Al menos 24 familias viven bajo el temor de que los edificios que compraron como patrimonio puedan colapsar, ya que desde hace cinco años denunciaron grietas, filtraciones y presuntos vicios ocultos en el fraccionamiento Valle del Mezquite.
La Paz, Baja California Sur.- Durante cinco años han observado cómo las paredes de sus departamentos se abren poco a poco.
Primero fueron las grietas verticales. Después aparecieron las horizontales. Ahora, algunas son diagonales.
Las uniones entre las estructuras comenzaron a separarse; las paredes muestran desprendimientos y, en temporada de lluvias, el agua se filtra hasta los departamentos. En algunos puntos, el piso también presenta cuarteaduras.
Para las familias que habitan los edificios ubicados sobre Viento Matinal y Viento de Verano, en el fraccionamiento Valle del Mezquite, aquello dejó de ser un problema estético.
Es el miedo de vivir dentro de un edificio que, aseguran, cada vez muestra más señales de deterioro. Son al menos 24 familias las que piden ser reubicadas porque temen que sus departamentos puedan colapsar.
Y el temor no es únicamente una percepción de los habitantes.
El propio subsecretario de Protección Civil de Baja California Sur, Héctor Amparano Herrera, reconoció que existe un riesgo latente y que las edificaciones presentan daños asociados a problemas que se arrastran desde años atrás.
“Claro que siempre hay un riesgo latente”, señaló el funcionario, al referirse a las manifestaciones y denuncias de los vecinos.
Amparano agregó que las construcciones presentan “muchos vicios ocultos” que con el tiempo se reflejan en las edificaciones y sostuvo que, en ese caso, la responsabilidad corresponde al constructor.
El reconocimiento oficial coloca el caso en una dimensión distinta: ya no se trata solamente de vecinos inconformes con la vivienda que compraron, sino de familias que llevan años esperando una respuesta mientras las estructuras continúan deteriorándose.
Los departamentos fueron vendidos aproximadamente en 385 mil pesos.
El modelo habitacional denominado “Departamento Álamo” ofrecía dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño, patio y área de servicio, distribuidos en aproximadamente 45.18 metros cuadrados.
Pero los vecinos sostienen que lo que recibieron no corresponde con las características que les fueron ofrecidas.
Entre las especificaciones que señalan se encontraba la utilización de muros de concreto con resistencia f’c=200 kg/cm², de 10 centímetros de espesor, reforzados con varilla número 3 en sentido horizontal y vertical.
Sin embargo, los habitantes aseguran que en sus departamentos fueron colocados paneles simples estructurales, compuestos por una lámina de poliestireno expandido y una posible malla de acero.
Uno de los residentes incluso relata que encontró un muro construido con material de apariencia similar al unicel y posteriormente cubierto con yeso.
La acusación vecinal es que les vendieron una vivienda bajo determinadas especificaciones y terminaron recibiendo otra cosa.
No obstante, determinar si existió incumplimiento contractual, deficiencia constructiva o alguna otra irregularidad requiere una revisión técnica y documental de los proyectos, permisos, memorias de cálculo, materiales utilizados y contratos de compraventa.
Existe otro elemento que preocupa a los habitantes.
De acuerdo con testimonios de los colonos, antes de que se levantaran las viviendas, el sitio funcionaba como paso natural de escurrimientos provenientes de los cerros.
Durante las lluvias, aseguran, el agua se acumulaba en el terreno hasta formar lagunas.
Los vecinos sostienen que el suelo pudo haber sido insuficientemente compactado antes de la construcción.
El riesgo geográfico tampoco es un señalamiento menor. De acuerdo con el Atlas de Riesgos del municipio de La Paz, Valle del Mezquite se encuentra en una zona considerada de alto riesgo, con peligros asociados a caída de roca y derrumbes debido a la presencia del cerro localizado al fondo del asentamiento.
El documento identifica potencial afectación para 197 viviendas y alrededor de 667 personas. Así, la discusión ya no solamente gira alrededor de las grietas que aparecen en los departamentos.
