Lo que primero se manejó como un "accidente" dentro de la policía municipal hoy se investiga como feminicidio, mientras el caso comienza a salpicar al gobierno de Los Cabos.
Los Cabos, Baja California Sur.- El presunto feminicidio de la agente de la Policía Municipal Citlali “N”, de 24 años, no solo sacude a la corporación policial de Los Cabos. La detención del ex director operativo de seguridad pública, Edilberto Miramontes Gámez, ha comenzado a revelar un historial polémico que incluye denuncias por abuso de autoridad y señalamientos en narcomantas que lo vinculan con células del crimen organizado en Baja California Sur.
El caso ha generado una ola de indignación luego de que, en un inicio, versiones surgidas dentro de la propia corporación intentan presentar la muerte de la joven oficial como un “accidente con arma de fuego”, pese a que la investigación fue abierta bajo protocolo de feminicidio.
Dentro de la investigación figura como principal testigo el agente de la Policía Municipal Roberto Tamayo Flores, quien, según diversas versiones dentro de la corporación, es considerado mano derecha y confidente de Miramontes. La cercanía entre ambos ha generado suspicacias dentro y fuera de la corporación, ya que Tamayo Flores sería una de las piezas centrales para reconstruir lo ocurrido en el momento del disparo que terminó con la vida de la joven policía.
Conforme el caso ha tomado relevancia pública, también han salido a la luz antecedentes polémicos relacionados con Miramontes. Fuentes policiales y reportes ciudadanos apuntan a que el agente habría sido objeto de diversas denuncias por presuntos abusos de autoridad, situaciones que en su momento generaron inconformidad entre ciudadanos y críticas hacia la corporación.
Pero los señalamientos no terminan ahí.
El 23 y 24 de abril del 2025, el nombre de Miramontes también habría aparecido en narcomantas colocadas estratégicamente en diferentes puntos de alta afluencia peatonal y vehicular en La Paz y Los Cabos, donde grupos criminales lo señalaban de supuestos vínculos con células del crimen organizado que operan en la entidad.
Incluso el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, y el oficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos, Carlos Alberto Beltrán Olmeda, hoy conocido como el “cazabaches”, fueron mencionados en las narcomantas por presuntamente recibir dinero ilícito a cambio de permitir operar a sus anchas a las células delictivas en el destino turístico.
Aunque estos señalamientos no han sido confirmados judicialmente, el hecho de que su nombre haya sido mencionado en este tipo de mensajes ha incrementado la controversia alrededor de su figura dentro de la corporación policial.
La gravedad del caso y las versiones contradictorias que surgieron en las primeras horas han comenzado a salpicar políticamente al Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el presidente municipal Christian Agúndez, así como al secretario general, Alberto Rentería Santana, el único funcionario que dio la cara tras el fallecimiento de la agente, declarando públicamente que se había tratado de un desafortunado incidente durante la limpieza de un arma de fuego.
Es decir, Rentería Santana, trató de explicar que la pistola que manipulaba Edilberto Miramontes se había accionado “por error”, y que la bala impactó en la espalda de Citlali, dejándola gravemente herida. Minutos después la oficial falleció en el hospital.
Diversas voces han cuestionado por qué se intentó posicionar inicialmente la narrativa de un accidente, cuando las circunstancias apuntaban a un hecho mucho más grave.
Las críticas apuntan a que pudo haber existido un intento de proteger al elemento policial o minimizar el impacto del caso, lo que hoy mantiene bajo presión a la administración municipal.
La muerte de la agente Citlali “N” ha dejado al descubierto tensiones internas dentro de la Policía Municipal de Los Cabos, además de abrir interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión dentro de la corporación.
Mientras la investigación continúa, el caso ya ha trascendido el ámbito policial para convertirse en un escándalo político y de seguridad que podría revelar más información sobre la actuación de ciertos elementos dentro de la corporación.
