Bajo el yugo del Procurador y Oficial Mayor de la PGJEBCS

La Paz, Baja California Sur.- En un gobierno que promueve una cruzada estatal “!Párale a la Violencia!”, el nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, Antonio López Rodríguez, y su Oficial Mayor, César Eduardo Juárez Castillo, fueron denunciados penalmente por ejercer violencia de género contra una mujer que tomó la difícil decisión de romper el silencio y no quedarse cruzada de brazos, soportando la conducta misógina de los servidores públicos de la 4T.

Los dos funcionarios de alto nivel que contravienen las políticas públicas del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, fueran denunciados penalmente por los delitos de amenazas en grado de consumado, hostigamento sexual en grado de consumado, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública.

Lo anterior, según la Carpeta de Investigación LPZ/6593/2025/NUC, abierta el pasado 15 de agosto en la agencia del Ministerio Público de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur.

La víctima identificada como T.O.G explicó que todo comenzó el 16 de agosto de 2024, cuando alrededor de las 2:30 de la tarde, “me encontraba en la oficina del Oficial Mayor, César Eduardo Juárez Castillo”, después de haber sido citada por haber solicitado el pago de viáticos, cuando fue enviada a una comisión a la Ciudad de México por instrucciones del entonces Procurador Daniel de la Rosa Anaya.

La entonces Jefa adscrita a la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto, únicamente había recibido el boleto de avión de ida y vuelta, por lo que preguntó sobre los viáticos del viaje, como es hospedaje, alimentación y transporte.

Lo que recibió como respuesta fue una lluvia de ofensas del Oficial Mayor de la PGJE, César Eduardo Juárez Castillo.

“Comenzó a ofenderme, diciéndome que yo le caía mal, que yo era la única empleada de la Procuraduría, con la que tenía problemas, que era una aprovechada, que él todo lo que hacía, lo hacía por instrucciones de quien en ese entonces era Procurador Daniel de la Rosa Anaya, y él tenía todo su respaldo”, citó textualmente.

Posteriormente, de acuerdo a la denuncia, comenzó a gritarle y a burlarse de ella.  “Me dijo que yo no valía nada como mujer, y él tenía mucho poder político, podía hacer que me corrieran, me bajaran el salario, y me mandaran de cambio a Bahía Tortugas o a Guerrero Negro”.

“Yo me sentí muy asustada, porque mientras me decía esto, me gritaba y se reía de mí, le puso seguro a la oficina, dejándonos solos él y yo, y me dijo que me dejara de pendejadas, que porque yo nunca le iba a ganar a él y que me iba a sacar de la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto, incluso dijo que haría que me quitaran las armas que están a mi cargo para que me mataran, que si yo no sabía quién era él y qué relaciones tiene él”, relató.

La víctima que en ese momento era la Jefa de la Unidad dijo que se asustó mucho, pero pensó que si denunciaba nadie me iba a creer, porque “él es una figura política pública, ya que él es el esposo de Cinthya Fátima Montufas Chávez, quien a su vez, es es la suplente de la presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero”.

“Mientras estaba asustada, reaccioné y comencé a grabar , cuando me estaba ofendiendo,mientras yo estaba sentada frente a él y le subió el volumen a una televisión que tiene colgada en su oficina, para disimular la forma en la que me estaba tratando, ya que al salir de la puerta de su oficina, hay gente que es de su confianza, siendo 2 secretarias particulares de él de nombre Laura e Itzel y también se encontraba Erick Abraham Vázquez Montufas, quién también, es pariente de César Juárez, y de su esposa”, dijo.

La Jefa de Unidad de Alto Impacto explicó que grabó la conversación, porque “sé que es una persona con influencias poderosas y yo sabía que debía tener evidencia de cómo me trata normalmente el Oficial Mayor”.

