Ciudadanos cercan reunión del Consejo del Parque Nacional Bahía de Loreto, mientras diputados, alcaldesa y organizaciones civiles exigen tumbar el decreto federal.
Loreto, Baja California Sur.- Decenas de ciudadanos, jóvenes, ambientalistas, cooperativas pesqueras y colectivos sociales se manifestaron este jueves afuera de una sesión extraordinaria del Consejo Asesor del Parque Nacional Bahía de Loreto para exigir la abrogación inmediata del decreto federal que convirtió al puerto local en puerto de “altura y cabotaje”.
Mientras las autoridades municipales, federales, representantes ciudadanos y organizaciones discutían el polémico proyecto a puerta cerrada, afuera del recinto se desarrolló una protesta pacífica cargada de consignas, pancartas y mensajes de rechazo contra la medida impulsada por el Gobierno Federal.
“¡Loreto no se vende!”, “¡El mar no se negocia!” y “¡Fuera megacruceros!” fueron algunas de las consignas lanzadas por manifestantes que exigieron frenar lo que consideran una amenaza directa contra uno de los ecosistemas marinos más importantes de México.
La indignación social sigue escalando desde la publicación del decreto federal del pasado 10 de abril, mediante el cual Loreto dejó de operar únicamente como puerto de cabotaje nacional para convertirse también en puerto de altura, permitiendo la llegada de embarcaciones internacionales, cruceros, yates y buques de carga.
La medida ha encendido las alarmas entre los habitantes y sectores productivos, quienes advierten que el cambio podría transformar radicalmente el equilibrio ambiental y turístico de la región.
Loreto alberga una de las Áreas Naturales Protegidas más valiosas del país, hábitat de especies emblemáticas como ballenas, delfines, lobos marinos y aves marinas protegidas.
Cooperativas pesqueras y prestadores turísticos temen que el aumento del tráfico marítimo provoque derrames de combustibles, contaminación marina, ruido submarino, saturación turística, presión sobre el agua y los residuos, y afectaciones irreversibles a especies protegidas.
En medio del conflicto, la diputada panista, Guadalupe Saldaña Cisneros, confirmó que promovió un amparo contra el decreto presidencial y acusó que existen “intereses fuertes” detrás de la modificación portuaria.
“Yo sí veo esto muy enredado… hay gato encerrado en todo esto”, declaró la legisladora, quien cuestionó que el cambio se realizara sin consultar a la ciudadanía loretana.
La diputada también exigió que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas explique cómo se autorizó la modificación y cuáles serán las consecuencias ambientales para la región.
La alcaldesa, Paz Ochoa Amador, reveló que el Ayuntamiento prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para intentar derogar el decreto federal.
La edil aseguró que el gobierno municipal desconocía completamente la modificación y negó cualquier acuerdo político previo. “No estoy jugando doble carta”, afirmó.
El Ayuntamiento mantiene una postura distinta a la del gobierno estatal y confirmó que analiza todos los mecanismos legales posibles para frenar el proyecto.
El diputado federal, Francisco Pelayo Covarrubias, también se sumó a la ofensiva legal y política contra el puerto de altura. El legislador exigió a la titular de SEMARNAT, Alicia Bárcena Ibarra, explicar públicamente por qué se permitió una decisión que –afirmó– pone en riesgo un Área Natural Protegida de relevancia internacional.
Pelayo advirtió que el hábitat de la ballena azul y otras especies marinas podría verse comprometido si aumenta el tráfico de megacruceros en la zona.
Por su parte, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, aseguró que el cambio corresponde únicamente a un ajuste administrativo y sostuvo que no existe intención de afectar el Área Natural Protegida de Loreto.
Incluso afirmó que el decreto no implica automáticamente la llegada inmediata de megacruceros o embarcaciones de gran escala. Sin embargo, las declaraciones no lograron frenar el enojo ciudadano.
Especialistas advierten que la categoría de puerto de altura abre la puerta a futuras obras de infraestructura marítima de gran escala, incluyendo nuevos muelles, canales de navegación, terminales especializadas, grúas de carga y sistemas de control portuario.
Para miles de loretanos, el verdadero temor no es solamente el decreto, sino el modelo de desarrollo que podría imponerse después. Mientras las autoridades federales defienden la medida como una oportunidad económica, los ciudadanos y las organizaciones aseguran que Loreto no necesita megacruceros para crecer y que su verdadera riqueza está en la conservación ambiental, el turismo sustentable y el equilibrio natural del Mar de Cortés.
