Las centrales de CCI y de la Termoeléctrica de Punta Prieta de la CFE no acreditaron los niveles de contaminación, además de operar sin registros y sin control.
La Paz, Baja California Sur.- Dos de las principales centrales de generación eléctrica operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la capital del estado, fueron sancionadas por contaminación ambiental e irregularidades detectadas en las plantas de energía.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) impuso multas por más de 1.2 millones de pesos a la Central de Combustión Interna (CCI) y a la Central Termoeléctrica de Punta Prieta, luego de confirmar que no pudieron demostrar que cumplen con los límites máximos de contaminación permitidos por la ley.
El señalamiento no es menor, ya que las plantas operan sin acreditar que sus emisiones estén dentro de los parámetros que protegen la salud de la población. Detrás de esta sacudida ambiental está el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que reveló que las inspecciones destaparon un cúmulo de irregularidades alarmantes.
Entre ellas la falta de registros clave sobre su operación, omisiones en reportes de emisiones contaminantes y la ausencia de información que permita verificar niveles reales de contaminación. En la CCI de La Paz, la situación es alarmante. No existen registros claros sobre el consumo de combustibles ni seguimiento al funcionamiento de equipos diseñados para controlar emisiones.
Pero el panorama en Punta Prieta no es el mejor. Ahí, además de las mismas omisiones, se detectó la falta de reportes sobre los sistemas encargados de reducir la contaminación, dejando en el aire –literalmente– el impacto ambiental real de la planta.
Las sanciones ya fueron aplicadas:
1-610 mil 956 pesos para la CCI.
2-678 mil 849 pesos para la Termoeléctrica de Punta Prieta.
Sin embargo, el escándalo no termina ahí. Este caso fue reactivado gracias a un juicio de amparo promovido por el CEMDA, luego de que la PROFEPA intentara cerrar una denuncia ciudadana presentada en 2023… sin realizar las inspecciones correspondientes.
Fue una jueza federal quien ordenó reabrir el expediente, obligando a las autoridades a hacer lo que no habían hecho: investigar. Hoy, el resultado exhibe lo que por años fue denunciado. Ante este panorama, la Alianza por la Calidad del Aire –integrada por diversas organizaciones civiles– lanzó una advertencia directa: las multas no bastan.
Exigen una estrategia integral que obligue a las plantas a operar correctamente y, sobre todo, que acelere la transición hacia energías limpias en Baja California Sur. Porque mientras las irregularidades se acumulan en los archivos, la contaminación podría estar acumulándose en el aire que respiran miles de paceños. Y esta vez, ya no hay cómo ocultarlo.