“El, cada vez se ponía más grosero, a lo que yo le dije que si ya había terminado de ofenderme, y al percatarse de que lo estaba grabando en eso él se levanta de su silla, y me aventó una pluma, golpeándome, para posteriormente salirse de su oficina, y meterse a la oficina del anterior procurador, y yo me salí de la oficina de César Juárez, lugar donde me tenía retenida, una vez que le quitó el seguro a su oficina, y él se salió y se fue a la oficina de Daniel de la Rosa”, comentó.

Cuando salió de la oficina de César Juárez, dijo que “se me quedaron viendo feo todos sus empleados de confianza, siendo estos Laura, Itzel y Erick Montufas”, por lo que procedió a subirse a su oficina, la cual se encontraba en la segunda planta del edificio donde se encuentra también la oficina del Oficial Mayor.

“Cuando me subí a mi oficina, me senté en la silla, y me quedé en shock, como en ese momento estaba ahí mi auxiliar y un Policía Ministerial, con quienes no me abrí mucho para hablar, sentía vergüenza y mucho miedo de decir lo que me hizo el Oficial Mayor, por eso mi reacción fue irme al baño de mujeres que se encuentra a lado de mi oficina en ese entonces, y comencé a llorar, salí cuando me tranquilicé, ocultando mi tristeza, seguí trabajando hasta que se dio la hora de salida”, expuso.

Ese día, por la tarde, según la denunciante, recibió una llamada de la secretaria adscrita al despacho de quien entonces era Procurador Daniel de la Rosa Anaya, pero no respondió, por lo que le llamaron a su auxiliar, tratando de ubicarla, pero su subordinada, no contestó, por lo que la gente del anterior procurador, siguió intentando contactarse con ella a través de otros de sus compañeros, pero no respondió, porque supo que la intención era “solicitar que borrara el video que había grabado de César Juárez, cuando la estaba violentando como mujer”.

Posterior a ese incidente, César Juárez, comenzó a hostigarla laboralmente, ya que mandaba a su secretario y familiar político, Erick Montufas para que llevara chismes, como por ejemplo, que no valía el trabajo que hacia para nada, que deberían correrla, que no le arreglaran los despefectos a las unidades que se subía para que tuviera un accidente, que no recibiría viáticos por atender asuntos en municipios diversos a La Paz y tampoco pondrían llantas a la patrulla en la que le tocaba trasladarse fuera del municipio a llevar audiencias de alto perfil.

La víctima recordó que por instrucciones del anterior Procurador, manejó casos en todo el estado de Baja California Sur, llevando asuntos delicados y complejos, dada su experiencia en el sistema acusatorio, como es el caso de secuestros, homicidios, feminicidios, violencias graves hacia la mujer, asuntos de violaciones a menores y asuntos de delitos patrimoniales complejos.

“Me traían por todo el estado, sin respetar mi horario laboral, y días de descanso, sin embargo, yo siempre entregaba todo de mí, porque amo a mi estado de Baja California Sur, y sentía que estaba contribuyendo a la Procuración de Justicia”, expuso en la denuncia.

La Jefa de Unidad relató que por temas de austeridad, inclusive se llegó a quedar ponchada en las madrugadas en medio del monte y sin señal, atendiendo comisiones de servicio instruidas por sus superiores.

“Cuando estaba varada en la nada y alcanzaba agarrar algo de señal le marcaba a Erick Montufas y me decía que le hiciera como quisiera, de lo cual yo tengo documentado en múltiples oficios que le solicitaba mantenimiento a las patrullas en las que me tocaba atender audiencias complejas en todo el estado de baja california sur, pero me contestaban que le hiciera como pudiera”, expuso en su denuncia.

La servidora pública dijo que incluso comenzaron a utilizar a Alison Garnier, titular del Órgano Interno de Control, para estarla hostigando por temas de viáticos.

De tal modo que derivado de tanta presión y estrés que sufría por parte del Oficial Mayor, comenzó a tener problemas para dormir, “estresarme ya que yo soy una persona muy responsable, y ya no sabía si me iban a dar gasolina para atender las audiencias de las cuales estaba notificada personalmente por los jueces”.

