La líder del colectivo Búsquedas San José del Cabo, Rosalba Ibarra, denunció que Jesús Enrique Torres García habría sido detenido por policías y posteriormente ingresado a un centro de rehabilitación sin autorización familiar.
Los Cabos, Baja California Sur.– El hallazgo de Jesús Enrique Torres García, quien había sido reportado como no localizado desde el mes de agosto en la comunidad de La Ribera, derivó en una nueva denuncia pública contra presuntos actos de retención ilegal que involucrarían a elementos de la Policía Municipal de Los Cabos y a un centro de rehabilitación.
La noche del 29 de septiembre, Jesús Enrique, de 31 años, apareció bajo resguardo en una comandancia de San José del Cabo. Según el Informe Policial Homologado (IPH), la localización del hombre se logró durante un recorrido de prevención del delito realizado en la colonia Guaymitas, donde elementos de seguridad pública supuestamente lo reconocieron por la ficha de búsqueda difundida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
De acuerdo con el reporte policiaco, Jesús Enrique, ya luciendo con el cabello rapado y sin su barba poblada que mostraba en su cedula de no localización, quedó bajo resguardo de manera preventiva en la comandancia donde fue encontrado. No obstante, Rosalba Ibarra, representante y fundadora del colectivo Búsquedas San José del Cabo, explicó que familiares y testigos habrían aportado información que apunta a que el joven fue detenido por policías municipales aproximadamente 15 días antes de su localización.
La activista aseguró además que posteriormente recibió información según la cual Jesús Enrique habría sido ingresado al centro de rehabilitación CRAADYR #7, sin que, según su denuncia, algún familiar hubiera firmado una autorización para su ingreso.
El caso abrió una acusación todavía más amplia.
Ibarra afirmó que, tras hacer público el caso en redes sociales, comenzó a recibir decenas de mensajes anónimos de personas que aseguran haber vivido situaciones similares en dicho centro. Entre los señalamientos se encuentran presuntas retenciones contra la voluntad de familiares y acusaciones de abuso sexual.
Estas denuncias no han sido acreditadas hasta ahora mediante una resolución judicial o una investigación pública conocida, por lo que corresponde a las autoridades determinar si existen elementos para confirmar o descartar los hechos denunciados.
La representante del colectivo también señaló presuntos vínculos del responsable del centro con funcionarios o ex funcionarios públicos de Los Cabos y afirmó que habría existido participación en otros casos de personas ingresadas sin autorización familiar.
Uno de los puntos que el colectivo exige esclarecer es precisamente cómo terminó una persona reportada como no localizada dentro de un centro de rehabilitación y posteriormente en una comandancia, así como quién autorizó su traslado, bajo qué fundamento legal y durante cuánto tiempo permaneció retenido.
En medio de sus acusaciones, Rosalba Ibarra denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte y responsabilizó de cualquier agresión contra ella o su familia a quienes, según su señalamiento, pudieran estar relacionados con las personas denunciadas.
La activista solicitó además medidas de protección para ella y su familia. Mientras las acusaciones son investigadas, el colectivo Búsquedas San José del Cabo exige que se esclarezca el paradero y las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior localización del joven.
Las autoridades deberán determinar si se cometieron delitos y quiénes serían los responsables.
