El IEE BCS reconoció que no puede sancionar actos anticipados de campaña hasta que inicie formalmente el proceso electoral en diciembre de 2026.
La Paz, Baja California Sur.- Mientras la carrera política rumbo al 2027 ya comenzó en las calles, el árbitro electoral reconoce que no puede intervenir. El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), admitió estar “amarrado de manos” ante posibles actos anticipados de campaña, porque legalmente, aún no existen.
En rueda de prensa, la consejera presidenta, Perla Marisol Gutiérrez Canizales, fue clara: no hay base jurídica para sancionar pinta de bardas, eventos masivos, promoción personal o entrega de apoyos, pese a que estas prácticas ya son visibles en todo el estado.
El motivo es contundente. El proceso electoral en Baja California Sur inicia hasta el 1 de diciembre de 2026, por lo que cualquier acción previa no puede configurarse como acto anticipado de campaña. “Para que exista un acto anticipado, debe ocurrir dentro del proceso electoral”, explicó el órgano electoral.
Esto abre una “línea delgada” donde múltiples estrategias de posicionamiento quedan fuera de sanción, como:
–Uso de colores o símbolos políticos.
–Mensajes indirectos.
–Presencia constante en espacios públicos.
En pocas palabras: promoción política sin consecuencias… por ahora.
El IEE BCS confirmó que sí ha recibido quejas, incluyendo 13 denuncias del Partido Acción Nacional (PAN), las cuales ya están en proceso de integración. Sin embargo, la consejera fue tajante: “Se documentan, pero no se sancionan”.
El Instituto puede recopilar pruebas, abrir expedientes y dar seguimiento, pero cualquier resolución dependerá de que inicie formalmente el proceso electoral y los señalados se registren como candidatos.
Otro factor clave es el límite legal: endurecer las reglas podría chocar con el derecho a la libre expresión. Incluso el uso de imágenes, colores o presencia mediática no es sancionable por sí mismo, mientras no exista un llamado explícito al voto como “vota por mí”.
Sanciones… pero a futuro.
Aunque hoy no hay castigos, el IEE advierte que las consecuencias pueden ser severas más adelante si se acreditan irregularidades como: Pérdida de registro como candidato, multas económicas e incluso la pérdida del cargo. Todo dependerá de si se demuestra que hubo ventaja indebida en el momento legal adecuado.
El posicionamiento del Instituto ocurre en medio de un panorama social donde múltiples figuras políticas ya se promueven abiertamente en Baja California Sur, en una contienda adelantada que hoy opera en una zona gris legal.
Mientras tanto, el propio órgano electoral reconoce otro reto: la percepción pública. “Sí se está trabajando, pero no se está comunicando lo suficiente”, admitió Gutiérrez Canizales.