Mientras estuvo en la Suboprocuraduría de Delitos de Alto Impacto, tenía programadas audiencias, principalmente en Los Cabos, Comondú, Loreto y Guerrero Negro en el estado de Baja California Sur.

En la denuncia, la víctima T.O.G., relató que todo continúo así hasta que llegó el cambio del titular de la PGJE, después de ser ratificado el nuevo Procurador, Antonio López Rodríguez.

El gran pecado que cometió la Jefa de Unidad fue haber publicado en sus redes sociales personales los diversos perfiles que consideraba estaban mejor preparados de la terna que se manejaba, respetando siempre los derechos fundamentales de terceros.

De tal modo que eso provocó que el nuevo procurador, “ejerciera hacia mi persona hostigamiento laboral, abusos de autoridad y violencia de género”.

“Me enteré que cuando ratificaron al actual procurador (Antonio López Rodríguez) hicieron una carne asada privada y tomadera (…) en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción”, donde, de acuerdo a la denuncia, estuvieron presentes los siguientes:

1.- Lenin Emiliano Ortiz Amao, titular de la Fiscal Anticorrupción, acompañado de su esposa.
2.- Claudia Andrea Martínez, quien era titular del Instituto Interdisiplinario de Ciencias Penales.
3.- Lidia Mena Cazares, titular de la Subprocuradoría de Justicia Alternativa.
4.- César Juárez Castillo, titular de la Oficial Mayor.
5.- Alisson Garnier, titular del Organo de Control Interno, y su pareja.
6.- Guillermina Elena Cota Alvarado, coordinadora de Ministerios Públicos de la Subprocuraduría de la Zona Centro.

Durante el convivio, según la denuncia, hicieron algunos comentarios fuera de lugar como, por ejemplo, burlándose y anticipando a quiénes iban a correr y a quiénes iban quitarle sus plazas.

“El caso es que, posterior a esa carne asada, el día 07 de julio del año 2025, aproximadamente a las 2:09 de la tarde, llega de manera intempestiva a mi oficina, en el Centro de Justicia Penal, una señorita que dijo que trabajaba en Recursos Humanos, diciendo que tenía un oficio con mi cambio de adscripción”, aseguró.

La Jefa de Unidad observó el oficio, y ese documento estaba firmado por el actual Procurador Antonio López Rodríguez, quien notificaba que “me quitaba mi plaza” y me daba cambio para que formara parte de la Subprocuraduría de la Zona Centro de la PGJE, por lo que dejaría de pertenecer a la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto, notando que sus percepciones económicas pasaron a ser como agente de Ministerio Público en la Subprocuraduría de la Zona Centro, y no como Jefa de Unidad, ordenando reducir su sueldo y ganando 5 mil pesos menos cada quincena en su salario.

“Yo recibí mi cambio, pensando que eso había sido una decisión de impulso de César Juárez, solapado por el procurador actual”, comentó en su denuncia, explicando que después se enteró por varios conocidos que tiene en el gobierno, respecto de que César Juárez, “se la pasa hablando mal de mi con Bertha Montaño, secretaria de Finanzas e incluso con el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, y con todo el personal de él”.

La ahora agente del Ministerio Público, expuso que cuando llegó el nuevo Procurador, César Juárez, comenzó a hablar mal de ella y se “coordinaron para hacerme la vida imposible hasta el día de hoy”, abusando de sus cargos públicos para “dañar mi dignidad, como mujer, y como subordinada, simplemente porque yo siempre trato de ser sincera, y de dar lo mejor de mi, en cada caso o tarea que me asignan”.

Así, y de esta manera, tres días después fue notificada su cambio a la Unidad Especializada en Investigación de Personas Detenidas, y ese mismo día le llegó otro cambio a la Unidad de Imputado Desconocido (Robos), en la ciudad de La Paz.

