Mateo tenía 16 años cuando fue reclutado para trabajar en campos agrícolas de Baja California Sur. Su historia retrata un sistema donde el hambre recluta, el silencio protege y la impunidad cosecha.
La Paz, Baja California Sur.- El mar borra huellas.
Las olas se llevan la sangre, las lágrimas y los secretos. También las rutas.
Pero aquella mañana del 30 de octubre de 2025 el Mar de Cortés no alcanzó a borrar todas.
Cuando el buque Santa Marcela II atracó en Topolobampo, Sinaloa, entre los pasajeros descendió un muchacho de apenas 16 años.
Su nombre es Mateo.
El joven caminó despacio sobre el muelle.
Llevaba la ropa impregnada de sal, tierra y pesticidas.
No levantó la mirada.
Había aprendido que mirar demasiado puede convertirse en un problema.
Horas después, las autoridades confirmarían el rescate de 27 menores de edad y un joven de 18 años.
La carpeta de investigación quedó abierta por trata de personas con fines de explotación laboral.
Pero para entonces Mateo ya llevaba meses siendo invisible.
Su historia no comenzó en el barco.
Comenzó donde empieza casi siempre.
En un pueblo indígena de Chiapas donde el hambre tiene nombre y apellido.
Hasta allá llegó un hombre.
Nunca vestía uniforme.
Nunca decía pertenecer a una empresa.
Mucho menos al gobierno.
Simplemente ofrecía trabajo.
Prometía salarios que parecían imposibles.
Casas.
Comida.
Escuelas.
La oportunidad de ayudar a la familia.
Cuando uno nace donde el maíz apenas alcanza para sobrevivir, la esperanza suele sonar más fuerte que la desconfianza.
Mateo subió al autobús creyendo que iba a trabajar.
No sabía que estaba entrando a una cadena donde cada persona tiene precio.
Durante el trayecto conoció a otros adolescentes.
Algunos venían de Oaxaca.
Otros de Veracruz.
De Guerrero.
De Michoacán.
Todos compartían el mismo destino.
Y la misma necesidad.
Algunos llevaban documentos alterados.
CURP falsas.
Actas modificadas.
No importaba quiénes eran.
Importaba que parecieran mayores de edad.
Que nadie hiciera preguntas.
Que cruzaran.
Las entrevistas realizadas posteriormente por la Vicefiscalía Regional Zona Norte de Sinaloa revelarían que todos coincidían en una misma historia.
Habían trabajado durante meses en campos agrícolas de Comondú y posiblemente también de La Paz.
No llegaron por accidente.
Fueron llevados.
Alguien organizó el traslado.
Alguien cobró por cada uno.
Alguien los esperaba.
Mateo aprendió pronto que el sol de Baja California Sur puede quemar igual que el silencio.
Las jornadas parecían no terminar nunca.
La tierra se pegaba a las manos.
Los pesticidas al cuerpo.
El cansancio a los huesos.
Y aun así seguía siendo un niño.
Aunque para todos los demás ya sólo era un jornalero más.
Después vino el regreso.
Pero tampoco fue normal.
No volvieron por carretera.
Cruzaron el Mar de Cortés.
Los investigadores comenzaron entonces a reconstruir una posibilidad inquietante.
La ruta marítima podría estar siendo utilizada para evitar retenes, inspecciones y controles migratorios.
El mar no sólo servía para transportar personas.
También para esconderlas.
Hubo incluso una versión según la cual el grupo había quedado “varado” y pidió ayuda.
Para varios investigadores consultados, esa explicación pudo funcionar como una cortina de humo.
Porque un rescate provoca compasión.
Una red de esclavitud provoca responsabilidades.
Mientras Mateo recuperaba lentamente la libertad, otra realidad comenzaba a emerger.
La senadora Susana Zatarain lanzó una frase que aún resuena.
“Alguien los llevó. Alguien cobró. Y alguien lo permitió.”
Las cifras parecían darle la razón.
Durante todo un año únicamente se realizaron 66 inspecciones laborales en los campos agrícolas de Baja California Sur.
Sesenta y seis.
Para vigilar alrededor de 31 mil hectáreas agrícolas.
La desproporción resulta demoledora.
Más aún cuando el propio gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reconoció públicamente lo que durante años había sido un secreto a voces.
Cuando llegan las inspecciones…
Los menores desaparecen.
Los esconden.
Como si fueran herramientas.
Como si fueran mercancía.
Como si nunca hubieran existido.
“Parecen campos de concentración“, dijo.
No necesitó agregar nada más.
Pero Baja California Sur ya había visto esa escena.
En 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó a más de 200 jornaleros tarahumaras víctimas de trata con fines de explotación laboral en ranchos agrícolas de Comondú.
La investigación derivó en la Recomendación 28/2016.
Hubo diagnósticos.
Pronunciamientos.
Compromisos.
Mesas de trabajo.
Diez años después…
otro barco.
otros adolescentes.
la misma historia.
Las estadísticas tampoco hablan de hechos aislados.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró un incremento de 15.5 por ciento en delitos relacionados con trata de personas y corrupción de menores entre 2024 y 2025 en Baja California Sur.
La CNDH advirtió además que más de la mitad de las víctimas de trata en la entidad son niñas, niños y adolescentes.
Mateo nunca aparecerá en esos porcentajes.
Para la estadística será apenas un número.
Para el expediente, un folio.
Para la red que lo reclutó, una ganancia.
Y para el campo donde trabajó, mano de obra reemplazable.
Quizá lo más doloroso apareció después.
Un trabajador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aceptó hablar bajo condición de anonimato.
No temía a los tratantes.
Temía a las instituciones.
Su testimonio reveló que los menores nunca pudieron ser atendidos en Baja California Sur porque el estado carecía de refugios especializados para víctimas de trata.
Por eso terminaron en Sinaloa.
No porque allí hubieran sido explotados.
Sino porque el estado donde presuntamente ocurrió la explotación no tenía dónde protegerlos.
También denunció la desaparición de visitadurías regionales precisamente en Comondú, donde se concentra la mayor actividad agrícola.
Y habló de presuntos actos de corrupción durante inspecciones laborales.
Son señalamientos que no han sido acreditados judicialmente, pero cuya gravedad exige una investigación profunda.
Mientras tanto, los jornaleros siguen callando.
Porque denunciar significa perder el empleo.
El salario.
El transporte de regreso.
La posibilidad de enviar dinero a casa.
Así funciona el miedo.
No necesita cadenas.
Sólo hambre.
Mateo ya no está en aquellos campos.
Pero otros ocupan hoy el lugar que dejó.
Otros niños.
Otros adolescentes.
Otros nombres que tampoco conoceremos.
Porque el verdadero triunfo de estas redes criminales nunca ha sido mover personas.
Ha sido acostumbrarnos.
Lograr que un niño trabajando bajo el sol deje de escandalizar.
Que un adolescente indígena viviendo entre láminas parezca parte del paisaje.
Que esconder menores antes de una inspección se vuelva rutina.
Que la esclavitud sobreviva disfrazada de trabajo agrícola.
Aquella mañana del 30 de octubre de 2025 no atracó únicamente un barco en Topolobampo.
Atracó una prueba.
La prueba de que decenas de niñas y niños siguen cruzando México no para perseguir un sueño, sino para convertirse en mano de obra invisible.
El mar intentó borrar sus huellas.
No pudo borrar la deuda del país con ellos.
