A 16 años de la desaparición de Lisset Soto Salinas en La Paz, nuevas líneas de investigación apuntan a ex empleados del C4, personal de Protección Civil y otros servidores públicos involucrados en su caso.
La Paz, Baja California Sur.- La desaparición de Lisset Soto Salinas, ocurrida el 14 de octubre de 2010 en La Paz, podría estar vinculada con una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual infantil, cuyos integrantes habrían tenido conexiones con instituciones de seguridad, Protección Civil y dependencias públicas de Baja California Sur.
A 16 años de que la niña desapareciera cuando regresaba de la escuela, nuevas líneas de investigación han puesto bajo revisión información que, de acuerdo con fuentes relacionadas con las indagatorias, involucraría a ex trabajadores del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), así como a personas vinculadas con otras instituciones.
Los señalamientos, que todavía deben ser corroborados judicialmente, apuntan a una posible estructura que habría utilizado sus conocimientos sobre los sistemas de vigilancia, los movimientos de las corporaciones y los recursos oficiales para facilitar el traslado de víctimas.
Una fuente de la Mesa de Seguridad Estatal sostuvo que en los datos obtenidos durante las investigaciones aparecen referencias a ex empleados del C4, Protección Civil de La Paz, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La información también refiere posibles casas de seguridad en distintas colonias de la capital sudcaliforniana y el presunto uso de una ambulancia de Protección Civil para trasladar a una víctima.
Uno de los nombres centrales en las líneas de investigación es el de Erick Antonio López Arellano, ex empleado del C4 que está recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz desde diciembre de 2013, después de ser detenido por el doble homicidio de su pareja sentimental, Cecilia Paredes Medina, de 34 años, y el hijo de esta, de 13.
Ambos habían sido reportados como desaparecidos el 21 de noviembre de 2012, junto con las dos hijas menores de edad de Cecilia, de ocho y 11 años.
Durante las investigaciones, agentes ministeriales localizaron los cuerpos de la mujer y del adolescente enterrados en el patio trasero de una vivienda del fraccionamiento Villas del Encanto, cubiertos por una losa de concreto. Las dos niñas fueron recuperadas posteriormente.
López Arellano también fue señalado por presuntos delitos sexuales contra las menores, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.
Su detención habría permitido obtener nuevos datos sobre personas que presuntamente mantenían vínculos con una red de explotación de menores. Según las fuentes consultadas, algunas de esas referencias tendrían relación con la desaparición de Lisset.
La información apunta a que el ex empleado del C4 habría tenido la función de contactar inmuebles utilizados presuntamente como casas de seguridad, ubicados en las colonias La Fuente, Los Olivos y Centro, en La Paz.
En las indagatorias también aparecen personas identificadas como Héctor Manuel “N”, Ramón Fernando “N” y Francisco Eduardo “N”, relacionadas, según los datos referidos por la fuente, con propiedades en las que presuntamente se habría resguardado a víctimas.
Entre los señalamientos más delicados figura la posible participación de personas con vínculos laborales o personales con corporaciones de seguridad y dependencias gubernamentales.
De acuerdo con una fuente de investigación, otro ex empleado del C4, identificado como Saúl “N”, habría mantenido contacto con personal de Protección Civil para gestionar el movimiento de una ambulancia que presuntamente habría sido utilizada para trasladar a una víctima.
En ese relato aparecen otros tres individuos, identificados como Enrique “N”, Luis y una persona que habría colaborado como testigo protegido de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Las fuentes sostienen que las declaraciones recabadas durante las indagatorias también habrían permitido identificar referencias a una unidad del INEGI que aparece en grabaciones relacionadas con el caso.
Asimismo, mencionan a un hombre identificado como Guadalupe “N”, descrito como pastor de un templo cristiano situado en la zona de Colina de la Cruz y La Ladrillera, quien presuntamente habría tenido vínculos con la estructura investigada y posibles abusos contra menores.
Una de las principales dificultades, de acuerdo con las fuentes, es la antigüedad de los expedientes y el acceso restringido a parte de la información. Las investigaciones también tendrían que establecer qué ocurrió con las posibles víctimas trasladadas entre distintos puntos y si alguna perdió la vida.