Los daños, dicen los residentes, se hacen más evidentes durante las temporadas de lluvias y huracanes. Las filtraciones provocan goteras incluso en departamentos ubicados en los primeros niveles.
Los pasillos que conectan las viviendas con las escaleras también presentan afectaciones.
Y cada fenómeno meteorológico genera una nueva preocupación. “Cada sismo y cada huracán” es, para ellos, una especie de prueba de resistencia que sus edificios enfrentan con nuevas fracturas.
Los vecinos temen particularmente la llegada de un ciclón tropical. No solamente por el viento. También por el agua que puede escurrir desde los cerros y por la posibilidad de que el terreno vuelva a saturarse.
Los problemas no terminan en la estructura. Los residentes también han reportado deficiencias en el suministro de agua potable y problemas con la instalación eléctrica.
Una semana antes de que se realizara el recorrido con residentes, los núcleos de carga eléctrica del conjunto se quemaron.
Los habitantes tuvieron que aportar dinero de sus propios bolsillos para resolver la emergencia. Para ellos, aquello representa otra señal de que las viviendas fueron entregadas con instalaciones que no necesariamente responden a las necesidades actuales del conjunto.
Detrás del desarrollo aparece Grupo Fonsier, S.A. de C.V., sociedad constituida el 27 de agosto de 2003 por un periodo de 99 años y con domicilio en San José del Cabo.
En su constitución participaron como accionistas Ana Isabel Fonseca Verduga, con 45 por ciento de las acciones; Maritza Guadalupe Espinosa Serrano, con 25 por ciento; y Gustavo Rodríguez Valdés y Juan Gabriel Ibarra Cárdenas, con 15 por ciento cada uno.
Posteriormente, de acuerdo con la documentación referida por los habitantes, una asamblea celebrada el 11 de noviembre de 2021 estableció como accionistas a Jesús Enrique Velarde Nieto y Luisa Yaneth Ramírez Villa.
Como delegado especial aparece Eduardo García Hernández, quien, según los vecinos, habría asumido el compromiso de atender la problemática frente a los residentes.
Pero las respuestas se fueron apagando.
Los habitantes aseguran que después de múltiples llamadas y mensajes, la desarrolladora dejó de responder. Y entonces comenzó otro problema: la búsqueda de quién obligaría a la empresa a responder.
Los habitantes han acudido a distintas instancias buscando una salida. Han tenido acercamientos con Protección Civil estatal y municipal, INFONAVIT y la propia desarrolladora. Hasta ahora, sostienen, ninguna de las alternativas planteadas ha resuelto su incertidumbre.
Protección Civil Estatal confirmó que ya hubo una reunión de trabajo y que INFONAVIT presentó diversos planteamientos para buscar alternativas. “Es un tema que viene de muchos años atrás”, reconoció Héctor Amparano, quien señaló que en su momento fueron autorizadas las construcciones que actualmente presentan daños.
Los vecinos aseguran que cuando solicitaron apoyo para ser reubicados se encontraron con un laberinto burocrático. La respuesta, según relatan, fue que tendrían que cumplir numerosos pasos antes de que pudiera concretarse una reubicación.
Cada lluvia, cada huracán y cada movimiento telúrico vuelve a ponerlos bajo alerta, debido a que las fracturas continúan allí. La paradoja es evidente: compraron una vivienda para construir patrimonio y terminaron pagando por vivir con miedo.
Ahora piden que las autoridades dejen de trasladar el problema de una oficina a otra y determinen quién debe responder. Los habitantes no están pidiendo que les regalen otra vivienda, están exigiendo una solución frente a un problema que, aseguran, comenzó desde la construcción del conjunto.
La historia de Valle del Mezquite plantea una investigación que las autoridades no pueden resolver únicamente con reuniones. Hay que revisar documentos, contratos, planos, permisos, dictámenes, materiales, estudios de suelo, supervisión y responsabilidades. Y sobre todo, la seguridad de las familias que allí habitan.
Si los edificios son seguros, los vecinos merecen un dictamen que se los demuestre. Y si no lo son, la reubicación no puede convertirse en una carrera burocrática contra el tiempo.
