La nueva Ley de Desaparición en BCS desató indignación tras su aprobación en el Congreso del Estado: “no nos consultaron, no nos representan” acusaron los integrantes del colectivo.
La Paz, Baja California Sur.- La aprobación en primera lectura de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en Baja California Sur encendió una tormenta política y social.
Lejos de ser recibida como un avance, la iniciativa lanzada el 5 de febrero desde el palacio legislativo fue duramente cuestionada por colectivos de búsqueda, quienes tundieron en redes sociales a diputadas y diputados del Congreso local, acusándolos de legislar desde el escritorio y de espaldas a las víctimas.
Mientras desde tribuna se hablaba de “un paso importante para la verdad y la justicia”, y de “proteger los derechos humanos de las y los sudcalifornianos frente a conductas que afectan la paz social, la tranquilidad de la personas y el tejido familiar”, en plataformas digitales el mensaje fue otro, enojo, desconfianza y hartazgo.
Los integrantes de Búsqueda X La Paz criticaron duramente a la diputada de MORENA Guadalupe Vázquez, luego de dar a conocer el dictamen en su página oficial de Facebook.
El reclamo fue directo: “No nos representan”, “Legislan sin escuchar a las víctimas”, “No necesitamos discursos, necesitamos resultados”, fueron algunos de los reclamos del colectivo.
El dictamen fue presentado bajo el lema “Por las personas que nos faltan”, con el argumento de que la nueva ley busca modernizar las acciones de búsqueda, fortalecer la coordinación institucional, incorporar herramientas tecnológicas y establecer obligaciones claras para combatir la impunidad.
Sin embargo, colectivos integrados por madres, padres y familiares de personas desaparecidas señalaron que no fueron consultados de manera real, ni incluidos en la construcción del marco legal, pese a ser quienes realizan la búsqueda en campo, abren brechas, localizan fosas y suplen las omisiones del Estado.
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Desde el Congreso se defendió la iniciativa como un instrumento que garantiza que nadie se quede sin buscar, sin investigar y sin responder, y que coloca del lado de las víctimas a la dignidad, la verdad y la justicia.
Pero los colectivos contrastan ese discurso con la realidad: búsquedas financiadas con recursos propios, acompañamiento institucional limitado o inexistente, investigaciones estancadas y un rezago histórico en identificación forense.
Para ellos, una ley sin presupuesto suficiente, sin participación directa de las familias y sin mecanismos claros de rendición de cuentas, corre el riesgo de convertirse en letra muerta.
Tras la aprobación en primera lectura, los posicionamientos de diputadas y diputados fueron inundados por comentarios críticos. Colectivos cuestionaron que se hable de “mayor coordinación” cuando en la práctica siguen enfrentando burocracia, retrasos y falta de voluntad política.
La exigencia fue clara:
–No más simulaciones.
-No más leyes sin víctimas.
–No más aplausos legislativos mientras las familias siguen buscando solas.
Aunque el proceso legislativo continúa, la advertencia de los colectivos es contundente: Si la ley no se corrige, no se abre al diálogo real y no se construye con quienes viven la desaparición todos los días, el Congreso de Baja California Sur cargará con la responsabilidad política y moral de haber legislado sin escuchar a quienes más importan.
