En medio de una batalla contra el cáncer de mama, la ex policía municipal Leticia Osuna, denunció que el Ayuntamiento de Mulegé no ha cumplido con su indemnización tras ganar un juicio por despido injustificado.
Mulegé, Baja California Sur.- Desde hace tres años, una mujer que dedicó parte de su vida a la Policía Municipal de Mulegé enfrenta dos batallas que amenazan su tranquilidad y su patrimonio.
Por un lado, Leticia Osuna lucha contra el cáncer de mama triple negativo. Por el otro, busca que el Ayuntamiento de Mulegé cumpla una sentencia que, según denuncia su familia, reconoció que su despido fue injustificado.
La historia fue expuesta por su hija Nathaly Osuna, quien acusa al gobierno municipal de mantener sin cumplimiento una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur, pese a que el fallo fue emitido en noviembre del año pasado y estableció un plazo de cuatro meses para que la autoridad realizara la liquidación correspondiente conforme a la ley.
De acuerdo con el testimonio familiar, al 14 de octubre de 2026 el Ayuntamiento encabezado por Edith Aguilar seguía sin cumplir con esa obligación, mientras la mujer continúa enfrentando los gastos de su tratamiento oncológico lejos de su lugar de origen.
La historia comenzó cuando la mujer se desempeñaba como policía municipal y decidió respaldar a una candidata a la Presidencia Municipal de Mulegé, a quien consideraba una mujer capaz, justa y comprometida con los derechos de otras mujeres.
Después de que la candidata ganó la elección, la agente encontró en ella una fuente de inspiración para superarse profesionalmente. Por decisión propia, comenzó a estudiar una licenciatura en Derecho Penal.
Sin embargo, conforme avanzó en su formación, asegura su familia, empezó a identificar presuntas inconsistencias administrativas, irregularidades, abusos de autoridad y vulneraciones a los derechos laborales dentro de la corporación policial.
Bajo ese ambiente surgió la asociación civil Unión de Policías de Mulegé, cuyo propósito, de acuerdo con el relato, es brindar asesoría jurídica a los agentes que enfrentan injusticias laborales, además de impulsar capacitaciones para mejorar su desempeño.
Pero el camino de la agente habría tomado otro rumbo cuando comenzó a denunciar las irregularidades que observaba. Su familia sostiene que, a partir de entonces, enfrentó acoso laboral que terminó con su separación del cargo.
El argumento oficial para separarla de la corporación habría sido que no acreditó los exámenes de control y confianza, específicamente la evaluación física.No obstante, de acuerdo con el testimonio de su familia, cuando se formalizó su salida también pretendían que firmara una baja voluntaria, a lo que se negó.
Esa decisión dio paso a una batalla legal que se prolongó durante años, hasta que el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur emitió un fallo favorable a la expolicía el 14 de noviembre de 2025.
La resolución, según la información facilitada por sus familiares, determinó que el despido fue injustificado y fijó un plazo de cuatro meses para que el Ayuntamiento de Mulegé realizara el pago correspondiente conforme a la ley.
El plazo venció, pero la familia afirma que la liquidación no ha llegado. Ahora, además de exigir el cumplimiento de la sentencia, cuestiona los recursos que presuntamente se han destinado a multas y procedimientos de amparo que, asegura, han prolongado el conflicto.
La familia pide que se transparente la situación jurídica del caso y se explique por qué, pese al fallo favorable, la obligación continúa pendiente.
Mientras defendía sus derechos laborales ante los tribunales, la mujer recibió un diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos de esta enfermedad que requiere atención especializada.
La situación se agravó cuando, al acudir a su institución médica, el ISSSTE, le informaron que ya no contaba con servicio médico, según el relato de sus familiares.
Ante la necesidad de continuar con su atención, tuvo que buscar alternativas en los servicios públicos de salud y trasladarse a La Paz, capital de Baja California Sur, para recibir tratamiento.
Su proceso ha incluido quimioterapias y una mastectomía, intervención quirúrgica que consiste en la extirpación de tejido mamario. Después de la operación, tuvo que permanecer en la capital del estado para continuar con las sesiones de quimioterapia.
Desde entonces, su familia enfrenta una carga económica que va más allá de los gastos cotidianos. Mantener dos hogares, cubrir transporte, alimentación, medicamentos y estudios particulares cuando las instituciones no cuentan con los insumos o servicios necesarios se ha convertido en parte de una lucha que no admite pausas.
El cáncer no espera a que se resuelva un juicio. Tampoco se detienen los gastos mientras una sentencia permanece pendiente de cumplimiento. La familia sostiene que, mientras la mujer enfrenta su tratamiento, el Ayuntamiento de Mulegé ha recurrido a multas y amparos que han retrasado el pago ordenado en el proceso judicial.
También cuestiona el contraste entre esa situación y los recursos que, según su denuncia, se destinarán a las próximas fiestas del municipio. Hasta este 15 de octubre de 2026, la familia de Leticia Osuna asegura que sigue sin recibir la liquidación y mantiene su exigencia de que el Ayuntamiento acate el fallo.
El testimonio de Nathaly Osuna terminó con una frase que resume el desgaste de estos tres años: “Y solo digo imagínate, porque mi madre, mi hermano y mi familia no nos lo tenemos que imaginar, porque es lo que estamos viviendo desde hace tres años”.
Para ellos, no es una historia hipotética. Es la realidad de una familia que busca justicia mientras una mujer lucha por su salud y espera que una resolución judicial deje de ser papel y se convierta en una respuesta concreta.
