Las cuarteaduras, grietas y desprendimientos que afectan a los edificios 41 y 42, obligarán a la reubicación de entre 6 y 8 familias que viven en el conjunto habitacional en riesgo de colapsar.
La Paz, Baja California Sur.- Entre seis y ocho familias que todavía habitan los edificios 41 y 42 del complejo habitacional Valle del Mezquite serán reubicadas ante las condiciones de riesgo que presentan ambas estructuras, informó el subsecretario estatal de Protección Civil, Héctor Amparano Herrera.
El funcionario calificó la situación como urgente y confirmó que las autoridades ya trabajan en el desalojo de los residentes para posteriormente avanzar hacia la demolición de los dos edificios, como una medida preventiva para eliminar el riesgo tanto para sus ocupantes como para las personas que se encuentran en los alrededores.
“Es un tema muy urgente que debe ser de urgente resolución porque tiene un enorme riesgo para los vecinos que habitan estas unidades habitacionales Valle del Mezquite”, señaló Amparano Herrera.
Cada uno de los edificios cuenta con 12 departamentos. Sin embargo, varias familias han abandonado las viviendas durante los últimos años debido al deterioro que presentan los inmuebles, particularmente por las cuarteaduras y grietas que han generado preocupación entre los residentes.
Actualmente, entre seis y ocho familias continúan viviendo en ambos edificios, principalmente porque aseguran no contar con los recursos económicos necesarios para afrontar por cuenta propia una mudanza y el pago de una nueva vivienda.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por los habitantes, la problemática comenzó desde 2019, aproximadamente un año después de que los propietarios recibieran sus departamentos.
Desde entonces, los vecinos han reportado la aparición y evolución de grietas, fisuras y desprendimientos en techos, situación que habría sido comunicada en distintas ocasiones ante autoridades de Protección Civil estatal y municipal.
Las evaluaciones técnicas analizadas en mesas de trabajo institucionales apuntan a una problemática relacionada con inestabilidad del terreno, deslizamientos de ladera y condiciones del suelo, además de factores de riesgo asociados con inundaciones en la zona.
Los edificios fueron construidos en 2017 y se encuentran en un sector identificado con diversos factores de riesgo, situación que ha llevado a Protección Civil a plantear una revisión más rigurosa de los Atlas de Riesgo estatales y municipales antes de autorizar nuevos proyectos habitacionales en La Paz.
La semana pasada, las autoridades sostuvieron una reunión con los residentes para informarles que deberán abandonar los edificios y comenzar a definir alternativas de vivienda. “Ya estamos solicitando la urgente reubicación de todas las personas que habitan en estos módulos”, sostuvo el subsecretario.
La expectativa de Protección Civil es que el traslado pueda concretarse entre la próxima semana, aunque hasta ahora las familias todavía desconocen el sitio exacto al que serían trasladadas y las condiciones específicas del apoyo.
La empresa desarrolladora habría ofrecido espacios temporales para alojar a parte de los afectados, mientras que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) analiza las alternativas para establecer una solución habitacional de mayor plazo.
Respecto al financiamiento, Amparano Herrera explicó que la empresa constructora cubrirá una parte de los gastos derivados de la reubicación, mientras que el INFONAVIT deberá determinar el mecanismo para atender el resto.
Entre las alternativas que se encuentran sobre la mesa están la asignación de otra vivienda, la aplicación de seguros u otros mecanismos legales y financieros que permitan resolver la situación de los acreditados.
El conflicto también ha generado incertidumbre entre los propietarios respecto a sus créditos hipotecarios. Algunos colonos han decidido suspender los pagos al INFONAVIT al argumentar que recibieron viviendas que, según su postura, no cumplen con las condiciones de seguridad y habitabilidad que esperaban.
Las familias han planteado que la solución definitiva incluya la cancelación de los pasivos pendientes o la sustitución de sus viviendas por inmuebles seguros y dignos, además de la intervención de las aseguradoras y del Ayuntamiento de La Paz.
Por ahora, la prioridad de Protección Civil es sacar a las familias de los edificios 41 y 42. Una vez concretada la reubicación, las autoridades contemplan la demolición de ambas estructuras para retirar de la zona los inmuebles considerados de riesgo.
El caso mantiene abierta una de las principales inquietudes para los residentes: qué ocurrirá con sus viviendas, sus créditos hipotecarios y las pérdidas económicas acumuladas después de años de vivir con el temor de que las grietas y el deterioro de los edificios puedan convertirse en una tragedia.
