La investigación con perspectiva de género destapó la presunta responsabilidad de Edilberto Miramontes Gámez en el asesinato de la agente Citlali ”N” en San José del Cabo.
Los Cabos, Baja California Sur.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), confirmó un golpe contundente en uno de los casos más estremecedores del año: el ex director de la policía municipal de Los Cabos, Edilberto Miramontes Gámez, fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva por el feminicidio agravado de la agente Citlali “N”, de apenas 24 años.
A tan solo una semana del crimen que cimbró a la opinión pública, las autoridades lograron reunir pruebas contundentes que apuntan directamente al ex mando policial, quien al momento de los hechos aún ejercía funciones dentro de la corporación.
De acuerdo con la investigación, Citlali –también integrante de la policía municipal– perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego en la espalda dentro de las propias oficinas de seguridad pública municipal en San José del Cabo.
Luego de ser trasladada de emergencia por la gravedad de sus heridas, la oficial perdió la vida en el hospital del ISSSTE, después de ser recibida por el personal médico. El caso no solo exhibió un feminicidio calificado, sino una presunta red de abuso de poder dentro de las filas policiales.
La Fiscalía detalló que, bajo una estricta perspectiva de género, se activaron protocolos especializados que permitieron reconstruir los hechos y establecer la probable responsabilidad directa de Miramontes Gámez.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Los Cabos, el Juez de Control determinó vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa e internamiento en el Centro de Readaptación Social mientras dure el proceso. El fallo judicial fue contundente a pesar del rango y del uniforme que portaba el imputado.
Edilberto Miramontes fue detenido el pasado 11 de marzo en San José del Cabo tras el crimen de la agente. Fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde comenzó el proceso judicial que derivó en la audiencia de vinculación.
El caso fue turnado ante un juez, quien analizó los elementos presentados por la Fiscalía para determinar la situación jurídica del comandante de la policía.
Colectivos feministas y ciudadanos han exigido que el caso no quede impune y que se investigue a fondo cualquier posible encubrimiento o complicidad dentro de la corporación en Los Cabos.
