La iniciativa de la ley "Carlos Manzo" ya fue presentada y turnada a revisión para su aprobación en Baja California Sur.
La Paz, Baja California Sur.– Este jueves 9 de abril, y en el marco del cumpleaños número 41 del ex presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, los diputados del Congreso del Estado de Baja California Sur recibieron y dieron lectura a una iniciativa que promete encender el debate legislativo y social: la llamada “Ley Carlos Manzo”, una propuesta que busca endurecer drásticamente las penas contra quienes atenten contra autoridades y servidores públicos.
La iniciativa, impulsada por el Movimiento Independiente del Sombrero en Baja California Sur, plantea tipificar como delito grave el homicidio del titular del Poder Ejecutivo Estatal, alcaldes, alcaldesas, diputadas, diputados, así como integrantes de corporaciones de Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia, con castigos que irían de 35 a 60 años de prisión.
Un crimen que marcó un parteaguas.
El asesinato de Carlos Manzo es señalado como el detonante de esta propuesta. Un hecho que, según aseguró el líder del Movimiento Independiente del Sombrero en BCS, Gerardo Zuñiga, no solo arrebató una vida, sino que expuso la vulnerabilidad de quienes ejercen funciones públicas y la fragilidad del sistema ante la violencia.
“Cuando asesinan a una autoridad electa, no solo matan a una persona, también destruyen la representación popular, la confianza ciudadana y la esperanza democrática”, sostuvo el empresario y luchador social.
Uno de los puntos clave de la iniciativa es que estos crímenes dejen de ser tratados como homicidios comunes. La propuesta exige investigaciones inmediatas, uso de recursos especializados y sanciones ejemplares que envíen un mensaje contundente contra la impunidad.
De acuerdo con el documento presentado, se busca incorporar esta figura al Código Penal estatal para blindar a quienes tienen en sus manos la seguridad, la justicia y la gobernabilidad.
Gerardo Zuñiga, declaró que Carlos Manzo había advertido sobre amenazas en su contra, solicitó protección y alzó la voz en múltiples ocasiones, sin obtener respuesta efectiva. “Fue abandonado por un sistema que debía garantizar su seguridad”, acusó.
Asimismo, recordaron otros casos como el de Bernardo Soriano Castro, subrayando que ninguna muerte debe quedar en el olvido ni sin consecuencias.
Aunque en Baja California Sur no se ha registrado un caso similar en el contexto actual, los promoventes advierten que no esperarán a que ocurra una tragedia de ese nivel para actuar.
“La muerte de Carlos Manzo debe ser el detonante de un cambio estructural en las leyes del estado”, agregó el representante local del movimiento independiente fundado en Michoacán y encabezado en todo México por la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz de Manzo.
La “Ley Carlos Manzo” no solo busca castigar, sino proteger. Proteger a quienes representan al pueblo y a quienes arriesgan la vida para mantener el orden y la justicia.
Porque, advierten, cuando se atenta contra una autoridad, no solo se agrede a una persona: se ataca directamente a las instituciones, al estado de derecho y a toda la sociedad.
El debate está por comenzar, y podría marcar un antes y un después en la historia legislativa de Baja California Sur.
