El director del API, Narciso Agúndez Gómez, dijo haber sido víctima de un ataque cibernético. El caso está en el centro de la polémica por los antecedentes penales de su papá, Narciso Agúndez Montaño.
La Paz, Baja California Sur.- Durante la sesión pública del pasado martes 29 de abril, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Arlene Moreno Maciel, leyó una carta enviada el pasado 9 de abril y firmada por el director de la Administración Portuaria Integral (API), Narciso Agúndez Gómez.
El servidor público de la 4T, solicitó una prórroga de 30 días para entregar la información comprobatoria de más de 500 millones gastados por el API en el ejercicio fiscal del 2024.
La justificación, según el escrito, es que el equipo de computo del API, supuestamente sufrió un ataque cibernético a través de un virus malicioso.
Lo anterior, de acuerdo a la versión del hijo del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, afectó “el procesador físico de almacenamiento de datos, así como posiblemente algunos archivos de información”.
“Dicho ataque logró una grave afectación, impidiendo el acceso a ejecutar los sistemas administrativos y operativos de la empresa”, citó en su carta.
El director del API dijo haber buscado asesoría interna y externa de informática, por lo que anticipo que se encontraban trabajando en la recuperación de la información.
Sin embargo, dijo que existe incertidumbre, ya que “pudiera haber perdido parte de ella, debido a la complejidad del virus, con el que se perpetró eswte ciberataque”.
El caso del API se encuentra desde luego en el centro de la polémica, derivado de los antecedentes penales de su padre, Narciso Agúndez Montaño, y de su tío, el ex alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, conocido como “El Rey de los Autorobos“.
En el caso de Tony Agúndez –como es conocido el tío del director del API—su administración se caracterizó por los millonarios autorobos en el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos y la Tesorería Municipal.
De hecho, el actual contralor del API, Gerardo Manríquez Amador, en su calidad de tesorero de José Antonio Manríquez Amador, fue acusado el primero de febrero de 2015, según la Averiguación Previa SJC/84/TYR/2015 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, junto con su directora de Ingresos, Susana Burgoin Amezquita, haber planeado con alevosía y ventaja un autorobo de 3 millones 490 mil 152 pesos en efectivo que habían dejado guardados en la caja fuerte.
El principal testigo del caso identificado como Raúl Orozco Martínez “El Tatú”, y quien era el guardia de seguridad, el día que ocurrió el atraco, expuso textualmente: “Ellos estaban completamente enterados y sabían del robo y todo el tiempo estuvieron de acuerdo, inclusive me contrataron a mi, a través de un amigo mutuo, el cual me dijo que el tesorero, su directora y un regidor se iban aventar el jale y ocupaban de mi ayuda”.
De tal modo que –según el testimonio—la noche del robo, alrededor de las 9 de la noche, llegó hasta el Palacio Municipal el operador de la logística y afinaron detalles:
“Me dijo que iba a fingir una pelea dentro del Bar Ay Ay Ay, porque la idea era atraer la atención de las dos patrullas que vigilan la Zona Centro, los cuales llegarían y detendrían a los rijosos, y saldrían enseguida llevándose a los detenidos a la barandilla, por lo que aproveharían los supuestos ladrones para meterse al Palacio Municipal, por lo que yo debía salir y dejar la puerta abierta y asomarme al lugar del pleito para que ellos aprovecharan y entraran y metieran la barra metálica y el equipo de corte”, declaró el policía.
Cuando el pleito del bar terminó, de acuerdo al testigo, “los supuestos ladrones ya estaban adentro esperándome y nos fuimos directo a las dos cajas fuertes a sacar el dinero y golpeamos las puertas de las chapas que ya estaban abiertas para fingir que las habíamos botado”.
Inclusive –según expuso—“las cajas fuertes estaban abiertas, y solo de una sacamos dineroy algunos papeles que nos pidieron que sustrajeramos, los hechamos a una mochila negra, y cuando terminamos, después me amararon y me dieron una cachetada”.
Los cómplices salieron por la puerta de atrás, o sea por la calle Manuel Doblado, y se fueron, aprovechando que no tenía cadena ni candado, porque ya los esperaba un vehículo afuera.
El policía –de acuerdo a su testimonio que obra en el expediente—dijo que cuando fue contratado llegaron de parte del tesorero y de un regidor.
“Yo les dije que de que se trataba, y cuando supe, les pedí dinero y me mandaron decir que me darían 100 mil pesos en efectivo y una base como trabajador sindicalizado. Y yo acepté porque como policía nunca iba a tener posibilidad de conseguir una base sindical”, expuso.
El policía fue el único detenido del caso, pero su testimonio fue clave para que se librara orden de aprehensión en contra de Gerardo Manríquez Amador y Susana Burgoin Amezquita.
Los otros cinco cómplices del autorobo, y detenidos tras el pleito fingido del bar –según el informe policia, bajo el número de folio 10776717—fueron identificados como:
1.- Aníbal Rodríguez Campos, de 40 años.
2.- Mauricio Osorio González, de 52.
3.- José Martín Amador Osorio, de 29.
4.- Pedro Amador Osorio, de 27.
5.- Miguel Ángel Robles Medina, de 22.
Obviamente, Gerardo Manríquez Amador y Susana Burgoin Amezquita, cuando iban a ser detenidos, huyeron del estado, por lo que fueron declarados prófugos de la justicia.