“Yo todavía dándole el beneficio de la duda al Procurador actual, siendo él una persona muy importante, no creí que siguiera con el hostigamiento, discriminación y abuso de autoridad que venía realizando el Oficial Mayor, César Juárez hacia mí, pero –contrariamente– se unió a la violencia ejercida en mi contra el actual procurador, por lo que me sentía tan amenazada por ellos que recibí de manera voluntaria esos oficios de cambio aquel día, pensando que así me dejarían tranquila, sin embargo, eso no fue así”, afirmó.

De tal manera que el día 10 de julio, recibió un nuevo oficio obligándola a tomar vacaciones del 14 al 25 de julio, designadas por el Procurador Antonio López Rodríguez, y la coordinadora de Ministerios Públicos de la Subprocuraduría de la Zona Centro, Guillermina Cota Alvarado, para incorporarse a trabajar hasta el día 28 de julio, periodo vacacional.

“Una vez más recibí el oficio sin levantar la voz, sin generar ningún tipo de conflicto, pensando que dejaría de ser hostigada, amenazada y discriminada,”, en virtud de que el Oficial Mayor, César Juárez, había cumplido sus amenazas con ayuda del Procurador.

“Antes de tomar mis vacaciones, me llamó Saúl Jiménez, quién se encarga del resguardo de las armas y me dijo, me da mucha pena, pero fíjese que José Navarrete (secretario del Procurador), me está diciendo que le diga a Usted que entregue sus armas de cargo, que esa instrucción de que Usted entregue sus armas, es de parte del Procurador y del Oficial Mayor”, cita textualmente la denuncia, por lo que respondió: “Saúl, como quieres que te entregue mis armas de cargo, si me a acaban de quitar de la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto, llevé varios casos muy delicados , aparte de que ya van dos compañeros que matan, llevando asuntos complejos, si me quitan las armas va a ser más fácil que me maten”.

La servidora pública pidió entonces que la entrega de las armas fueron solicitada por escrito, toda vez que ocupaba tener una constancia, en virtud de que su vida corría peligro.

Sin embargo, el acoso continúo tras utilizar al director de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, el Contralmirante José Alfredo Ávila Jardines, para que me ordenara entregar las armas, notificando por escrito que por órdenes del Procurador Antonio López Rodríguez, me ordenaban a entregar mis armas de cargo, derivado de que había dejado de pertenecer a la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto, toda vez que mi nuevo cargo ahora era considerado por el Procurador, y el Oficial Mayor, como “administrativo”.

“Una vez que entregué mis armas de manera voluntaria, en todo el oficio puse anotaciones en donde precisaba que si me llegaba a pasar algo a mí, a alas personas relacionada conmigo, hacia responsable al Procurador Antonio López Rodríguez, al Oficial Mayor, César Eduardo Juárez Castillo, al director de la Agencia Estatal Contralmirante José Alfredo Ávila Jardines y al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío”, acusó.

La ahora agente del Ministerio Público, tomó entonces su periodo vacacional, pensando que dejarían de hostigarla y acosarla, pero cuando regresó, supo que no era así.

El día 28 de julio, tras regresar de vacaciones obligadas, se presentó a laborar puntualmente, y observó que la oficina de la Unidad de Imputado Desconocido (Robos), se encontraba en condiciones inhumanas para trabajar, ya que con temperaturas de 40 grados, no servía el aire acondicionado ni había abanicos ni ventanas que se pudieran abrir.

“No se puede abrir ventanas de la Unidad, no cuento con un equipo adecuado para realizar mis funciones, inclusive denuncie que no había ni papel en el baño ni agua”, situación que dio a conocer la coordinadora de Ministerios Públicos de la Subprocuraduría de la Zona Centro, respondiendo que “no era su problema”, porque “no había recursos”.

