Colectivos de búsqueda y familias de personas desaparecidas acusan que las declaraciones del titular de la PGJE minimizan el hallazgo de fosas clandestinas y revictimizan a quienes buscan a sus seres queridos.
La Paz, Baja California Sur.- La indignación de colectivos y familias de personas desaparecidas estalló este día contra el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, Antonio López Rodríguez, luego de que afirmara públicamente que los restos humanos encontrados en fosas clandestinas –muchos de ellos localizados por los propios colectivos– deben contabilizarse como “apariciones” y no necesariamente como delitos.
La postura provocó una reacción inmediata de familiares y organizaciones de búsqueda en el estado, quienes difundieron un comunicado urgente dirigido al Gobierno estatal y al Congreso local, en el que expresan su profunda preocupación, rechazo y alarma ante lo que califican como un grave desconocimiento de la función de procurar justicia.
De acuerdo con el documento, las declaraciones del funcionario resultan “técnicamente incorrectas y profundamente ofensivas”, pues ignoran que el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina constituye, por sí mismo, un indicio claro de la posible comisión de delitos graves, como desaparición forzada, homicidio u otros relacionados.
Los colectivos recordaron que, ante la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades, han sido las propias familias quienes se internan en el desierto, cerros y brechas del estado para buscar a sus desaparecidos, localizando incluso fosas que posteriormente son procesadas por las autoridades.
“Considerar estos hallazgos como simples ‘apariciones’ invisibiliza el crimen y el sufrimiento de quienes buscan a sus seres queridos”, advierten.
En el pronunciamiento también se señala que minimizar el hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas no solo debilita las investigaciones, sino que además revictimiza a las familias, quienes llevan años enfrentando la incertidumbre y el dolor de no saber dónde están sus hijos, hijas, padres o hermanos.
El posicionamiento fue respaldado por diversos colectivos y organizaciones, entre ellos:
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur, Búsqueda x La Paz, Búsqueda x La Paz Comondú, Grupo de Búsqueda Rastreadoras de Cabo San Lucas y Madres Buscadoras de Los Cabos BCS.
Ante esta situación, las familias exigieron tres acciones concretas:
1–Que el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, y los diputados del Congreso Local revisen con seriedad la actuación y declaraciones del actual Procurador.
2–Que las instituciones de procuración de justicia estén encabezadas por personas con preparación técnica, jurídica y sensibilidad hacia las víctimas.
3–Que se establezca un diálogo real con los colectivos de búsqueda, reconociendo su trabajo y evitando cualquier forma de revictimización.
“El hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina no es una aparición: es la evidencia de un posible crimen”, subraya el documento.
Finalmente, los colectivos de búsqueda dejaron claro que su lucha no busca confrontación con las autoridades, sino algo mucho más básico: verdad, justicia y dignidad para quienes siguen desaparecidos en Baja California Sur.
