Al inicio de su mandato, la titular de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, prometió romper el “techo de cristal” dentro del Poder Judicial de México. Aunque la magistrada presidenta, ha hecho alusión a las barreras invisibles que impiden a las mujeres acceder a posiciones relevantes de la vida pública, y su intención de cambiar eso; la mala imagen de jueces y magistrados, perdura en nuestro país.
Los comunicados de Norma Piña, parecieran extraídos del abrevadero dogmático de alguien que no reconoce la realidad de una país, un país donde la gran mayoría de los ciudadanos; desconfían de las autoridades, y del putrefacto sistema judicial.
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En el año del 2015, la entonces aspirante a magistrada-propuesta por Enrique Peña Nieto- Norma Piña, titubeó ante el cuestionamiento del senador Armando Ríos Piter, acerca de los índices de impunidad, y la baja percepción ciudadana sobre la administración de justicia. En su respuesta, Piña dijo desconocer la situación, añadiendo que; “corresponde a los ciudadanos interponer las denuncias”.
Aplaudida por la elite judicial de México, la mafia dorada que, según las investigaciones de Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos, ha tolerado que 500 jueces utilicen los tribunales de México como una agencia de colocaciones, distribuyendo plazas para familiares cercanos; la ministra Piña, ya vive en carne propia el repudio de la ciudadanía, que exige reformas al sistema judicial.
Y es que, según la investigación citada, los jueces y magistrados, han abusado del articulo 97 de la Constitución, que les otorga la facultad de elegir libremente a los empleados de los tribunales; y hoy tenemos una ominosa red de hasta 7000 funcionarios del poder judicial, que han entregado cientos de plazas a sus esposas, hijos, padres y hasta suegros.
Pese a las cifras de terror que enmarcan el fiasco del aparato burocrático, y los excesos propios de un poder judicial antidemocrático, los mensajes de la Suprema Corte de Justicia van en sentido contrario a la indignación ciudadana. No hace mucho, la propia Norma Piña, con toga y birrete, hizo un llamado a los jueces del país a no dejarse amedrentar; y emitir sus fallos o determinaciones con entera libertad.
Pareciera que a la “lideresa moral” de los jueces de México, no le interesa en lo absoluto el cambio de rumbo de la corte, que durante años ha tolerado que 7 mil 148 funcionarios del poder judicial, les hayan dado empleo a sus parientes; en franca actitud omisa.
Los recientes devaneos de los jueces, no van en sentido contrario, y hemos visto la desfachatez de estos al ordenar la liberación de los recursos bloqueados por la UIF a Genaro García Luna, por ejemplo, e incluso; la anulación de la Orden de Aprehensión que pesaba contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Lo anterior, a pesar de existir documentos y sendas investigaciones periodísticas, que demuestran el escaso criterio de los jueces al emitir sus fallos.
El circulo de impunidad tolerado por la Corte, motivó que, de manera reciente, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reuniera en privado con la ministra presidenta. Aunque en público, nunca se difundió el contenido de la reunión entre ambas personalidades, los entendidos en temas geopolíticos, comprendemos que el fondo es la preocupación del Departamento de Estado por la liberación de fondos a García Luna, en una acción inconcebible de los jueces; y una justicia de aparador, que nunca alcanza a los delincuentes de cuello blanco.
Las argucias de los juzgadores para proteger a los dueños del gran capital, son tan torpes y arrebatadas, que hasta un niño de primaria podría descubrirlas sin inmutarse. Sin embargo, para la Suprema Corte de Justicia, y su patiño el Consejo de la Judicatura Federal, la justicia es cosa de jueces y entendidos en la materia; los ciudadanos deberán callar y esperar.
Según la organización Impunidad Cero, en México, el 94% de los delitos no se denuncian, y únicamente el 1% se resuelven.
La organización amplía su informe, al afirmar que, tan solo en el 2016, 29 millones de delitos no se denunciaron; y estos se enmarcaron dentro del 94% de los delitos perpetrados ese mismo año.
Impunidad Cero va más lejos, al difundir los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), y los resultados fueron alarmantes. Casi el 30% de las personas que denunciaron un delito, tardaron más de 4 horas en hacerlo; el 29.5% de las mujeres y el 27.8% de los hombres que denunciaron; afirmaron que fueron objeto de maltrato durante el proceso.
Mientras el Poder Judicial, promueve de manera pública la violencia estructural, esa que tiene como dogma, la vieja máxima de que “solo los entendidos en la materia pueden ocuparse de las leyes”, miles de personas aguardan en los juzgados por una solución. Aguardan mientras los jueces, magistrados y ministerios públicos transan con la ley; y el leguleyismo de la Corte se desborda, al amparo de su corrupción y nepotismo.
Hoy sabemos que no existen sociedades democráticas, que toleren la coexistencia de un sistema judicial ralentizado como el nuestro, omiso, que, además; abusa de sus facultades al invalidar leyes para la salvaguarda de las elites políticas o económicas del país.
Con una corte que se niega a cambiar de rumbo, con jueces y magistrados para quienes la moral, es un árbol que da moras, y además tan suculentas que llevan el sabor de la impunidad; difícilmente podemos hablar de justicia.
Leyes para pobres y justicia para ricos, es la receta de quienes engordan en los puestos públicos, y han hecho de la indolencia una practica cotidiana; y de la legalidad una materia pendiente.
