La Paz, Baja California Sur.- Aprovechando su estatus de cargo honorífico en el Gobierno del Estado, la titular de la Secretaría de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Patricia López Navarro, se convirtió en la coordinadora de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo y los candidatos a senadores y diputados federales en el estado de Baja California Sur.
Lo anterior, según una publicación de la ex coordinadora de Bienestar Social en el Estado, Yanssén Weichselbaum, en su cuenta oficial de Facebook.
La también esposa del Jefe de la Oficina del Ejecutivo, Jesús Omar Castro Cota, citó imprudentemente:
«Me encanto estar en una reunión de trabajo donde la Mtra. Paty, coordinadora de la campaña de la Dra. Claudia, nos cuestionó a los activistas sobre las diferencias con otras campañas de Morena y otra donde Alberto Rentería, sonreía conmigo y me decía ¡qué diferente a la campaña de 2015! En torno al nivel de participación y propaganda que tenemos en la actualidad«.
La publicación fue compartida el pasado 28 de marzo, generando opiniones de que para Patty López, primero están las campañas antes de que cumplir con su encomienda de labor social con los mas vulnerables y necesitados en todo el estado.
A pesar de tener un cargo honorífico, Patricia López Navarro, maneja un presupuesto anual de 278.8 millones de pesos.
Desde el 2023, el techo financiero de SEDIF, aumentó 51 millones de pesos mas, pasado de 227.7 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2022 a 278.8 millones de pesos en 2023, y manteniéndose así en el 2024.
Como se sabe la esposa del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, después de perder el control del Consejo Político Estatal de MORENA, Patricia López Navarro, creó una estructura paralela en MORENA, aprovechando que maneja el dinero de los programas sociales.
El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, pretendió dotarla de todo el poder desde el 13 de diciembre de 2022, cuando presentó una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, tratando de reformar el marco jurídico de la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de Salud, Ley de Asistencia Social y Ley de Desarrollo Social.
En la Iniciativa de Ley, el gobernante buscó a través de la transferencia de atribuciones en materia de desarrollo social al SEDIF, darle más poder, bajo dos justificaciones:
La primera alinear tareas sustantivas, compatibles y complementarias entre sí, a fin de «mejorar la atención de los temas que recaen dentro de las atribuciones del SEDIF».
La segunda continuar en la «búsqueda de estructuras administrativas» más compactas y eficientes que propicien un mejor uso de los recursos que tengan asignados.
Así, y de esta manera, el gobernador propuso que las funciones que tiene la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, en materia precisamente de bienestar y desarrollo social fueran fusionadas al organismo descentralizado del SEDIF, pretendiendo –según el gobernador- «lograr el impacto integral de programas sociales de manera más compatible«, dejando a la Secretaría del Trabajo, únicamente el tema específico del Trabajo, Prevención Social y demás inherentes.
Es decir, el gobernador planeaba transferir las facultades de Bienestar y Desarrollo Social al SEDIF, junto con todo y su presupuesto.
«Con todo esto, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California Sur, como organismo encargado, entre otras funciones, de la Asistencia Social en el Estado, le corresponderá coordinar la política de desarrollo social, a través de las acciones que incidan en el bienestar, el desarrollo de la población, el desarrollo humano y el combate a la pobreza, fomentando un mejor nivel de vida para los habitantes del estado«, transcribe la propuesta.
Con la adhesión de las funciones de bienestar y desarrollo social a las funciones esenciales de asistencia social a cargo del SEDIF, el gobierno del estado «estaría en posibilidad de atender integral y permanentemente a la población en desventaja, tales como quienes se encuentran en situación de pobreza extrema y de alimentación insuficiente, y que forman parte de diversos programas de inclusión social«.
De tal modo que tras transferir las facultades al SEDIF, la Iniciativa de Ley, presentó un dictamen de impacto presupuestario, en la que estableció la viabilidad presupuestal, después de ser aprobada la Iniciativa de Ley.
Hasta este momento, la propuesta del gobernador no ha prosperado, por lo que no ha sido votada en el pleno del Congreso del Estado.
