Un derrame de residuos peligrosos contaminó hasta 6 kilómetros en La Paz y alcanzó el océano, mientras los habitantes denuncian quema de desechos, nubes tóxicas sobre viviendas y posibles omisiones de contención.
Las Pocitas, Baja California Sur.- La contaminación en Las Pocitas escaló a emergencia ambiental. Un derrame de residuos peligrosos cubrió entre 4 y 6 kilómetros y, tras las lluvias, alcanzó el Océano Pacífico.
El rastro es visible: tierra ennegrecida, tambos abandonados, residuos hospitalarios y escurrimientos que avanzaron por arroyos naturales. La contaminación corrió más rápido que la respuesta institucional. Los habitantes lo describen como uno de los daños más graves ocurridos en los últimos años en la zona.
De acuerdo con especialistas consultados por Metrópoli MX, la mezcla de hidrocarburos y residuos hospitalarios puede generar efectos persistentes en suelo y agua, cuya remediación podría tardar años si no se contiene de inmediato.
El director local de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Julio César Villarreal, confirmó la instalación de mesas de trabajo con la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y otras autoridades ambientales, además del resguardo del Ejército Mexicano en el área afectada.
Inspectores de la PROFEPA señalaron que todo daño ambiental debe ser reparado de inmediato, por lo que se abrió un procedimiento y se mantiene la coordinación interinstitucional. La Subsecretaría de Protección Civil Estatal, confirmó la contingencia, y aseguró que ya se iniciaron acciones para atender la situación.
Desde los primeros días de septiembre, los habitantes denunciaron un tiradero clandestino de materiales peligrosos en el kilómetro 119, donde se vertieron residuos hospitalarios, medicamentos caducos, aceites de hidrocarburos, baterías y desechos petrolíferos.
Una primera inspección permitió estimar una afectación de hasta 6 kilómetros –equivalentes a decenas de canchas de fútbol-, aunque los pobladores sostienen que la mancha podría alcanzar cerca de 8 kilómetros, impactando huertas, suelos de cultivos y terrenos de pastoreo.
De acuerdo con registros de la inspección realizadas por las autoridades ambientales, en el sitio se documentó la presencia de residuos peligrosos y afectación directa al suelo, lo que dio origen al procedimiento federal en curso.
Las lluvias arrastraron contaminantes a través de arroyos naturales hasta el océano. El impacto alcanzó predios como el de Martina Lucero Álvarez, de aproximadamente 95 hectáreas, además de tierras que comparten al menos 15 familias.
“El agua que antes sostenía la huerta y el ganado hoy corre contaminada”, denunció Martina. El 9 de septiembre, los pobladores reportaron que los desechos estaban siendo incinerados a cielo abierto a la altura del kilómetro 120.
De acuerdo con las denuncias documentadas, los residuos habrían sido incendiados en el sitio, generando nubes tóxicas que alcanzaron viviendas cercanas. Las imágenes de evidencia muestran bidones oxidados, costales con baterías, focos fluorescentes, medicamentos y químicos.
La incineración libera contaminantes al aire, agrava el daño y puede impedir peritajes clave para fincar responsabilidades. “Están quemando la evidencia”, denunciaron. La afectación ya golpea la vida cotidiana. Martina, propietaria del predio, suspendió la producción agrícola: “Ya no puedo sembrar porque mi tierra está llena de aceite sucio. Quisiera de todo corazón que la limpien rápidamente”.
También enfrenta incertidumbre para alimentar a más de 50 cabezas de ganado, en una zona donde la contaminación avanza con cada lluvia. El delegado municipal de Los Dolores, Miguel Murillo, confirmó que se levantó una ficha técnica y se notificó a las autoridades competentes, pero advirtió la urgencia de actuar:
“Debe determinarse el impacto al medio ambiente y prevenir a la Marina, porque si no se atiende a tiempo puede agravarse”. El Código Penal Federal establece sanciones de 1 a 9 años de prisión y multas económicas para quienes manejen o dispongan residuos peligrosos sin medidas de seguridad.
Empresas de manejo de residuos peligrosos –entre ellas Petroquímicos ASPEN y Diseltec, S.A de C.V– operaban previamente en La Paz. El 7 de agosto de 2025, la PROFEPA clausuró un centro de acopio por irregularidades en el manejo de materiales y la falta de documentación sobre su destino final.
Casi tres semanas después, comenzaron los reportes del tiradero. Este medio solicitó postura a las autoridades y empresas mencionadas, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. El impacto incluye pérdida de cultivos, suelos contaminados, daño a la fauna y riesgos para el ganado y la salud humana.
De acuerdo con los habitantes de la zona, tras la quema de residuos y las lluvias, se han percibido olores intensos y la presencia de humo en las áreas cercanas a las viviendas, lo que ha generado preocupación por las posibles afectaciones a la salud, aunque hasta ahora no se ha informado de una evaluación sanitaria oficial.
La comunidad advierte que la recuperación podría tardar años, mientras la contaminación amenaza con extenderse a los cuerpos de agua cercanos. En Las Pocitas, la huella del derrame no solo quedó en la tierra, se extendió por kilómetros, bajó por los arroyos, llegó al mar, y ahora arde en llamas. La emergencia ya está en curso, la pregunta no es qué pasó, sino si habrá responsables antes de que la evidencia desaparezca entre el humo.
