Habitantes de la colonia 8 de Octubre denuncian cobros ilegales, amenazas y golpizas; exigen la intervención urgente de la SEDATU ante lo que califican como un “negocio sucio” con la necesidad de vivienda.
El Pescadero, Baja California Sur.- La desesperación estalló. Entre la precariedad y el abandono, familias enteras de la colonia 8 de Octubre (Lagunitas) levantaron la voz contra lo que describen como una red de extorsión y corrupción que opera impunemente sobre tierras destinadas a vivienda.
De acuerdo con los denunciantes, un grupo de supuestos abogados y particulares ha convertido la necesidad en negocio: cobran cuotas ilegales de entre 500 y hasta 2,000 pesos a trabajadores del campo que apenas sobreviven con ingresos de 200 pesos diarios. El gancho sería el siguiente: promesas falsas de acceso a agua, electricidad y regularización de terrenos que nunca llegan.
Guadalupe Antonio Castro Crespo, coordinador de Unificación y Defensa por los Originarios, y Johnny Francisco Morgan Salinas, vicepresidente de la colonia, no dudan en señalar que esto no es gestión, es extorsión.
“Nos están mintiendo en la cara. Nos cobran por pozos de agua que no existen, por trámites que no avanzan. Ya estamos cansados. Solo queremos un pedazo de tierra para vivir, pero ellos se aprovechan”, denunció Guadalupe Castro.
Pero la situación escala más allá del dinero. Los colonos acusan directamente a un grupo operativo de intimidaciones, agresiones físicas y amenazas de desalojo. Lo más grave: aseguran que, pese a múltiples denuncias, las autoridades no actúan.
“Llega la Guardia Nacional o la policía… y no pasa nada. No nos hacen caso. ¿Quién los protege?”, cuestionó Morgan Salinas con indignación.
Los habitantes advierten que El Pescadero podría convertirse en otro foco de marginación, como ha ocurrido en zonas de Cabo San Lucas, donde miles de familias sobreviven en condiciones de abandono y sin certeza jurídica.
Ante este conflicto, el llamado que hacen los afectados es la intervención inmediata de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y del Sistema Estatal Anticorrupción para frenar el abuso, regularizar las tierras y garantizar vivienda digna.
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Por si fuera poco, los habitantes de El Pescadero piden la intervención de la Mesa de Seguridad Estatal para neutralizar a los generadores de violencia que operan impunemente en esa localidad, una banda delictiva conocida como “Los Furcios”.
De acuerdo con los denunciantes, los integrantes de este grupo criminal encargado de las extorsiones, cobro de piso y robos en la comunidad turística, los han estado acosado, intimidando y amenazando con agredirlos físicamente y con dañarles sus lotes de terreno si los propietarios no acceden a venderlos a precios de remate, mucho menos dinero de lo que pagaron los dueños originales por ellos.
“Lo que queremos es la intervención urgente de las autoridades, pues en El Pescadero va en aumento el delito de robo y extorsión. Ya estamos cansados, vemos como nos amenazan para que vendamos nuestros terrenos a precios muy bajos, y nos dicen sobre posibles incendios que serían provocados en afectación a los habitantes, situaciones que ya reportamos a la policía municipal”. Declaró Morgan Salinas.
Mientras tanto, en la colonia 8 de Octubre, la tensión no cede. Las familias –muchas de ellas indígenas y migrantes– viven entre el miedo y la impotencia, denunciando que la tierra que debería darles hogar, hoy se ha convertido en el epicentro de un negocio de abuso y silencio. “Volteen a vernos”, claman. Porque en El Pescadero la justicia aún no llega.
