde luego, presionar para imponer como candidatos a Milena Paola Quiroga Romero y Christian Agúndez Gómez en La Paz y Los Cabos, respectivamente.
El gobernante se ha concentrado tanto en perder el tiempo, que los problemas del estado, comienzan a generar estragos, entre ellos, el del transporte.
Quizá por todo ese desinterés y valemadrísmo de Víctor Castro (no se le puede llamar de otra manera), los transportistas anunciaron hoy el inicio de movilizaciones en el destino turístico mas importante de Baja California Sur, tras el fallido diálogo con el secretario general del gobierno, Saúl González Nuñez, ocurrido 19 de enero en Cabo San Lucas.
A partir de las 10 de la mañana de este jueves, iniciaras los primeros dos bloqueos en cuando menos dos hoteles de Los Cabos, y así comenzarla las movilizaciones sociales que afectarán única y exclusivamente al destino turístico.
Como seguramente saben, el conflicto del transporte de pasaje habría llegado a su fin en el año 2008, con la inclusión de un sistema de sellos y manuales de operación.
Desafortunadamente, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, rompió el acuerdo de voluntades entre las asociaciones de empresas transportadoras turística y los gremios de taxis en una reunión en la sala de gobernadores, después de estallar colérico porque no se hizo lo que él quería.
Durante los primeros dos años, el gobierno de MORENA, construyó la llamada Mesa Permanente del Transporte de Los Cabos, compuesta por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), el Gobierno del Estado de Baja California Sur y los municipios.
El Consejo de Vigilancia fue constituido por dependencias y entidades, los representantes de las empresas transportadoras turísticas y los gremios de taxis, que trabajo por dos años, en la coordinación y regulación de las políticas, acciones y proyectos relacionados con el transporte turístico.
Sin embargo, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, tiro todo a un bote de basura y quedó invalidado el objetivo de transparentar las actividades de las empresas del transporte turístico.
Además, quedó invalidado el convenio marco de sobre regulación voluntaria que permitía la sobre regulación de supervisión, verificación y auto regulación de dichas empresas, consistente en proporcionar información detallada sobre sus actividades y requisitos cumplidos.
Como consecuencia, la plataforma digital elaborada y financiada por el Gobierno del Estado, ni siquiera entró en operación: http://transparenciatransporte.bcs.gob.mx/
Actualmente, la Ley del Transporte del Gobierno del Estado vigente, establece que el Ayuntamiento de Los Cabos no tiene facultades de regulación del transporte terrestre concesionado, no puede sancionar, solo realizar la supervisión. Es decir, es una atribución del Gobierno del Estado y única y exclusivamente compete al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, regular el servicio concesionado.
De tal modo que el gobernador de Baja California Sur, no puede transferir sus facultades a ninguna entidad o municipio, mediante convenio o cualquier instrumento de colaboración, ya que la Ley del Transporte señala que la Dirección del Transporte del gobierno del estado, es la autoridad responsable, contraviniendo, desde luego, la existencia de la Unidad de Transporte y Movilidad del Estado, encabezada por Martín Guadalupe Salinas Ceseña, y quien depende de la titular de SEPUIMM, Carolina Armenta Cervantes, a pesar de que no tiene base legal, y por tanto, sus facultades y atribuciones son nulas.
Ahora bien, el artículo 8 de la Ley del Transporte actual, establece el Ayuntamiento de Los Cabos, solo tiene facultades de vigilancia y supervisión. Por tal motivo, no puede sancionar, y mucho menos utilizar grúas para arrastre de unidades que infringen la ley.
Este caso, corresponde a la Dirección del Transporte (Jurídicamente no existe en la Ley) regular y sancionar, según Artículo 9 de la Ley del Transporte, al servicio concesionario (taxis y todas las modalidades).
Precisamente, debido a las exigencias y señalamientos de los gremios de taxis, sobre la confusión de facultades y ámbitos, el Ayuntamiento de Los Cabos, tomó la decisión de firmar un convenio de colaboración para comisionar al Gobierno del Estado a los inspectores municipales, con unidades y gasolina.
Así, la SEPUIMM, bajo la responsabilidad de Carolina Armenta Cervantes, tendría el personal suficiente para poder aplicar lo que señala la Ley del Transporte, y así permite a la institución municipal de Los Cabos, cumplir a cabalidad con lo que le corresponde.
Además, debemos recordar que en lo referente a la supervisión, verificación y sanción de las empresas transportadoras turísticas son reguladas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, basado en la Ley Federal del Transporte y la Ley Federal de Movilidad.
Sospechosamente, nadie hace su trabajo y hasta me da la impresión que la ruptura de la Mesa Permanente del Transporte en Los Cabos fue a propósito, por los millonarias ganancias que deja la piratería.
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