San José del Cabo/Baja California Sur.- El 26 de septiembre de 2013, durante el gobierno del entonces alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, el cabildo aprobó en la sesión ordinaria permanente No. 39, un Punto de Acuerdo, solicitando la revocación de la concesión 01BCS105252/06EDDL10, otorgada a favor de Hilario Vargas Espinoza para –según la justificación del gobierno municipal- rescatar una superficie con 7 mil 028.11 metros cuadrados en el cauce del arroyo “Costa Azul” en Los Cabos.

El argumento, según el acta del Punto de Acuerdo, bajo el número de expediente 326-XXXIX-2013, era para que la empresa Tokase Propierties S. de R.L de C.V.
creara el proyecto denominado “Parques de Costa Azul”, ubicado en el kilómetro 28.3 de la carretera transpeninsular de Cabo San Lucas a San José del Cabo, a un costado del Puente Costa Azul.

Casualmente, y de acuerdo a la excusa, “esta playa es la que resulta idónea por la superficie que representa de crear los parques Norte y Sur, puesto que el arroyo presenta el acceso más amplio a la playa y las obras de encauzamiento, producirán o crearán las superficies aprovechables que servirán para el establecimiento de los parques, los cuales impactarán positivamente en esta área de playa”.

Por estas razones es que el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, debe insistir en la consecución y ejecución del proyecto planeado. Por lo que se debe solicitar a la CONAGUA, proceda a revocar la concesión otorgada al señor Hilario Vargas Espinoza”, explicó el secretario general en aquel entonces del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Jesús Druk González, en un escrito al síndico Oswaldo Murillo Martínez.

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El Proyecto

La compañía que mostró un inusitado interés en desarrollar el proyecto “Parques de Costa Azul”, según pruebas documentales obtenidas durante una investigación de MetrópoliMx—era un negocio especializado en servicios inmobiliarios, concretamente en venta de bienes y raíces, localizada en Cabo San Lucas.

Sin explicar claramente cuándo, cómo, porqué, para qué y cuánto dinero invertiría en esa zona de playa, de manera por demás sospechosa, la empresa encabezada por Stephen Lesue Berman, según el acta constitutiva obtenida por MetrópoliMx, solo se limitó a “manifestar su interés de llevar a cabo con recursos propios y sin costo para el Municipio de Los Cabos, la construcción de la obra de encauzamiento del arroyo Costa Azul y dos parques públicos denominados Parque Norte y Parque Sur”.

Desde luego, el supuesto proyecto de “Parques Costa Azul”, no tenía ni pies ni cabeza. Carecía de una estimación de inversión, y también de un proyecto ejecutivo con datos concretos.

Cuando mucho, vagamente describía:

Parque Norte: Jardín Recreativo: “Será un parque familiar para la familia (sic) y los niños y el esparcimiento en general que se crea a partir de una plantación de árboles regionales paralelos al muro de contención, generando un orden visual desde el exterior. Sin embargo, al entrar al parque, el sinuoso camino parece juguetear entre los árboles y llevarlos hasta la playa, recorriendo áreas de juegos, bancas, baños, áreas jardinadas desérticas. Al final, una área de sombrillas permanentes para disfrutar de los eventos de surf, las rampas permiten el acceso rápido a la playa”.

Parque Sur: Jardín Contemplativo: “Se desarrolla a partir de un camino recto y franco desde el inicio hasta la playa, flanqueado por alta y esbeltas palmas datileras. En el cual, a cada paso, se va describiendo el jardín del lado derecho que va mostrando plantas desérticas de la región. Al final del camino está pequeña plazoleta, donde se erige una pequeña escultura del lugar y sirve como marco e invitación para exhibición de eventos culturales eventuales. Por último, encontraremos las rampas para accesar a la playa que en sus mismos desniveles va creando bancas para poder contemplar la maravillosa vista”.

