Grupos de activistas llevaron al Congreso del Estado las denuncias por irregularidades ambientales, exigieron proteger la reserva y una defensora pidió protección tras ser amenazada de muerte.
La Paz, Baja California Sur.- La defensa de Sierra La Laguna escaló este martes a un nuevo nivel. luego de que grupos de activistas y colectivos llevaron sus exigencias hasta el Congreso del Estado, donde además de denunciar presuntas irregularidades ambientales y omisiones institucionales, hicieron pública una acusación que provocó tensión: amenazas de muerte contra una defensora ambiental.
La reunión de trabajo con los diputadas y diputados del Congreso de Baja California Sur ocurrió como continuación del movimiento ciudadano que en semanas recientes ha ganado fuerza en La Paz, luego de marchas, denuncias públicas y señalamientos relacionados con presuntos trabajos realizados dentro de la Sierra La Laguna.
Uno de los principales reclamos expuestos durante el encuentro fue la exigencia de expropiación de Sierra La Laguna, planteada por como una medida para reforzar la protección del área natural.
Durante el encuentro, la activista Elizabeth Álvarez Rosas cuestionó lo que calificó como falta de atención institucional ante múltiples denuncias previas sobre el centenar de sobrevuelos de helicópteros que presuntamente transportaban materiales hacia la reserva.
Según expuso, durante meses los pobladores y guardianes de la sierra documentaron los movimientos aéreos y posteriormente se realizaron registros con drones que, afirmó, evidenciaron ingreso de materiales con una presunta intención de construcción.
De acuerdo con lo informado por la activista, la agrupación Rescate de los Pueblos Originarios presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), derivada del material documentado mediante sobrevuelos de dron.
Los señalamientos están relacionados con trabajos presuntamente vinculados a la sociedad Hermandad en Armonía A.C., organización señalada de haber iniciado actividades sin contar —según los testimonios— con permisos municipales ni autorizaciones federales para las obras.
Hasta ahora, las autoridades correspondientes no han informado públicamente el resultado definitivo de las investigaciones relacionadas con dichas denuncias.
Durante la sesión de acuerdos, también se abordó la controversia surgida tras un viaje realizado a la Ciudad de México por los líderes de rancheros de la sierra, quienes —de acuerdo con lo expuesto— habrían viajado originalmente para promover acciones contra posibles actividades mineras en la Sierra La Laguna.
Sin embargo, Elizabeth Álvarez señaló que durante esa visita también sostuvieron una reunión con Jorge Emilio González Martínez, político conocido públicamente como “El Niño Verde”.
Dicha reunión habría sido reconocida posteriormente por las personas señaladas.
Pero el momento más delicado ocurrió cuando la activista informó públicamente ante legisladores haber recibido amenazas de muerte, presuntamente relacionadas con su participación en la defensa ambiental de la Sierra La Laguna.
Álvarez Rosas hizo pública además una postura de responsabilidad política, señalando al gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío y a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, ante cualquier situación que pudiera afectar su integridad.
Las declaraciones elevaron aún más la tensión alrededor de un conflicto ambiental que en las últimas semanas ha escalado desde las denuncias ciudadanas y sobrevuelos documentados, hasta movilizaciones públicas, señalamientos políticos y exigencias de mayor protección sobre una de las reservas naturales más importantes de Baja California Sur.
