La redefinición de la ZOFEMAT podría estar ajustando la ley para favorecer desarrollos que invadieron la zona federal sin transparencia ni participación ciudadana en Los Cabos.
Los Cabos, Baja California Sur.- En el corazón turístico de Cabo San Lucas, una nueva polémica sacude el acceso público a las playas. Documentos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) revelan que desde 2013, la franja de 20 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) frente al Hotel Riu Palace Cabo San Lucas estaba claramente delimitada.
Sin embargo, imágenes y análisis actuales apuntan a que el complejo habría invadido esta zona federal, restringiendo un espacio que por ley pertenece a todos. Lejos de corregir la irregularidad, lo que hoy ocurre genera aún más inquietud.
El Ayuntamiento de Los Cabos, en conjunto con el consultor Jorge Iván Cázares Puig y su firma Maris Consultoría Ambiental, impulsa un proceso de “actualización” de la ZOFEMAT que, según las denuncias interpuestas por prestadores de servicios turísticos, habitantes locales y empresarios hoteleros de Los Cabos podría estar redibujando la línea costera… pero no para protegerla, sino para legalizar construcciones que ya invadieron el espacio público.
La maniobra, señalan los denunciantes, consistiría en desplazar la franja federal en lugar de sancionar a quienes la ocuparon ilegalmente. En otras palabras: adaptar la ley al concreto ya construido. Una simulación que pondría en riesgo el acceso libre a las playas, uno de los derechos más sensibles para la ciudadanía.
El proceso se desarrolla además sin la participación de organizaciones civiles ni colectivos ambientalistas, lo que abre la puerta a decisiones discrecionales y potencialmente sesgadas a favor de desarrollos turísticos.
A esto se suma el factor económico: la empresa Maris Consultoría Ambiental ya habría recibido alrededor de 8 millones de pesos por una primera fase del proyecto, mientras se anticipan nuevos pagos conforme avance el rediseño de la franja costera. Hoy los denunciantes preocupados por el tema se hacen una inevitable pregunta: ¿Se está “reordenando” la ZOFEMAT… o se está vendiendo la playa en pedazos?.
Este no es un caso aislado. En los últimos años, Los Cabos ha sido escenario de múltiples controversias por la privatización de facto de playas y el uso irregular de la ZOFEMAT.
Organizaciones ciudadanas han denunciado previamente accesos bloqueados, cobros indebidos y construcciones que avanzan hacia la franja federal sin sanción visible.
Casos en zonas como El Médano, Palmilla y corredores turísticos han evidenciado una constante: desarrollos que presionan los límites legales mientras la regulación llega tarde o se ajusta a conveniencia. Incluso, en distintos momentos, la propia PROFEPA ha clausurado obras por invadir zonas federales, confirmando que el problema no es nuevo, sino sistemático. Ahora, el caso frente al RIU reabre una herida que sigue sin cerrar,
la del acceso público frente a intereses privados en uno de los destinos más exclusivos de Baja California Sur y de todo México.
