La Paz, Baja California Sur.– Acorralado, después de que MetrópoliMx, hiciera publico que el gobierno de Baja California Sur, había clasificado como “reservada la información” del proveedor de las auditorias al ex gobernador Carlos Mendoza Davis, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, no tuvo más remedio que salir a confesar públicamente cómo y de qué manera escondió la información, a espaldas del pueblo.
“Nos acogimos a uno de los artículos (sic) de transparencia de cinco años (sic) porque es la oportunidad que teníamos de evitar fuga de información”, citó cínicamente, tras ser cuestionado por reporteros sobre la decisión de reservar por cinco años el nombre del proveedor, el curriculum y el contrato.
Durante una conferencia de prensa en la casa de gobierno de El Caimancito, donde desde luego, MetrópoliMx fue excluido para evitar incomodar a Víctor Castro, el gobernador vio como “una oportunidad” esconder la información en vez de promover la transparencia en su administración.
El propio gobernante no supo ni decir el nombre del artículo utilizado para reservar la información y mucho menos explicar el proceso de clasificación.
Lo que sí hizo, en su desesperación por tratar de revertir las duras críticas sociales de encabezar un gobierno obscuro y opaco, completamente contrario a los principios de la 4T de “No Mentir”, “No Traicionar” y “No Robar”, fue exhibir el principal argumento del propio «Comité de Transparencia» de la Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur, cuando acordó clasificar la información.
Es decir, el gobernador admitió que ordenó reservar la información del proveedor, no porque “obstruyera las actividades de fiscalización, inspección, comprobación y auditorías”, sino por temor a que la información fuera publicada.
Peor aún.
Tras ser informado del juicio que este medio de comunicación promovió esa misma mañana en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el gobernador soltó que revelaría el nombre del proveedor, una vez que, termine la auditoría, lo que va en contra de la decisión del «Comité de Transparencia» de la Secretaría de Finanzas y Administración, quien textualmente ordenó:
“Se aprueba la clasificación de la información como reservada, y se instruye a la Dirección de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de Finanzas y Administración, clasificar como INFORMACION RESERVADA, aquella contenida en los contratos GBCS/2021-02-CA-05E-06-041 y GBCS/2021-02-CA-090-23-042 y curriculum de la empresa auditora externa, por un periodo de 5 AÑOS, a partir de la fecha del presente acuerdo”.
Finalmente, con un evidente falso discurso, dijo que una vez que tenga los resultados de la auditoria pondrá la documentación a disposición de Contraloría del Estado, “sin buscar venganzas”, sino solo hacer cumplir la Ley.
