El colectivo Búsquedas San José del Cabo señala complicidad entre elementos de la policía municipal y el encargado del anexo "María Loreto León Beltrán", por supuestos casos de retenciones de personas sin autorización de sus familias.
San José del Cabo, Baja California Sur.- Bajo la sospecha de que pudiera haber más personas retenidas contra su voluntad, integrantes del colectivo Búsquedas San José del Cabo tomaron las afueras del centro de rehabilitación María Loreto León Beltrán, ubicado en la colonia Guaymitas, para exigir la intervención urgente de las autoridades estatales.
La protesta estalló tras darse a conocer el presunto rescate del joven Jesús Enrique Torres García, que, de acuerdo con la líder de la agrupación, Rosalba Ibarra, habría sido privado de la libertad en la comunidad de La Ribera por elementos de la Policía Municipal en complicidad con el director del anexo operado a nivel nacional por la red CRAADYR.
De acuerdo con las declaraciones de Ibarra, las integrantes de su colectivo intervinieron directamente para arrebatar al joven de las instalaciones antes de que sufriera un daño mayor. La activista arremetió frontalmente contra las autoridades locales por la inacción ante la gravedad de la denuncia:
“Los colectivos de búsqueda, descubrimos que el director junto con policías municipales levantaban gente y levantaron a un muchacho y nosotros se los quitamos de las manos. Está todo notificado, existen pruebas necesarias para vincular a proceso a policías y también al director (…), pero el gobierno no ha hecho más que lo que mejor sabe hacer, hacerse pendejo. Ya pasaron muchos días, el director de aquí ya corrió, ya anda huyendo como la rata que es, pero no hay responsables“, aseveró la líder del colectivo.
El trasfondo del caso expone dos narrativas completamente opuestas sobre el paradero del joven de 31 años:
La versión oficial: Seguridad Pública de Los Cabos afirmó semanas atrás que el joven fue ubicado durante un recorrido preventivo en la colonia Guaymitas al coincidir con el reporte de desaparición, asegurando que solo quedó bajo resguardo preventivo y nunca en calidad de detenido.
La versión del colectivo: Rosalba Ibarra sostiene que la víctima fue privada de la libertad por los propios uniformados desde La Ribera y entregada al director del centro de rehabilitación, lugar donde fue rastreado y extraído por los activistas.
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Ante la posibilidad de que el inmueble sea utilizado para mantener cautivas a más personas de manera ilegal, el colectivo lanzó un ultimátum a las autoridades de procuración de justicia para que ejecuten una orden de cateo o permitan el ingreso supervisado de las familias.
“Exigimos que se nos dé acceso a este lugar, o que venga un operativo con autoridades correspondientes para hacer las revisiones necesarias de este lugar, para saber si no hay más personas secuestradas, estoy segura que sí“, sentenció Ibarra.
Hasta la publicación de este material, ninguna autoridad del Ayuntamiento de Los Cabos ni de la Fiscalía General del Estado ha emitido un posicionamiento oficial sobre los señalamientos directos contra la corporación policial, ni se ha confirmado la situación jurídica del director del establecimiento, conocido en San José del Cabo con el apodo de “La Shakira”.