Lo mas grave fue la desfachatez de la coordinadora Guillermina Cota Alvarado: “Todos los empleados del edificio donde nos encontrábamos que es el Centro de Justicia Penal, trabajan así, sin quejarse”, por lo que respondió que “era inhumano trabajar en esas condiciones”, más aún porque la Procuraduría, “no daba ni agua para hidratarse”, a lo que me dijo que si no me parecía hablara con la nueva subprocuradora de nombre Adriana Mendoza Estrada, por lo que yo hablé con ella y le externé que estaba trabajando a temperaturas extremas, sin ventilación, sin aire acondicionado y sin acceso a abrir una ventana, me dijo que el Oficial Mayor, había dicho que “no había presupuesto”, por lo que le pedí permiso para traer un abanico de piso de mi propiedad, ya que en el trabajo no me daban ninguno.

Los primeros días de agosto, de acuerdo a la denuncia, la víctima T.O.G., comenzó a tener problemas con el equipo computo que fue asignado a su persona, motivo por el cual habló con el titular de la Unidad de Análisis de la Información, Erich Augusto Palm, solicitando reemplazar su computadora por un equipo digno para realizar sus funciones, como agente del Ministerio Público, recibiendo como respuesta que “no había equipos disponibles”.

Con el transcurso de las días, observó que no había hojas para expedir las copias que solicitaban los usuarios, folders para hacer las caratulas de las Carpetas de Investigación, broches aBaco y CD para dar copia de los indicios que le pedían las víctimas que acudían a revisar sus carpetas.

Vaya, no había ni papel de baño ni agua en el sanitario, además que una de las puertas del baño de las mujeres, no tenía seguro, por lo que sus superiores, “no podían hacer nada”, ya que eso “no dependía de ellas”, y ellas ya habían cumplido con reportar eso al Procurador y al Oficial Mayor.

Tal es el caso que entre el día 4 y 8 de agosto, hubo una lluvia fuerte, lo que ocasionó que una estructura del techo, colapsara en la oficina y casi le cayera encima a un usuario que vino a dar seguimiento a su Carpeta de Investigación, situación que logró documentar en un video y lo puse en su estado de WhatsApp, así como puso en otro video, las condiciones del baño de mujeres, así como la filtración de agua cerca una toma corriente de la oficina, y daños en las estructuras del edificio donde trabaja, manifestando que faltaba que se le diera mantenimiento a los aires acondicionados, baños, oficinas, sistema de luz y de agua de la subprocuraduría.

La agente del Ministerio Público hizo entonces un llamado al Procurador Antonio López Rodríguez, y al Oficial Mayor, César Juárez, a fin de que revisaran la grave situación, haciendo su comentario en el marco de la Libre Expresión, sin vulnerar derechos de terceros, como lo marca la Carta Magna.

Desafortunadamente, los estados de Whatsapp de la agente del Ministerio Público, no le pareció a sus jefes, especialmente al Oficial Mayor, César Juárez, y la coordinadora de la Subprocuraduría de Ministerios Públicos en la Zona Centro, Guillermina Cota Alvarado.

Inconforme, comenzó cuestionar a sus superiores, Guillermina Cota Alvarado y Adriana Mendoza Estrada, preguntando cuándo se daría solución a todos los problemas señalados, ya que era inhumano trabajar así, respondiendo nuevamente que no era problema de ellas, por lo que ya se había reportado al Procurador y al Oficial Mayor.

Con el paso de los días, según la denuncia penal, la agente del Ministerio Público, habló con la subprocuradora Adriana Mendoza Estrada, sincerándose de que estaba siendo víctima de hostigamiento laboral, discriminación y otros delitos por parte del Oficial Mayor, y el Procurador, por lo que solicitó que “no fuera participe de dichas acciones”, que ellos lo hacían por ego, y por la desventaja en la que se encontraba, por ser subordinada de ellos. Y mujer

En la plática, habló del tema la carne asada y la borrachera en la Fiscalía Anticorrupción, donde estuvo presente el personal de esa fiscalía, por lo que Adriana Mendoza Estrada, se mostró sorprendida, respondiendo que “no sabía nada” y hablaría con el titular.

