El ex funcionario Javier Armando "N", enfrenta proceso penal tras simular transferencias y vaciar recursos públicos de la Auditoría Superior de BCS.
La Paz, Baja California Sur.- Un ex alto funcionario de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur fue vinculado a proceso por el delito de peculado, tras revelarse un esquema de desvío que supera los 10.5 millones de pesos.
Se trata de Javier Armando Ramírez Manjarrez, alías “El Cilantro“, quien fungía como titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Un Juez de Control en La Paz determinó que existen elementos suficientes para procesarlo penalmente, por lo que permanecerá recluido en el CERESO local, donde ya enfrentaba otro proceso por corrupción.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción destapó un mecanismo sofisticado: entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021, el imputado habría ejecutado 178 transferencias bancarias usando un token institucional para simular envíos al Congreso estatal. En realidad, el dinero terminaba en cuentas de familiares directos.
El daño al erario asciende a $10,500,771.78 pesos, una cifra que exhibe la magnitud del presunto saqueo desde dentro de una de las instituciones encargadas de vigilar el uso de los recursos públicos.
Pero el escándalo no termina ahí. Las autoridades confirmaron que la investigación sigue abierta para identificar a más involucrados en la red de desvío, señalando directamente a quienes habrían recibido el dinero de forma ilícita.
El historial del imputado revela una carrera prolongada en áreas financieras del gobierno estatal, con cargos en el Instituto de Capacitación del Estado (ICATEBCS) y el Instituto Nacional de Vivienda (INVI) en Baja California Sur, donde también fue señalado por irregularidades que ya lo mantenían bajo proceso.
Mientras la Fiscalía aseguró contundentemente que -“el corrupto tendrá castigo”-, la exigencia ciudadana crece: recuperar el dinero robado y castigar a todos los responsables de uno de los casos de corrupción más escandalosos en la entidad.
El delito de peculado, tipificado en el Código Penal estatal, contempla sanciones severas que podrían incluir prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por ahora, el proceso avanza y el ojo público está puesto sobre toda la red que operó el desfalco.
