Policías Estatales asignados a Cabo San Lucas y San José del Cabo señalan al encargado de ambas sedes por maltrato laboral, favoritismo, falta de alimentos y apoyos de traslado.
Los Cabos, Baja California Sur.- Abusos de autoridad, aportaciones económicas que aseguran les exigen de manera obligatoria, falta de alimentos durante los turnos y señalamientos de acoso contra las mujeres forman parte de una denuncia anónima atribuida a elementos de la Policía Estatal asignados a las sedes de Policía Procesal de San José del Cabo y Cabo San Lucas.
En un escrito dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur (SSPE), los denunciantes exponen una serie de inconformidades contra Vicente Martínez, identificado en el documento como encargado de las sedes procesales, a quien acusan de mantener un trato prepotente y discriminatorio hacia parte del personal bajo su responsabilidad.
De acuerdo con el testimonio, el mando presuntamente utiliza un lenguaje elevado y actitudes irrespetuosas al dirigirse a los agentes, además de solicitarles cooperaciones económicas que, según los denunciantes, terminan siendo prácticamente obligatorias.
Los elementos cuestionan que deban realizar aportaciones para cubrir necesidades que consideran responsabilidad de la corporación estatal, sin que el escrito precise los montos, la frecuencia de los cobros ni el destino de los recursos.
Otro de los señalamientos se relaciona con las condiciones en las que los agentes cumplen sus jornadas laborales. Los denunciantes aseguran que, en diversas ocasiones, no han recibido los alimentos correspondientes durante sus turnos, pese a que afirman tener derecho a esas raciones.
También reportan presuntas deficiencias en los traslados entre las sedes de San José del Cabo y Cabo San Lucas, donde algunos elementos habrían quedado sin apoyo de transporte y tenido que resolver por sus propios medios cómo desplazarse por carretera.
En el documento sostienen que estas situaciones se presentan sin una respuesta adecuada de quien está a cargo de la coordinación, lo que, aseguran, incrementa las dificultades para cumplir con sus responsabilidades operativas.
Los agentes también denuncian diferencias en la distribución de las cargas de trabajo. Según su versión, el encargado favorecería a determinados elementos de su confianza, a quienes presuntamente concede mejores condiciones y periodos de descanso, mientras otros deben cubrir jornadas prolongadas, permanecer durante horas sin recibir relevo y trasladarse repetidamente entre ambas sedes.
Uno de los señalamientos más delicados del escrito apunta a posibles conductas de acoso contra mujeres integrantes del personal. Los denunciantes afirman que el encargado mantiene comentarios y actitudes que generan incomodidad entre las trabajadoras.
Por la naturaleza de estas acusaciones, las personas afectadas exigen una investigación que permita esclarecer los hechos, proteger a las posibles afectadas y garantizar que cualquier señalamiento sea atendido sin prejuicios ni represalias.
Los elementos que suscriben la denuncia solicitaron una revisión urgente de las condiciones laborales y del desempeño de quienes son designados como responsables de las sedes foráneas de la Policía Procesal.
La decisión de mantener el anonimato, explican, responde al temor de sufrir represalias por parte de la persona señalada, a quien describen como alguien de carácter violento.
La denuncia interpuesta por integrantes de la corporación de seguridad pone en la mira el trato al personal, la distribución de los turnos, el acceso a alimentos y transporte, así como los mecanismos de supervisión interna dentro de las sedes procesales de Los Cabos.
Los demandantes esperan una respuesta oficial del mando señalado, Vicente Martínez, así como del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Luis Alfredo Cancino Vicente para iniciar procesos administrativos o de otra naturaleza a favor de los policías afectados.