Hasta ahora, no existe información concluyente que permita establecer públicamente si Lisset fue llevada a alguna de las viviendas mencionadas ni cuál habría sido su destino final.
Las nuevas líneas de investigación también fueron referidas por Daniel de la Rosa Anaya, ex procurador general de Justicia de Baja California Sur, quien reconoció que el caso había recibido seguimiento y que la antigüedad de los hechos no impedía continuar con las indagatorias, según una declaración suya en una referencia temporal correspondiente a años anteriores.
De La Rosa Anaya, apuntó a que las autoridades contaban con información adicional, aunque sin hacer públicos los detalles de las diligencias.
Actualmente, el caso se encuentra bajo seguimiento de la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto de la PGJE. De acuerdo con fuentes de la Agencia de Investigación Criminal (AEIC), las indagatorias también contemplan revisar otros expedientes de desapariciones de menores que podrían compartir patrones o tener conexiones con los hechos investigados.
La hipótesis de una red dedicada a la explotación sexual infantil abre una nueva dimensión en el caso, pero las autoridades aún deben establecer qué elementos están relacionados entre sí, quiénes tuvieron participación y si las posibles conexiones corresponden a una misma estructura criminal.
La tarde del 14 de octubre de 2010 quedó marcada para la familia Soto Salinas como el inicio de una búsqueda que continúa sin respuestas.
Lisset tenía nueve años y regresaba de la escuela cuando descendió del transporte público en la zona de Camino Real, en La Paz. Según el relato de su padre, Melchor Soto Torres, la niña pasó frente a una tienda OXXO y llamó a su madre para advertirle que una camioneta la estaba siguiendo.
Después, la comunicación se interrumpió.
Una videograbación de las cámaras de seguridad de la tienda OXXO, muestra a Lisset caminando momentos después de bajar del camión que la dejó a pocas calles de donde vivía, y segundos después, se pierde todo rastro de ella al salir del perímetro de visión del lente del dispositivo de vigilancia.
Melchor Soto, insiste en que su hija fue privada de la libertad en esa zona, y nunca más la volvieron a ver.
El caso trascendió rápidamente en Baja California Sur y llegó a medios nacionales. Durante años, las preguntas fueron las mismas: quién se llevó a Lisset, por qué lo hizo y qué ocurrió después de su desaparición.
Para Melchor, una de las principales fallas fue que las autoridades no investigaron oportunamente otros sucesos que podrían haber presentado similitudes con el de su hija.
El padre considera que revisar esos antecedentes desde el principio pudo haber abierto nuevas posibilidades para identificar a quienes presuntamente se dedicaban a captar o levantar niñas.
Ahora busca reunirse nuevamente con el gobernador Víctor Castro Cosío para conocer los avances de la investigación y obtener respuestas sobre las diligencias que, según sabe, continúan abiertas.
La posible conexión de la desaparición de Lisset con una red de trata de personas plantea interrogantes sobre la actuación de las autoridades durante los primeros años de la investigación y sobre las razones por las que determinadas pistas no habrían sido agotadas oportunamente.
Las fuentes consultadas sostienen que se revisan archivos antiguos y que podrían reabrirse otros casos de menores desaparecidos para determinar si existen coincidencias relevantes.
También señalan que la información disponible podría ayudar a reconstruir movimientos, identificar posibles lugares de resguardo y establecer la participación de personas mencionadas en las diligencias.
Sin embargo, el paso del tiempo representa un obstáculo para localizar evidencia, reconstruir los hechos y determinar el destino de las posibles víctimas.
A 16 años de la desaparición de Lisset Soto Salinas, no existe una respuesta definitiva sobre lo que le ocurrió. Tampoco se ha establecido judicialmente que las personas mencionadas en las líneas de investigación hayan conformado una red criminal relacionada con su caso.
Lo que sí se mantiene, es una familia que sigue esperando, una investigación que busca reconstruir hechos ocurridos en 2010 y una serie de señalamientos que, por su gravedad, exigen esclarecimiento y resultados verificables.
