Errores oficiales tiraron el proceso penal contra un generador de violencia que supuestamente era el objetivo prioritario de la Mesa de Seguridad Estatal en Baja California Sur.
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- El sistema de justicia que existe en Baja California Sur volvió a hacer agua en un proceso penal mal hecho, mal integrado y peor defendido que terminó por dejar en libertad a Cristian Iván “N”, alías “El Cholo 40”, acusado de homicidio en grado de tentativa, luego de que un juez penal determinara que la carpeta de investigación del Ministerio Público era insostenible.
En la audiencia pública realizada el 2 de febrero en Ciudad Constitución, el juez no sólo negó la vinculación a proceso, sino que exhibió las fallas, señaló omisiones graves y reprendió directamente al MP, dejando claro que el caso no resistía el más mínimo análisis jurídico, de acuerdo a los datos de prueba obtenidos por Metrópoli MX.
La acusación –dijo– carecía de pruebas sólidas, lógica procesal y sustento legal. El resultado inmediato fue la libertad para el imputado, y el resultado real otro golpe a la credibilidad de la Fiscalía. “El Cholo 40” no salió libre porque el sistema demostrara su inocencia, sino porque la Fiscalía no supo –o no quiso– hacer su trabajo.
La carpeta presentaba inconsistencias en la narrativa de los hechos, deficiencias probatorias y errores técnicos que hicieron imposible sostener la acusación. El juez fue claro: “no se puede procesar a una persona con expedientes improvisados.”
De acuerdo con informes y valoraciones de la Mesa de Seguridad Estatal, “El Cholo 40” fue clasificado como objetivo prioritario y generador de violencia de alta peligrosidad para Baja California Sur por los siguientes motivos estratégicos:
1-Presunta participación reiterada en hechos violentos.
2-Autoridades lo vinculan con ataques armados, ajustes de cuentas y tentativas de homicidio en distintos puntos del estado.
3-Identificación como generador directo de violencia.
El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, y el procurador de justicia de Baja California Sur, Antonio López Rodríguez, lo catalogaron como actor activo en la escalada de violencia, no como un participante ocasional, sino con señalamientos de liderazgo y operación criminal.
Varios Reportes de inteligencia lo ubicaron como operador clave con capacidad de coordinar agresiones, movilizar células y mantener control territorial con alto riesgo para la seguridad pública.
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Fue clasificado como de alta letalidad por su acceso a armas, capacidad logística y disposición al uso de violencia e impacto directo en la percepción de inseguridad. Su nombre apareció de forma recurrente en reportes de incidencia delictiva, lo que llevó a priorizar su captura para contener brotes de violencia.
Además del interés estratégico para desarticular redes criminales, su detención era considerada clave para romper cadenas de mando y frenar la operación de grupos delictivos en la región. Todo lo que engloba un objetivo prioritario quedó libre por fallas.
Cuando un presunto criminal con estos antecedentes, y peor aún, catalogado como extremadamente mortífero, recupera su libertad por errores del Ministerio Público, el mensaje es devastador:
–La estrategia de seguridad queda debilitada.
–El trabajo de inteligencia se desperdicia.
–Las víctimas quedan en el abandono.
–La impunidad se normaliza.
“El Cholo 40” no fue exonerado, fue liberado por incompetencia procesal.
Este caso no es aislado. En Baja California Sur, varios procesos penales se han caído uno tras otro por la misma razón: carpetas mal integradas. Casos de homicidio, tentativa de homicidio, portación de armas, delitos de alto impacto y hasta delincuencia organizada han terminado en no vinculaciones, libertades anticipadas o absoluciones, no por falta de delitos, sino por fallas del Ministerio Público.
Los jueces encargados de los casos han advertido en repetidas ocasiones que se detectaron pruebas mal recabadas, testimonios mal integrados, cadenas de custodia rotas, hechos mal narrados, acusaciones sin sustento técnico, etc. El resultado siempre es el mismo, imputados libres y víctimas revictimizadas.