La agente del Ministerio Público expuso que la estaban dejando sin sustento mínimo vital que es, su salario, ya que, sin derecho alguno, “me quitaron la plaza que yo tenía, y me dieron la plaza más baja que encontraron, sin darle merito alguno a todas las condenas que había logrado en favor de la ciudadanía, representando a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur”.

Desde luego que la respuesta de su jefa fue que ella “no podía hacer nada”, comentado que hablaría con el Titular.

“Pensé que de esa manera dejarían de realizar atropellos hacia mi persona, como servidor público, y como mujer”, señalando que ella no quería denunciar, toda vez que tenía mucho miedo del Oficial Mayor, César Eduardo Juárez Castillo, y al Procurador Antonio López Rodríguez, y por ende, a todo el personal que estuvo en la carne asada en la Fiscalía Anticorrupción.

“Yo sé de muchas personas, especialmente mujeres que han sido violentadas dentro de la institución, pero han callado por miedo y, si el día de hoy decido romper el silencio, es porque ya me di cuenta que si no hago nada, seguirán amedrentándome, humillándome y hostigándome, sin motivo alguno, y lastimosamente, son cómplices de ellos varios funcionarios públicos, ya que son ejecutores de su trabajo sucio”, dijo la víctima en su denuncia penal.

La gota que derramó el vaso fue el día que tomó la desición de presentar la denuncia penal, cuando mientras se encontraba trabajando dentro del edificio del Centro de Justicia Penal, llegó aproximadamente a las 2:30 de la tarde, una persona que dijo ser de Recursos Humanos.

“Llegaba a mi oficina por instrucciones del Procurador Antonio López Rodríguez, y traía un oficio de cambio para mandarme a la Subprocuraduría de Justicia Alternativa”, dijo.

La persona enviada se puso agresiva ya que no quería que la denunciante documentara dicha notificación de cambio de adscripción, me dijo que iba de parte de la Jefa de Recursos Humanos de la PGJE, María Pina García Santaella, con la orden de notificarme ese oficio de cambio.

“Yo le repetí que no tenía problema de recibir dicho oficio de cambio, siempre y cuando, se me permitiera documentar esa notificación, ya que así me lo aconsejó mi abogado laboral”, dijo, por lo que en ese instante se puso muy molesta la persona de quien dijo desconocer el nombre.

Por lo que posteriormente, la jefa de Recursos Humanos de la PGJE, María Pina García Santaella, le llamó por teléfono y expuso que el cambio eran órdenes del Procurador Antonio López Rodríguez, diciéndole la denunciante que “estaba siendo cómplice del Procurador y del Oficial Mayor”, tras estar ejerciendo hacia su persona injustificadamente abuso, discriminación y hostigamiento laboral.

“Yo soy la víctima, y constantemente, me estaba revictimizando”, le advirtió, recordando que desde la llegada de Antonio López Rodríguez, había sido 4 veces cambiada de adscripción.

La víctima dijo que como última opción tendría que recurrir a los medios de comunicación, hacer público el hostigamiento laboral, abuso de autoridad y discriminación que estaba sufriendo, en un gobierno que tenía una campaña promovida por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío: “¡Párale a la violencia!”, para supuestamente prevenir y eliminar la violencia, y la cual estaba siendo consumada por los propios responsables de investigar este tipo de delito.

“Es evidente que el Procurador, y el Oficial Mayor, utilizan su poder y creen que pueden humillar a las mujeres y amedrentarlas, y pensar que no pasa nada”, dijo en la denuncia.

