La Paz, Baja California Sur.- A pesar de únicamente puede ser utilizado por orden de un Juez Federal Especializado en Intervención de Comunicaciones, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Baja California Sur (SSPE), Luis Alfredo Cancino Vicente, reconoció la compra del equipo de espionaje y admitió públicamente estar utilizando un software para intervenir comunicaciones privadas, bajo la justificación de que «forma parte de un proceso normal de actualización de las herramientas indispensables para mantener la paz y tranquilidad de las familias sudcalifornianas«.
En un comunicado de prensa, tras la investigaciones presentada por MetrópoliMx, el titular de la SSPE negó que la adquisición del software Biomatcher tenga otro objetivo distinto al de ser mas eficiente en la tarea de velar por la seguridad de todos.
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“Fortalecer la infraestructura y equipo, es una tarea permanente, y la compra de un software, permite el registro de información biométrica de personas que se encuentran privadas de su libertad en Centro Penitenciarios del Estado, o que han sido detenidas por delitos del Fuero Común o Federal, así como de que aquellas que laboran en las instituciones de seguridad pública”, justificó.
Resaltó que la adquisición de este equipamiento, ha permitido que la entidad cuente con un sistema estatal biométrico, el cual ha sido de gran beneficio en las labores de investigación y operatividad que realizan las corporaciones de seguridad en el combate a la delincuencia, así como para la detección de extorsiones y del tipo telefónico, páginas web fraudulentas, prevenir el secuestro virtual y dar seguimiento a las alertas Amber de personas desaparecidas.
Desafortunadamente, el Artículo 177 del Código Penal Federal, prohibe la intervención de comunicaciones privadas en México, y desde luego, en Baja California Sur, estableciendo textualmente: «A quién intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión, y de 300 a 600 días de multa«.
«El equipo únicamente puede ser utilizado por orden de un Juez Federal Especializado en Intervención de Comunicaciones del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de investigación, Arraigo e intervención de Comunicaciones».
El simple hecho de que el gobierno de Baja California Sur, haya comprado el software para que la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, haga extracciones físicas de sistemas de archivos, lógicas de datos, contraseñas, incluyendo los datos eliminados, así como obtener los registros de llamadas, fotografías, vídeos y otros datos, constituye un delito federal.
Particularmente, porque además la SSPE no es una autoridad competente para investigar delitos, sino únicamente realiza labores operativas de prevención del delito, tal y como establece la Constitución.
De tal modo que por la compra el equipo de espionaje, tendrán que ser llamados a cuentas todas las personas involucradas en el proceso de compra, como son.
1.- El subsecretario de administración de la Secretaria de Finanzas y Administración, José Saúl González Núñez, responsable de lanzar la Licitación Pública Nacional.
2.- El director de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del gobierno del estado, Daniel Dario Miranda Pérez.
3.- José Francisco Ramírez Meza y Elis Domínguez Contreras, representantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
4.-El director general de Recursos Materiales, Joel Gutiérrez Orci.
En un intento por justificar la compra y el uso del espionaje, la SSPE, en un afán de demostrar que era utilizado para combatir la delincuencia, pero sin la orden de un juez federal, tuvo la desfachatez de admitir que el equipo «permite concentrar la información de diferentes bases estatales y municipales en un solo sistema, lo que lo convierte en una base confiable de identificación y de gran apoyo en materia de información criminal, fortaleciendo los trabajos operativos y de prevención que realizan los cuerpos de seguridad y de justicia, en la investigación y persecución de delitos».
«Esta tecnología, requerida para la generación de la detección e identificación de zonas con mayor incidencia delictiva y tipo de delitos, ha sido de gran ayuda en la implementación de programas preventivos o estrategias, que ayuden a disminuir la incidencia delictiva en dichos sectores«, justificó finalmente.