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La mano de Los Agúndez

Desde un principio, el proyecto de “Parques de Costas Azul”, tenia un tufo de corrupción, por dos razones:

La primera es que una empresa originaria aparentemente de Estados Unidos, y bajo fuertes sospechas de estar ligada a Narciso Agúndez Montaño, pretendiera despojar de una concesión de más de 7 mil metros de playa a su propietario original, bajo argucias legaloides, traficando con influencias y utilizando instituciones gubernamentales para conseguir su objetivo.

La segunda es que nadie alcanzaba a entender porqué y para qué la empresa creada en 2006, y la cual no tenía intereses ni establecido ningún tipo de negocio por la zona, buscaba invertir en un supuesto parque y una supuesta obra de canalización, sin obtener nada a cambio.

Lo anterior resultaba hartamente sospechoso e increíble.

Era más que evidente el interés de Tony Agúndez, por despojar de la concesión a Hilario Vargas Espinoza a través de esa compañía especializada en vender bienes inmuebles, ubicada en la calle Hidalgo esquina con Emiliano Zapata en Cabo San Lucas.

Lo más grave de todo es que –según la lista de concesiones actualizada en el gobierno de José Antonio Agúndez Montaño en el ejercicio fiscal de 2014, obtenida por MetrópoliMx—la compañía Tokase Propierties S. de R.L de C.V., habría sido inscrita en el padrón como concesionaria desde el 29 de agosto de 2011, con una vigencia de 15 años, según el permiso DGZF-770/11, y con una extensión de 2 mil 791.18 metros cuadrados en Costa Azul.

Es decir, casi dos años antes de solicitar la revocación de la concesión de Hilario Vargas Espinoza, lo que dejaba entrever lo turbio del caso.

Y es que nada es casualidad.

Sospechosamente, en el ocaso del gobierno del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, el 4 de abril de 2011, el Ayuntamiento de Los Cabos, a través del oficio SM/196/2011, solicitó (desde ese entonces) permiso para la construcción de la obra de la supuesta canalización del arroyo “El Alamito”, mejor conocido como “Costa Azul”. Caso integrado al número de expediente BCS-L-0049-04-04-11, obtenido por este medio de comunicación.

Lo que es más que evidente es que el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, tuvo mucho qué ver para que la empresa inmobiliaria lograra conseguir el permiso de concesión de esa playa. Casi 4 meses después de haber sido inscrita irregularmente por su hermano José Antonio Agúndez Montaño en el padrón de concesionarios de playa.

De tal modo que el 12 de enero de 2012, el Director Local del Organismo de Cuenca Península de Baja California, la Dirección Local de Baja California Sur y la Subdirección de Asistencia Técnica Operativa de Conagua, firmaron la autorización y otorgaron el permiso de construcción. Bajo el oficio B00.00.E02.05.05.-226, contemplando el tramo comprendido desde el puente denominado Costa Azul hasta la desembocadura al mar.

Afortunadamente, la licencia no pudo ser asignada en ese entonces. Durante la revisión realizada a las concesiones de terrenos federales en la zona, fue detectada la existencia de la concesión a favor de Hilario Vargas Espinoza, bajo el título 01BCS105252/06EDDL10.

Por lo anterior, el permiso se traslapó con la concesión en su totalidad, con el área en donde se pretendía construir la obra de construcción. Lo que resultó a todas luces irregular.

Por esta razón, el hoy ex alcalde José Antonio Agúndez Montaño, casi por nada, retomó el caso para empujar el proyecto, buscando dos cosas:

La primera es que el cabildo aprobara el Punto de Acuerdo para que el XI Ayuntamiento de Los Cabos, solicitara oficialmente a la CONAGUA, revocar la licencia de concesión a Hilario Vargas Espinoza. Vargas, ahora convertido en un obstáculo para los planes de Los Agúndez.

La segunda es lograr que la compañía Tokase Propierties S. de R.L de C.V, fuera la concesionaria legal del cause del arroyo “Costa Azul”. Con el pretexto de la obra de construcción del supuesto “Parques de Costa Azul” y la obra de canalización.

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El Nuevo Proyecto

Sin embargo, el proyecto de “Parques de Costa Azul”, y su muro de contención, finalmente, no prosperó en aquel tiempo. Después de que el candidato de Narciso Agúndez Montaño, Luis Armando Díaz, perdiera la elección a gobernador de Baja California Sur en el 2011.

