Detrás de los casos de Melany Valentina y Leamsy Krystel aparecen denuncias de violencia familiar y una respuesta institucional que hasta ahora ha dejado más dudas que certezas en Los Cabos.
Los Cabos, Baja California Sur.- Las dos adolescentes que durante los últimos dos días movilizaron a sus familias, ciudadanos y a las autoridades en Cabo San Lucas ya fueron localizadas. Pero el final de la búsqueda no cerró el caso: abrió nuevas preguntas.
Melany Valentina Castillo Bañaga, de 13 años, y Leamsy Krystel Genchis Gutiérrez, de 15 años, reaparecieron después de que sus familias recurrieran incluso al bloqueo de la carretera transpeninsular para exigir que fueran encontradas.
Ahora ambas están localizadas.
Pero mientras una regresó con su familia sin que las autoridades hayan informado públicamente las circunstancias de su localización, la otra decidió hablar.
Y lo que dijo durante una grabación en vídeo expuso una problemática mucho más incómoda que un simple reporte de desaparición.
Melany Valentina desapareció el 31 de agosto, después de ser vista por última vez alrededor de las 6 de la tarde en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica 16.
Su madre, Antonia de Jésus Bañaga, reunió a su familia y amistades cercanas para comenzar a buscarla y a difundir su fotografía, mientras crecía la preocupación por su integridad. La incertidumbre llegó al punto de convertirse en protesta pública.
La mañana del 2 de septiembre, alrededor de 20 personas bloquearon las inmediaciones del puente La Sanluqueña para exigirle a las autoridades la localización de Melany y Leamsy.
Los protestantes incluso estacionaron dos pipas en medio del tramo carretero para impedir la circulación de decenas de vehículos que transitaban por una de las principales vialidades de Los Cabos.
Horas después de la manifestación, la Procuraduría General de Justicia del Estado lanzó un comunicado confirmando que la menor fue localizada con bien y que había regresado con su familia.
El problema es que, hasta ahora, no existe una explicación pública detallada sobre dónde fue encontrada, quién la localizó, en qué condiciones se encontraba o qué ocurrió durante las horas en las que sus familiares desconocieron su paradero.
Se sabe que está de regreso con los suyos y que, aparentemente, se encuentra bien.
Pero la ausencia de información oficial deja un vacío que termina siendo ocupado por versiones, especulaciones y rumores.
En casos que involucran a menores de edad, la protección de su identidad y privacidad es indispensable. Pero eso no significa que la sociedad deba quedar completamente a oscuras sobre la actuación institucional, particularmente cuando una desaparición provoca movilizaciones, bloqueos y afectaciones a terceros.
El caso de Leamsy Krystel tuvo un desenlace diferente.
La noche del 2 de septiembre, la adolescente publicó un video desde sus propias redes sociales para informar que estaba bien y explicar por qué había abandonado Cabo San Lucas.
De acuerdo con su propio testimonio, se fue voluntariamente y decidió trasladarse a La Paz. La razón que expuso resulta todavía más delicada. La menor afirmó que dentro de su hogar habría sufrido golpes, insultos y una presunta situación de violencia familiar.
También aseguró que había solicitado apoyo de las autoridades, pero que, según su versión, no recibió la respuesta que esperaba ante su negativa de regresar al domicilio de su madre.
Finalmente tomó la decisión de marcharse.
La adolescente pidió que dejaran de buscarla como si continuara desaparecida y aseguró encontrarse bien.
Sus declaraciones son graves y deberán ser analizadas por las autoridades competentes. No pueden tomarse como una prueba definitiva de los hechos denunciados, pero tampoco deberían ser ignoradas.
Cuando una menor de 15 años afirma públicamente que abandonó su casa para escapar de presuntos golpes e insultos, la pregunta deja de ser únicamente donde estaba.
El desenlace de ambas historias llegó apenas después de una jornada que paralizó buena parte de Cabo San Lucas. La protesta buscaba presionar a las autoridades para acelerar las investigaciones, pero la desesperación de muchas familias terminó convirtiéndose en el problema de miles.
Congestionamientos, retrasos y largas filas se fueron originando en pocos minutos en los 4 carriles de la entrada al destino turístico. Muchos trabajadores que intentaban entrar o salir de sus centros laborales quedaron atrapados.
Algunos conductores y choferes de transporte de carga tuvieron que modificar sus recorridos. Y, de acuerdo con los señalamientos surgidos durante la protesta, hasta los servicios de emergencia enfrentaron demoras para avanzar por la zona.
El reclamo de las familias era legítimo y hasta en buena medida justificable, el de encontrar a sus hijas. Pero la forma de ejercerlo terminó generando una reacción contraria entre sectores de la población, que cuestionaron que un conflicto de esta naturaleza terminara afectando a miles de personas que nada tenían que ver con los hechos.
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Después de todo ese caos, los dos casos ya no están activos como desapariciones. Pero el problema que dejaron expuesto permanece. Detrás de los reportes de adolescentes no localizadas puede haber situaciones familiares complejas, violencia, conflictos domésticos, decisiones de fuga, problemas de comunicación o situaciones que requieren intervención especializada.
Y ahí es donde las instituciones tienen que responder. No basta con buscar a una menor después de que desaparece, también se requiere saber qué ocurre antes de que decida irse.
El caso de Melany dejó preguntas sobre la información oficial en torno a su localización.
El de Leamsy puso sobre la mesa una denuncia pública de presunta violencia familiar y una posible falta de respuesta institucional.
Ahora corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió en cada caso, atender cualquier posible situación de violencia y revisar si los protocolos utilizados fueron suficientes.
