Ex directivos del INVI fueron vinculados a proceso por lavado de dinero tras destaparse un presunto desfalco de más de 54 millones de pesos.
La Paz, Baja California Sur.- La tarde del 24 de marzo, un Juez de Control en La Paz dictó auto de vinculación a proceso contra Fernanda “N”, ex directora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI), y Juan Manuel “N”, ex director de Administración y Finanzas, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur presentó pruebas que implican a los exfuncionarios y a un particular de nombre Jonathan “N” de formar parte de una red del desvío y blanqueo de capitales del erario estatal, tras detectar miles de movimientos bancarios irregulares.
Las investigaciones destapan un esquema que operó entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023, periodo en el que se detectaron 3,591 operaciones financieras irregulares. El daño patrimonial asciende a una cifra brutal: 54 millones 876 mil 222 pesos.
Ese dinero, que originalmente estaba destinado a programas de vivienda para personas de escasos recursos, terminó presuntamente en manos de particulares y exfuncionarios para uso personal.
De ese monto:
–Fernanda “N” habría dispuesto ilícitamente de más de 762 mil pesos.
–Juan Manuel “N” está señalado por el desvío de alrededor de 380 mil pesos.
–Jonathan “N” habría recibido más de 1 millón de pesos.
Además, se reveló que cerca de 20 millones de pesos fueron retirados en efectivo, dificultando su rastreo y encendiendo alertas sobre un posible entramado más amplio.
Durante la audiencia, la defensa lanzó una ofensiva para invalidar el caso: alegaron ilegalidad en las pruebas, cuestionaron el origen del análisis financiero y denunciaron irregularidades en la obtención de material multimedia.
Pero el juez fue contundente, ya que todos los argumentos fueron desechados. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público se mantienen firmes dentro del proceso. El caso no termina aquí. La Fiscalía advirtió que las investigaciones siguen abiertas, ya que se presume la participación de más personas en esta red de corrupción.
Entre los nombres que ya aparecen en la carpeta figuran otros posibles implicados, además de los particulares Antonio “N” y Hassan “N”, quienes permanecen detenidos.
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A los ex funcionarios vinculados se les impusieron medidas cautelares: Firma periódica mensual, prohibición de salir del país, y restricción para acercarse al INVI o a testigos.
No obstante, el delito que enfrentan podría costarles caro: el Código Penal de Baja California Sur contempla penas de hasta 8 años de prisión por lavado de dinero, mismas que pueden agravarse por tratarse de ex servidores públicos.
El golpe es doble: no solo se trata de un presunto fraude millonario, sino de recursos que estaban destinados a brindar vivienda a quienes más lo necesitan, colocando al INVI en el ojo del huracán por la mafia que se adueñó del destino de los apoyos operando bajo la falsa máscara de benefactores de la sociedad.
