La Paz, Baja California Sur.- Un año y cuatro meses después, y  a pesar de que prometiera públicamente que no aumentaría impuestos, el presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, metió reversa tras anunciar oficialmente la “actualización” de la tarifa del agua, bajo el argumento de que tenía que ponerse al corriente con el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Durante la última Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, registrada el pasado 23 de enero, fueron acordados los siguientes aumentos.

1.- Uso domestico base: de 108 a 132 pesos, con un consumo de 0 a 17 metros cúbicos, lo que representa un aumento de 24 pesos.

2.- Usuarios comerciales: de 279 a 339 pesos, lo que significa un incremento de 60 pesos.

3.- Industriales turísticos: de 607 a 738 pesos, lo que deriva en una alza de 131 pesos.

No obstante, el alza a las tarifas del agua ya se veía venir, y tal y como adelantó MetrópoliMx, desde el 28 de octubre de 2018, cuando publicó un reportaje titulado: “Pagará ciudadanía desvíos de Victor Guluarte y Víctor Castro“.

Y es que el verdadero trasfondo del “ajuste”, es en realidad “pagar una deuda con el Gobierno de México”, lo que había provocado que desde hace 15 años el municipio fuera vetado, perdiendo el derecho de acceder a fondos federales. 

A pesar de la versión oficial de la “actualización”, lo que el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Alvarez, no ha dicho públicamente es que el alza implica que los paceños sean quienes terminen de pagar el plato roto de la galopante corrupción en las administraciones de Víctor Manuel Guluarte Castro (q.e.p.d), y la del hoy coordinador de Programas Federales, Víctor Manuel Castro Cosío (2005-2008), responsables directos del veto otorgado por el Gobierno Federal por los malos manejos al interior del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz.

Como en los tiempos del viejo PRI, para los políticos del “cambio verdadero”, parece ser que la única solución para pagar adeudos históricos, es cargarle el costo a los ciudadanos, los cuales se quejan del pésimo servicio que realiza el organismo operador en el suministro del agua, sobre todo con la política de tandeos en todo el municipio, a veces insuficientes o con horarios fuera de sentido común.

 

El veto

Resulta un contrasentido que el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez,  sospechosamente, no detalle que fueron los malos manejos tanto de Víctor Manuel Guluarte Castro (q.e.p.d), como de su ahora compañero de partido, Víctor Manuel Castro Cosío, cuando estuvieron al frente del gobierno municipal entre 2003 al 2008, los culpables de provocar la deuda que ahora el edil quiere pasar a los paceños, todo por malos manejos administrativos e incompetencia.

El propio edil morenista, desde un principio, en declaraciones a los medios, aventó la bolita a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), asegurando que este organismo, es el que estaba solicitando liquidar la deuda, así como iniciar el programa de medición del agua y la actualización de tarifas.

Justificó que mientras en La Paz el metro cúbico de agua tiene un costo para los usuarios de 8.95 pesos, en el resto del país alcanza los 30 pesos, y a nivel internacional ronda por los 75 pesos.

Asimismo, y según datos recabados por MetrópoliMx, existen más de 14 mil servicios que no cuentan con contrato.

Durante una investigación, este medio de comunicación, obtuvo copia del expediente del llamado adeudo histórico, obtenido a través de la Plataforma Nacional del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

En el expediente de más de mil hojas, aparecen documentos de la Auditoría Superior de la Federación y de la Contraloría General del Estado, los cuales exponen los adeudos que dejaron los ex alcaldes Víctor Manuel Guluarte Castro (q.e.p.d) y Víctor Manuel Castro Cosio.

La información obtenida por MetrópoliMx, según la auditoría realizada al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, bajo el número de expediente BCS/PRODDER/09 por la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría General del Estado, transcribe que no fue comprobado debidamente el destino de 24 millones 112 mil 908 con 77 pesos del Programa de Devolución de Derechos (Prodder).

El dinero se había extraviado entre la administración de Víctor Guluarte (q.e.p.d) y Víctor Castro, entonces compañeros de partido en el PRD, y desde ese tiempo, existe una observación del “incumplimiento en las aportaciones comprometidas”, con un monto sin solventar de 3 millones 206 mil 192 con 77 pesos, así como “recursos destinados distintos a los autorizados”, con un monto de 20 millones 906 mil 716 pesos.

En la tabla de valores, de acuerdo a un oficio expedido por la Contraloría General del Estado, señaló que durante el trienio de Víctor Manuel Guluarte Castro (q.e.p.d), hicieron observaciones en la auditoría con un monto a pagar de 23.9 millones de pesos, y durante la administración del hoy coordinador de Programas Federales, Víctor Manuel Castro Cosio, el monto creció otros 18.15 millones más, lo que llevó a un monto global de 42.11 millones de pesos, dinero que ahora están reclamando reembolsar al alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez.

Por lo anterior, y de acuerdo al expediente en poder de este medio de comunicación, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), vetó al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, a petición de la Auditoría Superior de la Federación, por los malos manejos e irregularidades.

Derivado de este castigo, los gobiernos tanto de Víctor Guluarte (q.e.p.d) como de Víctor Castro, dejaron de recibir un monto de 148.9 millones de pesos en esos dos trienios, dinero con el que –de acuerdo al expediente—había sido programado para la adquisición de maquinaria pesada, construcción y ampliaciones de red, adquisición de tanques de almacenamientos, realización de automatizaciones, nuevas fuentes de abastecimiento, entre otras mejoras, las cuales nunca se hicieron, lo que ahora se ve reflejado en el pésimo servicio.

Pero ahora, ante este veto que lleva 15 años, Rubén Muñoz Álvarez, busca lavar la ropa sucia de Víctor Guluarte (q.e.p.d) y Víctor Castro, pagando el adeudo histórico a costilla de los paceños, en lugar de deslindar responsabilidades penales y recuperar el recurso público malversado vía embargo de las propiedades de los políticos.

Así, el alcalde del paceño, había adelantado que para que la Conagua retira el veto, era necesario pagar la deuda y poner medidores alrededor del 60 por ciento de los usuarios, así como actualizar las tarifas, lo que finalmente sucedió.

 

¿Qué es el PRODDER?

Se trata de un programa de la Comisión Nacional del Agua para los organismos operadores municipales de todo el país.

Asigna recursos para acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Para acceder a esos recursos federales, los organismos del agua tienen la obligación de aportar recursos por un monto igual a la aportación federal solicitada.

En el caso de La Paz, los más de 24 millones de pesos de adeudo, es el recurso que se usó para un fin contrario al etiquetado, lo que representa un desvío fuera de la ley.

Pero ahora el alcalde paceño, busca el borrón y cuenta nueva y serán los ciudadanos los que tendrán que pagar los platos rotos de las administraciones de Víctor Manuel Guluarte Castro (q.e.p.d) y Víctor Manuel Castro Cosío.

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