La Paz, Baja California Sur.- Durante la marcha del 8 de Marzo, el gobierno de Baja California Sur, diseño, organizó e implementó un operativo que fue incapaz de contener la furia de decenas de mujeres, víctimas de violación, acoso sexual, hostigación laboral y desapariciones.
En esta ocasión, la marcha que cada año es realizada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, no fue en el malecón de La Paz.
La concentración de decenas de mujeres salió del Parque Morelos rumbo al Centro de Justicia de Baja California Sur.
El convoy fue organizado de la siguiente manera:
1.- La parte frontal fue conformado por víctimas de violación, acoso sexual, hostigación laboral, y familiares de personas desaparecidas.
2.- Atrás de ellos, madres de familias y niños.
3.- Mas atrás, las mujeres que apoyaron la marcha del 8M.
Desde que fue informado de la marcha, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, ordenar diseñar un operativo para –según él- «contener a las mujeres» que típicamente rayaban monumentos.
Así, y confiando en que sucedería lo mismo, la llamada Mesa de Seguridad, no fue capaz de vislumbrar otro posible escenario, a pesar de haber intervenido ilícitamente las conversaciones telefónicas de las organizadoras de la marcha, con el equipo de espionaje recientemente comprado por el gobierno de Baja California Sur.
De tal modo que dio la orden de enviar a agentes de la Policía Procesal y de la Policía Estatal Preventiva, resguardando el Centro de Justicia, y designados como grupo de contención o reacción, a un pequeño grupo de granaderos para que contuvieran a las mujeres, en caso de que alguna cometiera delitos como rayar el edificio, romper vidrios o jalonear a los policías.
Sin embargo, el Plan de Acción del gobierno de Baja California Sur, fue rebasado completamente al momento la protesta y surgieron situaciones que nunca fueron previstas en el escenario local. Son las siguientes:
El primer punto es que no designó a un mando que coordinara el operativo, por lo que tras llegar la marcha, los agentes no sabían qué hacer ni cómo actuar, después de las mujeres comenzaron a rayonear el edificio, romper vidrios y prender fuego.
En este tipo de eventos, según un experto consultado por MetrópoliMx, debe ser designado cuando menos un mando para coordinar el operativo, presentando un plan de trabajo, considerando todos los escenarios y dando las ordenes de lo que deben hacer, al momento de la protesta.
El segundo punto es que no fue colocado ningún anillo de seguridad alrededor del edificio del Centro de Justicia, por lo que el contingente llegó rápidamente al edificio que estaba prácticamente desprotegido.
Lo increíble de este operativo fallido es que los policías ¡estaban adentro! del edificio y no afuera, como debía ser.
En este tipo de eventos, de acuerdo al experto, deben colocarse cuando menos dos anillos de seguridad en el perímetro para evitara que los protestantes lleguen hasta el objetivo.
El tercer punto es que no fue contemplada una área para el ingreso y salida de ambulancias y bomberos, por lo que tras reportarse agentes lesionados y un incendio afuera del edificio, las unidades no pudieron entrar, ya que todos los accesos estaban bloqueados por patrullas.
El cuarto punto es que confiados de que la protesta no se saldría de control, la gran mayoría de policías fueron enviados al operativo sin equipo, como son escudos de plástico, gas pimienta y bombas de dispersión que suelen utilizarse en las protestas.
La torpeza fue tanta que durante el punto más álgido de la protesta, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, tuvo que salir a buscar al responsable del almacén para fuera abrir la puerta y pudieran sacar el equipo táctico que desde el comienzo de la protesta, debería haber estado resguardado en el edificio del Centro de Justicia.
La evidente incapacidad del gobierno de Víctor Castro, llevó a las protestantes a la euforia de destrozar todo lo que estaba a su paso, poniendo de rodillas a un gobierno incapaz en toda la extensión de la palabra.
Las violaciones, abusos sexuales, hostigamiento laboral y desapariciones de mujeres, estallaron en la protesta, tras no haber resultados en el gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío.
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La mayoría de los acosares, según las pintas dejadas en el edificio del Centro de Justicia, se esconden en la Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Educación Pública, Contraloría General del Estado, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Cecyte y Cobach.
Además, de acuerdo con las pintas, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío es cómplice de los violadores y acosadores y hasta los protege en cargos públicos, como es el caso del secretario general de gobierno, Homero Davis Castro, y el subsecretario Esteban Ojeda Ramírez.
Fue más que evidente la falta de conocimiento y preparación para contener este tipo de protestas, por parte de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, cuyos perfiles, como es el caso del subsecretario de Seguridad Pública, Alberto Rentería Santana, fueron designados por compromisos políticos, en vez de colocar en esos puestos claves a personas de probada experiencia.