Los planes y proyectos fueron postergados.

Derrotado política y moralmente. Tras ser perseguido y encarcelado por el delito de peculado, Narciso Agúndez, después de apropiarse de 7 predios en el Pedregal de Cabo San Lucas, a través de prestanombres, como en su momento, lo hizo con áreas verdes, cuando fue alcalde de Los Cabos, por medio de Jaime Leobardo López Chinchias, se retiró temporalmente de la política.

El proyecto de la compañía Tokase Propierties S. de R.L de C.V, se esfumó y no se supo más de él, hasta el 13 de febrero de 2019, cuando el proyecto fue retomado nuevamente.

En este segundo intento, y bajo un nuevo concepto, el gran interesado en invertir era otra compañía: SBJG Propierties, S.A de C.V, llevando como Representante Legal a Jorge Gorraez Castro.

El empresario de la Ciudad de México, dejando fuera a “Parques de Costa Azul”, únicamente solicitó autorización para construir un muro de contención en el margen del Arroyo de Costa Azul.

La nueva obra para muro de contención y canalización, según el expediente obtenido por este medio de comunicación, sería construido en el predio identificado como Fracción B del predio mayor, conocido como paraje “Costa Azul”, con clave catastral 401-024-014-55, con una superficie de 4 mil 662.518 metros cuadrados. Propiedad escriturada a nombre de “SBJG Propierties, S.A de C.V”.

Hasta este momento, se desconoce cómo la compañía se apropió de ese terreno.

Sospechosamente, la empresa había solicitado la autorización de construcción del muro en la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Los Cabos. Les fue negada bajo el oficio DGDU/144/2019.

El uso de suelo del predio en base al Plan de Desarrollo Urbano, no permite construcción de obra fija sobre cauce de arroyo”.

Dos meses después, el 8 de abril de 2019, casualmente, el caso llegó a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente, encabezada por los regidores Tabita Rodríguez Morales, Irene Román Salgado y José Julio Belmar Pimentel Amador.

Por increíble que parezca, y tras reingresar el trámite, sospechosamente, el dictamen salió a favor de la compañía SBJG Propierties, S.A de C.V. Podía construir un muro de contención de altura máxima 3.25 metros de alto y 629.89 metros cuadrados de largo.

Bajo engaños y evidente pago de “moche”, el argumento de la comisión edilicia, según el dictamen, es que la empresa había solicitado una Licencia de Construcción del muro de contención, y “erróneamente”, la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Los Cabos, negó el permiso porque creyó que la solicitud era para “el uso de suelo”. Lo que resulta inverosímil.

La comisión edilicia expuso que la compañía había presentado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), expedida por Semarnat y el permiso de construcción de obra en el cause de arroyo y Zona Federal Marítimo Terrestre, avalada por la Conagua. Además de “presentar todos los estudios técnicos necesarios para la construcción del muro de contención”.

Derivado de lo anterior, se deduce que cumple con los requisitos necesarios para que el Ayuntamiento de Los Cabos, le otorgue la Licencia de Construcción”, citaron los regidores Tabita Rodríguez Morales, Irene Román Salgado y José Julio Belmar Pimentel Amador.

La regidora del PRI, Tabita Rodríguez Morales, retomó sospechosamente el caso. A sabiendas de que el Plan de Desarrollo Urbano, no permite la construcción de obra fija en cause de arroyo.

Aún así, y conocedores de esta situación, tanto la alcaldesa Jesús Armida Castro Guzmán, como 8 regidores más, llevados por la ambición y el dinero fácil, votaron de la siguiente manera:

A favor:

1.- Jesús Armida Castro Guzmán, alcaldesa de Los Cabos.
2.- Regidores: Flavio Antonio Olachea Montaño; Ana Georgina Roldán Aviña; Israel López Martínez; Isabel Dolores Teodora Castro Aguirre; Christian Agúndez Gómez (hijo de Narciso Agúndez y sobrino de José Antonio Agúndez); José Julio Belmar Pimentel Amador; Jorge Armando López Espinoza y Tabita Rodriguez Morales.

