El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios estatales de pactar con el Cártel de Sinaloa.
Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, a quienes señala de integrar una conspiración de narcotráfico y delitos con armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
La acusación describe una estructura de protección institucional al crimen organizado. De acuerdo con fiscales del Distrito Sur de Nueva York, encabezados por Jay Clayton, los implicados utilizaron sus cargos públicos para:
-Facilitar el envío de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a Estados Unidos.
-Proteger cargamentos de droga.
-Filtrar información sobre operativos militares y policiales.
-Brindar seguridad a actividades delictivas.
A cambio, habrían recibido sobornos millonarios.
“El Cártel de Sinaloa no podría operar con ese nivel de éxito sin la complicidad de funcionarios corruptos”, advirtió el fiscal Clayton. La acusación no se limita al gobernador.
Incluye a figuras clave del aparato estatal, como:
1-Enrique Inzunza Cázares, Senador de MORENA.
2-Juan de Dios Gámez Mendívil, Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa.
3-Gerardo Mérida Sánchez, ex titular de la Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa.
4-Dámaso Castro Zaavedra, Fiscal General adjunto de Sinaloa.
5-Enrique Díaz Vega, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Sinaloa.
6-Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán.
7-Alberto Jorge Contreras Núñez, “El Cholo”, ex jefe de la policía de investigación.
8-José Antonio Dionisio Hipólito, “El Tornado”, ex subdirector de la Policía Estatal Preventiva.
9-Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa.
Uno de los puntos más delicados del documento judicial apunta al origen del poder.
Según la investigación, los acusados se alinearon con la facción de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín Guzmán Loera.
El texto sostiene que la organización criminal secuestró e intimidó a rivales políticos, intervino en el proceso electoral de 2021, facilitó la llegada de Rocha Moya al gobierno, y a cambio, el mandatario habría ofrecido protección e impunidad a la organización criminal.
“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.
“Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley.” Añadió.
La acusación detalla montos y operaciones concretas. Un ex vicefiscal habría recibido 11 mil dólares mensuales para alertar al cártel, y un mando policial municipal, 1,600 dólares al mes para poner a la corporación al servicio del crimen. Pero hay un punto que escala la gravedad:
El comandante Juan Valenzuela Millán es acusado de participar en el secuestro, tortura y asesinato de un informante de la DEA y un familiar en 2023.
Por ahora, los acusados permanecen en México y, conforme a derecho, se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Sin embargo, la dimensión del caso ya coloca a Sinaloa en el centro de una crisis política y judicial de alcance internacional.
