Activistas ambientales exigieron una audiencia urgente con el gobernador; acusan opacidad, sobrevuelos clandestinos y posible avance de proyectos turísticos en la principal reserva de agua de Baja California Sur.
La Paz, Baja California Sur.- Con tambores, consignas y pancartas levantadas frente a la entrada principal del Palacio de Gobierno, ciudadanos locales, ambientalistas y colectivos sociales salieron este 14 de mayo a las calles de La Paz para exigir respuestas inmediatas sobre las actividades detectadas en la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, considerada el pulmón hídrico más importante de Baja California Sur.
“La Sierra no se vende, se defiende”, “La Sierra es vida” y “El agua vale más que el oro” fueron algunas de las consignas que resonaron durante la movilización encabezada por integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, la Asamblea General Pueblos Soberanos de Baja California Sur y la Asociación Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía.
Los manifestantes entregaron un pliego petitorio dirigido al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, en el que exigieron una audiencia pública urgente para esclarecer los sobrevuelos constantes de helicópteros, el traslado aéreo de materiales y presuntos movimientos de tierra dentro de la zona protegida.
La protesta se dio en medio de una creciente tensión social tras las denuncias ciudadanas sobre posibles obras irregulares en la sierra y luego de que la PROFEPA confirmó recientemente la localización de materiales de construcción ocultos dentro del área natural protegida, aunque aseguró no haber encontrado actividades ilegales activas en ese momento.
Durante la manifestación, la activista, Elizabeth Álvarez Rosas, lanzó cuestionamientos directos al gobierno estatal y a las autoridades ambientales, señalando que existe una preocupante falta de transparencia alrededor del proyecto conocido como “Cabañas Coquitos”, así como de otros desarrollos ecoturísticos vinculados presuntamente a la fundación Hermandad en Armonía, relacionada con Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Verde”.
“¿En qué consistió la reunión que Jorge Emilio González Martínez sostuvo el 23 de marzo de 2026 en Palacio de Gobierno? ¿Por qué no hubo comunicado oficial ni información pública?”, cuestionó la activista frente a decenas de asistentes.
En el documento entregado al Ejecutivo estatal, los colectivos exigieron aclarar que permisos existen para los sobrevuelos constantes de helicópteros, quién autorizó el ingreso y traslado de materiales a la zona serrana, cual es el origen y destino de las estructuras metálicas detectadas, que proyectos continúan en evaluación dentro de la reserva y cuales acciones se implementarán para retirar los materiales y restaurar posibles daños ambientales.
Los inconformes señalaron que las evidencias documentadas incluyen transporte aéreo de estructuras metálicas, desmontes y marcajes topográficos en áreas cercanas a la zona núcleo de Sierra La Laguna.
El conflicto escaló luego de que SEMARNAT confirmara la existencia de trámites relacionados con modificaciones a un proyecto originalmente autorizado desde 2012, mientras que autoridades estatales y municipales han negado públicamente la existencia de nuevos permisos de construcción.
La situación encendió las alarmas entre los colectivos ambientales, quienes temen que se intente impulsar un complejo turístico exclusivo dentro de una de las regiones ecológicas más sensibles del noroeste mexicano.
Los activistas también recordaron que el proyecto “Santuario del Tío Checo” fue rechazado anteriormente únicamente por falta de información técnica y no por inviabilidad ambiental, lo que, aseguran, deja abierta la puerta para nuevas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).
Sierra La Laguna es considerada estratégica para la supervivencia de Baja California Sur debido a que funciona como principal zona de captación hídrica para gran parte del sur del estado. Por ello, cualquier señal relacionada con urbanización, desmontes o desarrollos inmobiliarios dentro de la reserva genera una inmediata reacción social.
Los manifestantes insistieron en que la movilización no tiene tintes políticos, sino el objetivo de impedir cualquier proyecto que ponga en riesgo el equilibrio ambiental y el abastecimiento de agua para futuras generaciones. “La Sierra no pertenece a intereses privados. La Sierra le pertenece al pueblo sudcaliforniano”, advirtieron durante el cierre de la protesta.