En Contra:

1.- Los regidores Irene Román Salgado, Irene Berenice Serrato Flores y Héctor Torres Tovar.

Abstención:

1.- El síndico municipal de Los Cabos, Mario Alejandro Fernández Briseño.

Tras el aval del cabildo del gobierno de Jesús Armida Castro Guzmán. La compañía SBJG Propierties, S.A de C.V., inició el proceso de construcción del muro de la corrupción.

El Escándalo

Cuando apenas iniciaba la construcción, la compañía SBJG Propierties, S.A de C.V., rápidamente enseño el cobre, respecto de sus verdaderas intenciones. Estalló el escándalo por tomar indebidamente en poco más de mil metros cuadrados del cauce del arroyo y la playa de Costa Azul. Lo que no estaba en el proyecto.

Lo anterior, generó la movilización de la sociedad cabeña en su conjunto. Hubo manifestaciones y marchas en la zona del arroyo. Tras darse cuenta, que al estilo de Los Agúndez, estaban despojando tanto al arroyo como a la playa de más de mil metros cuadrados. Con otras intenciones muy distintas a la de solo un muro.

La sociedad cabeña salió a defender la playa Costa Azul. Evidenciando la corrupción galopante dentro del gobierno de la actual alcaldesa de Los Cabos, Jesús Armida Castro Guzmán. Particularmente por “haber autorizado indebidamente la construcción de la obra fija sobre el cause del arroyo”, violentando el Plan de Desarrollo Urbano.

La responsable de dictaminar el proyecto, Tabita Rodríguez Morales, tras estallar el escándalo, solicitó de manera sospechosa licencia temporal para “separarme del cargo y poder atender asuntos de carácter personal”.

La licencia fue del 7 de enero al 7 de febrero de 2021.

Atrapados y acorralados por la sociedad, el síndico municipal de Los Cabos, Mario Alejandro Fernández Briseño, anunció que buscarían revocar la Licencia de Construcción.

Sin embargo, tras regresar, la regidora Tabita Rodríguez Morales, se mostró sorprendida porque la compañía “agarró mil metros cuadrados de más”. En una zona que no estaba considerada en el proyecto, denunció.

Tras la presión social, tuvo que presentar el pasado 22 de febrero una denuncia penal en contra de la compañía SBJG Propierties, S.A de C.V. Asentada en la Carpeta de Investigación FED/BCS/CSL/0000154/2021. Hasta el momento, la sociedad percibe que es parte de un circo mediático. Como lo fue la supuesta clausura de la obra el pasado 19 y 20 de febrero. Mientras la empresa seguía construyendo sin que nadie pudiera detener la obra.

El mismo circo mediático implementó Conagua, responsable de haber autorizado la obra. Envió a inspectores a revisar las mojoneras y revisar que la obra se estuviera llevando a cabo, tal y como había sido autorizado.

Lo único que sí es que la sociedad inició una campaña de recaudación de firmas para solicitar la demolición del muro de contención. Existen serias sospechas de que se planea construir a un lado un hotel & resort, con la concesión de playa obtenida irregularmente en la época de Los Agúndez, actuales operadores políticos del candidato a gobernador de Morena, Víctor Manuel Castro Cosío. Cuya llegada al poder, significaría que este grupo político, siga cometiendo fechorías.

Peor aún.

Después de estallar el escándalo, salieron a relucir propiedades en la zona a nombre de prestanombres del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño. Las cuales se suponía eran áreas verdes en la playa de Costa Azul.

Es el caso de un terreno con la clave catastral 401-024-015-077. Escriturado el 18 de mayo de 2018 a favor de Jaime Leobardo López Chinchias, identificado públicamente, como prestanombres de Narciso Agúndez Montaño.

En ese mismo día, y de manera sospechosa, otro predio con la clave catastral 401-024-015-078 fue registrado a nombre de Marco Antonio Núñez Chávez.

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