La Paz, Baja California Sur.- Después de un año de que el Comité de Selección designó a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, y tras haber nombrado a Claudia Angulo Castro, como Secretaria Ejecutiva, el único logro que tiene el Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California Sur, hasta este momento, es el arrendamiento de su propio edificio y un presupuesto anual raquítico de dos millones 500 mil pesos tan solo en el ejercicio fiscal de 2019.

Y es que el órgano supuestamente autónomo, simple y llanamente, nació muerto, porque después de un año de entrar en operaciones, no ha hecho absolutamente nada relevante, bajo el argumento de que todavía “está incompleto”, porque falta el nombramiento del Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción, una figura de menor relevancia que la Secretaría Ejecutiva.

Por ahora, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, todavía parece estar lejos, después de que el Comité de Selección, sufriera un duro revés, cuando el Juez Tercero de Distrito de Baja California Sur, concedió un Juicio de Amparo, bajo el número de expediente 82/2019 a favor del profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Francisco Javier Lozoya del Pino por una serie de irregularidades en el nombramiento de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Bajo la sospecha de que los miembros habían sido nombrados a propuesta del gobernador, el juzgador solicitó al Comité de Selección la información del proceso de evaluación y su respectivo nombramiento, por existir un supuesto “conflicto de interés”.

El caso desde luego apunto hacia Cristina Carmen Ortuño Villaseñor, porque violentando el Artículo 16 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, respecto de que los integrantes del órgano colegiado, no pueden ocupar durante el tiempo que dura su gestión un empleo, cargo u comisión, en el gobierno municipal, estatal o federal, despachaba como presidenta del Comité de Participación Ciudadana, y a su vez, como consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur.

En medio de este proceso que todavía es ventilado en el tribunal, Cristina Ortuño, terminó su periodo de un año como miembro del Comité de Participación Ciudadana, por lo que el Comité de Selección, lanzó una convocatoria para elegir a su relevo, cuyo proceso se viene llevando a cabo evidentemente en “lo obscurito”, porque a pesar de que el grupo colegiado ya realizó las respectivas entrevistas a los candidatos, según datos recabados por MetrópoliMx, todavía no se sabe el nombre de la terna finalista que debió salir a petición de organizaciones públicas, privadas, sociales, académicas, empresariales, sindicales, profesionales y demás organizaciones.

El punto más importante –según las bases de la convocatoria—es que el nuevo integrante debe de tener título profesional y experiencia verificable de cuando menos 5 años en materia de transparencia, participación ciudadana, evaluación, fiscalización, docencia, investigación, rendición de cuentas o combate a la corrupción.

 

La mano que mece el SEA

Desde su creación, la mano del gobernador siempre ha estado metida en el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur.

En la pasada XIV Legislatura, y teniendo todo el congreso a su favor, según el Decreto 2427, el 28 de febrero de 2017 fue promovida una reforma en la Constitución Política del Estado para el establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción y su implementación en el contexto y bajo los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.

El Artículo 5 fue reformado, quedando de la siguiente manera:

El titular de la Fiscalía Especializada en materia del Combate a la Corrupción será propuesto por elGobernador del Estado, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de entrar en vigor las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la que regule la Fiscalía Especializada en materia del Combate a la Corrupción”.

Dos años, es decir, el 10 de octubre de 2019, después de entrar en funciones la XV Legislatura, la mayoría morenista volvió a reformar la Constitución, y –según el Artículo 85—el Fiscal Anticorrupción, ahora deberá surgir de una terna propuesta por los integrantes del Comité de Selección, formado por los siguientes:

1.- Un representante del Poder Judicial del Estado;

2.- El Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción;

3.- Un representante de la Universidad Autónoma de Baja California Sur;

4.- Un representante de la Asociación o Colegio de Abogados con mayor número de miembros en el Estado; y

5.- Un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La terna que sea presentada deberá ser presentada en la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, siendo citada a comparecer en audiencia pública ante el Pleno y quien emitirá su voto por la propuesta más viable.

Desde luego, y según la conformación del Comité de Selección, es más que evidente que el gobernador lleva mano en la organo colegiado.

 

El SEA

Actualmente, y bajo el protexto de que el Sistema Estatal Anticorrupción, todavía no está completo, después de un año, no se ha generado ni siquiera la política anticorrupción.

En el propio sitio oficial del SEA, en la Sección de Documentos, el espacio de “Reglas de Operación”, aparece vació, lo mismo que “Documentos en Auscultación”, lo que refleja el nulo trabajo del organismo autónomo  y quien parece ser una figura meramente decorativa.

Lo único que aparece en la plataforma, la cual dicho sea de paso, no tiene siquiera certificado de seguridad, por lo que cualquier haker, puede ingresar y robarse la página oficial, solo aparecen los 11 expedientes de los primeros candidatos que se registraron para formar parte del Comité de Participación Ciudadana.

Y mientras todo eso sucede en el Sistema Estatal Anticorrupción, según el propio Programa Estatal de Combate a la Corrupción del gobernador Carlos Mendoza Davis, con base en el Plan de Desarrollo Estatal del 2015 al 2021, diez mil de cada 100 mil habitantes del estado, experimentaron un acto de corrupción, colocando al estado en la posición número 19.

Asimismo, la tasa de tasa de incidente de corrupción es de 31 mil 604 por cada 100 mil habitantes, lo que quiere decir, que 3 de cada 10 habitantes tuvieron algo que ver en algún acto de corrupción.

En tanto, la tasa de prevalencia de corrupción, es de 11 mil 210 por cada 100 mil habitantes, lo que significa que 1 de cada 10 habitantes, todavía promueve la corrupción.

Finalmente, en el tema político, la crisis de representación es terrible para todos los ordenes de gobierno, por los siguientes números.

1.- El 91% de la población no confía en los partidos políticos. 

2.- El 83% de la población no tiene confianza en sus legisladores.

3.- El 80% de la población no confía en instituciones del sistema judicial.

 

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