La Paz, Baja California Sur.– Las empleadas del XVII Ayuntamiento de La Paz, Dulce María Hirales Contreras y Concepción del Carmen Lucero Olachea, según la Carpeta de Investigación LPZ/6251/2022/NUC, fueron descubiertas cobrando indebidamente como aviadoras en el Programa Extensión de la Educación Inicial en Baja California Sur.
Por lo anterior son investigadas por el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, acusadas de los delitos de administración fraudulenta, simulación en el ejercicio público y peculado, tipificados como delitos graves, por lo que de ser encontradas culpables, no podrán tener derecho a la libertad bajo fianza.
Las dos trabajadoras, según la investigación, habían laborado hasta el mes de octubre de 2021 en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) «Tierra y Libertad«.
Tras renunciar al CENDI e integrarse como empleadas del XVII Ayuntamiento de La Paz, ambas continuaron cobrando su sueldo, simulando que estaban trabajando, cuando en realidad, ya no laboraban en el centro de trabajo.
Dulce María Hirales Contreras, de acuerdo a los documentos probatorios, se apropio indebidamente de recursos públicos por el orden de 141 mil 799 pesos con 98 centavos, tan solo de noviembre de 2021 a abril de 2022, pertenecientes al Programa Expansión de la Educación Inicial.
Concepción del Carmen Lucero Olachea, según las pruebas, se apropio indebidamente de recursos públicos por el orden de 40 mil 599 pesos con 96 centavos, de noviembre de 2021 a abril de 2022, pertenecientes al Programa Expansión de la Educación Inicial.
Los pagos emitidos a la cuenta bancaria de ambas aviadoras por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fueron autorizados por la directora general del CENDI, Arlen Moreno Maciel, y la administradora general del CENDI, Adriana Aguilar Valdez, acusadas de administración fraudulenta y peculado, delitos tipificados como graves, y los cuales se persiguen de oficio.
Los propietarios de la Coordinadora Popular «Tierra y Libertad», A.C., administradora del CENDI, Néstor Alejandro Araiza Castellón y María Mercedes Maciel Ortiz, también están implicados en estos delitos por haberse coludido con los directivos del CENDI para apropiarse indebidamente del dinero del Programa Expansión de la Educación Inicial, a través de aviadores.
