La clasificación como “información reservada” del proveedor, el currículo, el contrato y los resultados de las auditorías de la pasada administración, únicamente vinieron a confirmar el pacto perverso que formalizaron en el pasado proceso electoral, el ex gobernador Carlos Mendoza Davis, y el entonces candidato a gobernador de MORENA, Víctor Manuel Castro Cosío, planchando una sucesión tersa, a espaldas del pueblo sudcaliforniano.
Lo que era un secreto a voces, finalmente fue confirmado el pasado 27 de octubre, cuando el nuevo gobernador de Baja California Sur, ordenó clasificar la información de las auditorías por cinco años (del 27 de octubre de 2021 hasta el 27 de octubre de 2026) para que –según él—“nadie conozca” la galopante corrupción en la administración del ex gobernador Carlos Mendoza Davis.
Desde luego que la medida aprobada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, es un insultó para la inteligencia de la población de Baja California Sur.
Máxime, cuando la transparencia y la rendición de cuentas del uso, manejo y aplicación de los recursos públicos fue la principal bandera de campaña, convertida en principio de la 4T.
Recordemos que el entonces candidato de MORENA, Víctor Manuel Castro Cosío, señaló una y otra vez que daría a conocer el estado que guardaba la administración por parte del ex gobernador del PAN, Carlos Mendoza Davis.
Inclusive, en sus discursos incendiarios, como buen líder charro sindical, todavía cuestionaba los desaseos en lo que había incurrido el ex gobernador panista y su séquito de ex colaboradores y hasta los enumeraba.
Las negocios bajo el amparo del poder de la pasada administración, según denunciaba Víctor Manuel Castro Cosío, eran la asignación discrecional de millonarios contratos de obras públicas a empresas fachadas del suegro del ex gobernador, Juan Manuel Velázquez Pérez (q.e.p.d), como es el caso de la remodelación del Malecón de La Paz, así como la del estadio Arturo C. Nahl, Jorge Campos y el Guaycura, entre muchas otras obras.
Asimismo, los millonarios negocios del cuñado del ex gobernador, Juan Manuel Velázquez Dipp “El Cachora”, como organizador de conciertos en los estadios recientemente remodelados.
La lógistica y contratación de artistas, según documentos que privan en poder de un servidor, eran pagados con recursos públicos, pero la ganancia quedaba en manos de la familia gobernante, disfrazando todas las operaciones en presuntas “causas sociales”.
Además, según denunciaba el entonces candidato a gobernador de MORENA, el desvío de miles de millones de pesos en autocompras de boletos de avión por parte del ex secretario de Finanzas y Administración, Isidro Jordán Monroy, en la agencia de su propiedad “Viajes Perla”.
Ni qué decir de los jugosos contratos que recibió el hijo del entonces coordinador de la Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas del Gobierno del Estado, Joel Avila Ochoa, en materia de publicidad a través de Grupo Idea Consulting. O bien, las millonarias autocompras del ex director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, José Ávila Geraldo, como proveedor del Gobierno del Estado, por medio de su empresa Avila Sports.
Sin embargo, en tan solo dos meses de la nueva administración, la galopante corrupción de Carlos Mendoza Davis, denunciada en su momento por el propio Víctor Manuel Castro Cosío, casualmente quedó en el olvido.
Hoy, y contrario a sus promesas de campaña, vemos a un gobernador de MORENA, muy domesticado por el ex gobernador del PAN, distrayendo la atención, en audiencias públicas, donde desde luego, no se resuelven los problemas más elementales planteados por la propia ciudadanía.
Vendiendo la imagen de político humilde, atento y hasta simpático, la apuesta de Víctor Manuel Castro Cosío, es que el tema de la corrupción de Carlos Mendoza Davis, poco a poco quede en el olvido, tras haberle concedido el indulto.
Desde luego que el trabajo sucio de reservar la información por parte de José Saúl González Núñez, Fernando Flores Trasviña, Alma Gabriela Agúndez Maldonado, Francisco Javier Ángeles Villarreal y Miguel Ángel Hernández Vicent, jugando el papel de tristes patiños, únicamente deja en evidencia la opacidad con la que pretende ir caminando el nuevo gobierno de MORENA.
No debemos perder de vista que el acceso a la información pública, es un derecho constitucional consagrado en nuestra Carta Magna. De tal modo que la información que califica para ser reservada tiene que ser aquella que ponga en peligro la Seguridad Nacional, lo que no es el caso de las auditorías de Carlos Mendoza.
Por lo anterior, el resolutivo del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, no está fundado ni motivado. De tal modo que la reservación de las auditorías, es un error garrafal, que cualquiera, puede ser combatir sin mayores problemas en los tribunales.
Lo peor de todo, es que ellos, mismos se evidenciaron.
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