La jefa de Recursos Humanos, tras no lograr su cometido, dijo que daría vista a la titular del organo de control interno, Alison Garnier, para que firmara, por lo que respondió. “Qué pena que se preste para ser cómplice de la revictimización de una mujer”, advirtiendo que “yo estaba pasando violencia de género”, constestando la persona de recursos humanos que hablaría con Alison Garnier, quien dicho sea de paso, también estuvo junto con su pareja sentimental, en la carne asada en la Fiscalía Anticorrupción, organizada por el titular Lenin Emiliano Ortiz Amao, cuando ratificaron al actual Procurador.

También agregó la denunciante que le preciso a la subprocuradora Zona Centro que la hija del procurador de nombre Nikita, labora en Servicios Periciales, con una plaza alta, cuando “tenemos compañeros peritos en Servicios Periciales con Doctorado y que han obtenido condenas muy importantes para la Procuración de Justicia en el Estado, y los tienen trabajando por contrato”.

En la conversación, la víctima T.O.G., comentó a su jefa que lo que tenía el Procurador Antonio López Rodríguez, “hacia mi, era personal”.

“Nunca me metía en sus asuntos, ni decía nada, a pesar de que la hija del actual procurador inclusive entró a trabajar por influencias de Antonio López Rodríguez, con mejor salario que varios agentes, auxiliares del Ministerio Público, peritos desde que ella tenía aproximadamente 18 -19 años de edad. E incluso, tengo testigos de que la hija del procurador actual ha comentado públicamente y también en Servicios Periciales que le va decir a su papá que me corran de mi trabajo”, dijo.

“Lo único que yo buscaba era que, por favor, dejaran de molestarme, ya el Procurador y el Oficial Mayor, pero ambos no han cesado en sus atropellos hacia mí”, citó en la denuncia.

“Con todas estas acciones que estos titulares han tenido hacia mí, es un hecho que, lo que quieren hacer, es que renuncie, pero no lo voy hacer, no puede ser que el mismo gobernador (Víctor Manuel Castro Cosío) y la misma Presidenta Municipal de La Paz (Milena Paola Quiroga Romero), estén promoviendo que se acabe la violencia hacia la mujer, y estos dos funcionarios de alto nivel, quieran sobajarme, humillarme, degradarme, lo cual actualmente ha conllevado a que tenga trastornos del sueño y ansiedad por estrés”, dijo.

La agente del Ministerio Público pidió que después de que terminara de presentar su denuncia penal fuera remitida al Centro de Justicia para Mujeres, o sea a la Subprocuraduría de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, ya que temía de la complicidad del personal de la Fiscalía Anticorrupción, donde fue la carne asada, cuando ratificaron al Procurador, solicitando que fueran decretadas medidas de protección en calidad de urgente, prevista en el Artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Nacionales, Fracción Quinta V, las cuales hasta la fecha, no le han querido informar si ya le fueron notificadas al Oficial Mayor y al actual Procurador.

En la denuncia penal quedó asentado que si algo le llegara pasar a la víctima T.O.G, familia o personas que han trabajado con ella en la Procuraduría General de Justicia del Estado, hacia totalmente responsables a César Eduardo Juárez Castillo, Oficial Mayor, y al Procurador Antonio López Rodríguez.

“Ellos son capaces de hacer cualquier cosa, señalando que por obvias razones, sé que al presentar esta denuncia, el Procurador y el Oficial Mayor, se van a enterar y querrán ordenar a quien tenga mi Carpeta de Investigación, sea archivada”, dijo.

La agente del Ministerio Público hizo entrega de audios, videos y capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp, así como de oficios que fueron mencionados en la denuncia, y los cuales serán presentados en posteriores publicaciones por MetrópoliMx.

“De acuerdo a los actos de violencia que he sufrió es evidente que deberá de excusarse de conocer mi denuncia la Fiscalía Anticorrupción, pues ellos son parte de la información que narró como el hecho penalmente responsable, pues ellos fueron los anfitriones al muy cercanos al titular de la PGJE de su carne asada, donde César Juárez y Antonio López Rodríguez, realizaron comentarios fuera de lugar”, finalizó la víctima en su denuncia penal.