Permisos federales y regulaciones estatales chocan en aeropuertos y zonas turísticas de Los Cabos y La Paz.
Los Cabos, Baja California Sur.- . Un nuevo frente de conflicto se ha abierto en el sector del transporte turístico en Baja California Sur, donde empresas transportadoras con permisos federales y taxistas concesionados por el estado mantienen una disputa que ya escaló al terreno legal y político, particularmente en aeropuertos y zonas de alta afluencia turística del municipio de Los Cabos.
Las llamadas transportadoras turísticas —vans dedicadas al traslado de visitantes— operan bajo permisos federales otorgados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo que, de acuerdo con la normatividad federal, les permite realizar traslados aeropuerto–hotel y servicios turísticos en todo el país.
En contraste, los taxistas cuentan con permisos estatales, regulados por el Gobierno de Baja California Sur, el cual históricamente les ha otorgado prioridad operativa en aeropuertos, puertos y zonas turísticas, bajo el argumento de proteger el transporte local.
El origen del conflicto.
La confrontación se intensificó luego de que el Gobierno de BCS impulsara medidas para que las transportadoras federales se registren en una plataforma estatal, reporten sus viajes, acepten límites de operación y se sujeten a esquemas de “temporalidad”, con el argumento de combatir la piratería y ordenar el transporte turístico dentro del estado.
Sin embargo, las empresas federales rechazan estas disposiciones y aseguran que son ilegales, ya que —afirman— un permiso federal es superior al estatal y no puede estar condicionado por regulaciones locales.
La disputa más reciente ocurrió el 20 de enero durante un operativo a cargo de la policía estatal en las inmediaciones de un hotel en la zona turística de Cabo San Lucas.
En medio de una supuesta revisión de rutina, un elemento policíaco cortó el cartucho de su arma de cargo frente al chofer de una van de transporte con decenas de turistas a bordo, provocando indignación.
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La presunta “intimidación” por parte del uniformado encendió las alertas entre el gremio de transportistas, quienes acusaron a las fuerzas de seguridad de amenazarlos con accionar sus armas de fuego si se oponen a los operativos.
Acusaciones de acoso y favoritismo.
Representantes del sector federal han denunciado previos acosos operativos, retenciones, bloqueos y restricciones selectivas, señalando un presunto favoritismo hacia los taxistas, algunos de los cuales —aseguran— mantienen vínculos directos con funcionarios públicos o forman parte de estructuras políticas locales.
Aseguran que estas acciones afectan directamente al turismo, generan incertidumbre jurídica y elevan los costos de traslado para los visitantes, además de enviar un mensaje negativo a inversionistas del sector turístico.
BCS en el centro de la disputa.
El conflicto tiene como principal escenario a Baja California Sur, uno de los destinos turísticos más importantes del país, donde el crecimiento del turismo internacional ha incrementado la demanda de traslados privados, especialmente en municipios como Los Cabos y La Paz.
Mientras el gobierno estatal sostiene que busca orden y legalidad, las transportadoras federales advierten que se está incurriendo en una invasión de competencias que podría derivar en litigios federales y sanciones contra autoridades locales.
Por ahora, la disputa continúa sin una solución clara, mientras turistas, operadores y prestadores de servicios observan con preocupación un conflicto que amenaza con escalar y afectar la imagen de Baja California Sur como destino seguro y organizado.
