Activistas acusan “traje legislativo a la medida” para abrir la puerta a negocios en la zona núcleo de la Sierra de La Laguna en Baja California Sur.
La Paz, Baja California Sur.- El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (FRECIUDAV), lanzó una alerta roja tras la aprobación, el pasado 18 de febrero en la Cámara de Diputados, de una reforma al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
La modificación elimina la especificidad de proteger únicamente “especies endémicas y nativas”, abriendo la puerta –según denuncian– a la introducción de especies ajenas bajo el argumento de “recuperación”.
Para el asesor jurídico del Frente, Arturo Rubio Ruiz, y la activista Ramona Avilés Gómez, no es una coincidencia. “Parece hecha a la medida”, sostienen, en referencia al proyecto “El Santuario del Tío Checo”, promovido por la asociación Hermandad en Armonía, A.C., que busca intervenir más de 3 mil hectáreas dentro de la reserva.
En la rueda de prensa realizada este 20 de febrero afuera de las instalaciones de la SEMARNAT en la ciudad de La Paz, los ambientalistas desmenuzaron lo que consideran una maniobra legal: el proyecto declara apenas 90 metros cuadrados de construcción dentro de un predio de 900 mil metros cuadrados (90 hectáreas). A simple vista, el impacto parece mínimo. Pero no lo es.
Al presentar una obra reducida, los desarrolladores pueden tramitar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Particular, un procedimiento más ágil. Si declararan el impacto total del polígono, estarían obligados a una MIA Regional, mucho más estricta y exhaustiva.
El temor del Frente es obtener la autorización mínima para luego expandirse gradualmente, urbanizando sin los controles que exige una evaluación integral.
La reforma a la LGEEPA elimina la protección específica a especies nativas, lo que podría facilitar la introducción de fauna como borrego cimarrón o venado cola blanca en zonas sin protocolos de hábitat. Bajo el discurso de conservación, advierten, podrían abrirse negocios de cacería cinegética en plena zona núcleo.
La Sierra funciona como una esponja. Su vegetación permite que la lluvia se filtre hacia los mantos acuíferos. Desmontar hasta el 50% del polígono –como advierten los ambientalistas– alteraría esa capacidad natural. Menos filtración significa menos recarga. Y menos recarga implica mayor riesgo de desabasto en las ciudades del sur del estado.
“Con el agua no se juega”, sentenció Rubio Ruiz. “No permitiremos que se convierta en un desarrollo turístico de lujo”. El Frente también cuestionó la omisión de términos clave en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): Sitio Ramsar, zona de recarga de acuíferos, cauce de arroyo.
Para los activistas, ocultar esos conceptos vulnera el derecho a la información y facilita que inmobiliarias avancen en zonas de alto riesgo ecológico. La presencia reciente de topógrafos y sobrevuelos de helicópteros en la zona de San Miguelito ha encendido nuevas alarmas. Si se confirma desmonte sin autorización, advierten, presentarán denuncias penales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
El Frente hizo un llamado directo a los senadores Susana Zatarain, Lucía Trasviña y Homero Davis, así como a los diputados federales Manuel Cota, Francisco Pelayo y Luis Armando Díaz, para que revisen su postura frente a la reforma.
La crítica es frontal: al votar a favor de una modificación que relaja protecciones específicas, violentaron el principio precautorio, estándar internacional que exige frenar actividades cuando exista riesgo de daño irreversible, incluso sin certeza científica absoluta.
También exigieron a la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, al alcalde de Los Cabos Christian Agúndez y al gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, considerar la expropiación de terrenos en conflicto para garantizar que la sierra permanezca como bien común.
Baja California Sur ya enfrentó -y frenó- proyectos de mega minería tóxica. Esa memoria es el combustible de la movilización actual. El Frente anuncia tres frentes de batalla: el jurídico (amparos y recursos), la movilización digital para despertar conciencia y, si es necesario, la movilización social en territorio.
“Esta tierra y esta agua debemos preservarlas para nuestros nietos; es una guerra vital que ya hemos ganado antes y volveremos a ganar”, concluyeron.
La Sierra de la Laguna no es un decorado verde en el horizonte. Es una fábrica silenciosa de agua en un estado sediento. Permitir un precedente de desarrollo privado en su zona núcleo no es solo una discusión ambiental: es ponerle precio a la seguridad hídrica de todos los sudcalifornianos.
Y en esa ecuación, advierten los ciudadanos, el costo podría ser irreversible.
