La SEMAR permitió el acceso a la PGJE tras revelarse que el GPS del teléfono del regidor Celestino Atienzo marcaba dentro del Batallón de Infantería, asegurando que "no había nada".
Los Cabos, Baja California Sur.- En medio de la tormenta política y de seguridad que sacude al municipio de Los Cabos tras el violento asalto a mano armada que sufrió el octavo regidor, Celestino Atienzo, la Secretaría de Marina (SEMAR) rompió el silencio.
A través del Sector Naval de Cabo San Lucas, la Armada de México confirmó que se coordinó con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para inspeccionar sus propias instalaciones, luego de que el GPS de uno de los teléfonos sustraídos señalara como última ubicación un recinto castrense.
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Sin embargo, tras la revisión realizada por las autoridades ministeriales en el área señalada, la dependencia militar informó que el equipo celular no fue localizado. El escándalo estalló luego de que Celestino Atienzo denunciara públicamente haber sido víctima de un atraco el pasado viernes 9 de octubre en la zona conocida como Toro Muerto, en San José del Cabo.
De acuerdo con las declaraciones del regidor, dos sujetos fuertemente armados y encapuchados irrumpieron en una propiedad donde él se encontraba junto a seis personas más, entre ellas un ciudadano extranjero recién llegado al destino turístico. Bajo amenazas de muerte y encañonándolos en todo momento, los delincuentes los despojaron de:
–7 teléfonos celulares.
–Un vehículo particular.
–Tokens bancarios y dinero en efectivo (incluyendo 100 mil pesos presuntamente destinados a compromisos laborales).
Lo que levantó sospechas fue el rastreo satelital. Uno de los teléfonos inteligentes robados emitió su última señal dentro del perímetro del Batallón de Infantería de Marina Número 46 (BIM-46), una instalación que comparte espacio con elementos de la Guardia Nacional (GN).
“La ubicación de los celulares es sumamente exacta; es imposible que se equivoquen“, sentenció en su momento el regidor Atienzo, exigiendo una investigación a fondo para esclarecer si personal militar tuvo participación directa o indirecta en los hechos.
Ante la presión mediática y la gravedad de las acusaciones, el Mando Naval emitió un comunicado oficial en el que sostiene que facilitó el ingreso a los agentes investigadores de la Fiscalía Estatal para realizar las diligencias correspondientes.
“Durante la inspección y revisión del área señalada, cabe destacar que no fue localizado el equipo celular referido“, precisó la institución armada.
De igual manera, la SEMAR reiteró su total disposición para continuar colaborando en el ámbito de sus atribuciones con las autoridades ministeriales. La dependencia remató asegurando que se rige bajo estrictos valores y principios apegados a la legalidad:
“No se tolera ninguna conducta que vaya en contra del Honor y el Deber que caracterizan al personal naval… Cualquier señalamiento será atendido con responsabilidad y respeto al debido proceso, a fin de que sean las autoridades competentes quienes determinen lo conducente“.
Por lo pronto, el caso engrosó la carpeta de investigación bajo el expediente SJC/3246/2026, mientras los agraviados demandan respuestas claras en relación al asalto con violencia del que fueron víctimas.
