Fernanda Villarreal enfrentó audiencia por presuntas operaciones con recursos ilícitos en uno de los desfalcos más graves al sector vivienda en Baja California Sur.
La Paz, Baja California Sur.- Este miércoles 5 de febrero, se realizó en el Poder Judicial del Estado la audiencia inicial contra Fernanda Villarreal Gonzalez, ex directora del Instituto Nacional de Vivienda (INVI) en Baja California Sur, señalada como pieza clave en uno de los mayores desfalcos documentados en la historia reciente del organismo.
No obstante, el abogado de la ex servidora pública consiguió posponer la audiencia inicial tras solicitar un plazo de un mes con la intención de revisar la carpeta de investigación con la información del caso. La petición fue aceptada por el juez que lleva el caso.
La próxima audiencia se programó para el próximo 5 de marzo, cita en la que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción buscará vincularla a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de una investigación que documenta un quebranto patrimonial de al menos 55 millones de pesos.
El caso no es menor. El expediente judicial J0881/2025 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita está integrado por 9 tomos, 13 anexos y más de 6 mil hojas, donde se reconstruye la ruta del dinero público presuntamente desviado durante la administración de Fernanda Villarreal al frente del INVI.
De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía Anticorrupción, la investigación se sustenta en:
1-Movimientos financieros atípicos.
2-Transferencias a cuentas no autorizadas.
3.Contratos simulados
4.Pagos sin respaldo técnico ni administrativo.
5.Uso de intermediarios para dispersar recursos.
6.Los fondos involucrados estaban destinados a programas de vivienda social, dirigidos a sectores vulnerables de Baja California Sur.
Hasta ahora, tres personas ya se encuentran en prisión preventiva por su presunta participación directa en esta red de desvíos. Sin embargo, las autoridades han sido claras: el caso no se agota ahí.
Fuentes judiciales señalan que la investigación apunta a una estructura administrativa y financiera más amplia, donde la exdirectora habría tenido capacidad de decisión, control presupuestal y firma autorizada, elementos clave para la ejecución del presunto fraude.
El fiscal anticorrupción, Lenin Ortiz, advirtió públicamente que la defensa podría intentar dilatar la audiencia mediante recursos legales, una estrategia ya conocida en casos de alto impacto, aunque subrayó que la carpeta está sólidamente integrada.
Más allá de los números, el desfalco al INVI tiene un impacto social directo. Los 55 millones de pesos representan cientos de acciones de vivienda que no se construyeron, apoyos que nunca llegaron y familias que siguen esperando una casa que, según los registros, ya había sido pagada con recursos públicos.
Auditorías internas y observaciones financieras detectaron inconsistencias reiteradas durante el periodo investigado, mismas que derivaron en denuncias penales tras no ser solventadas.
La próxima audiencia pactada para dentro de un mes será clave. Si el juez determina la vinculación a proceso, el caso entrará formalmente a una etapa judicial que podría destapar nuevas responsabilidades, tanto administrativas como penales.
De no hacerlo, el mensaje sería devastador: uno de los mayores fraudes al sector vivienda en Baja California Sur quedaría empantanado en tecnicismos legales.
Por ahora, Fernanda Villarreal está en el centro del banquillo, mientras la sociedad sudcaliforniana observa si este expediente histórico marcará un precedente… o se sumará a la larga lista de casos donde el dinero público desapareció sin castigo.
