La Mesa de Seguridad Estatal informó que la banda sudamericana está vinculada con casos de cobro de piso y extorsiones en varios estados del país.
La Paz, Baja California Sur.- La Mesa de Seguridad Estatal en Baja California Sur abrió una línea de investigación sobre la posible participación de un grupo criminal colombiano en casos de extorsión registrados en La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé. El señalamiento, hecho por el gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, se da tras crecientes reportes de cobro de piso, amenazas a comerciantes y extorsiones telefónicas.
El mandatario estatal afirmó en una entrevista que las autoridades investigan las denuncias y reportes recibidos, los cuales apuntan, de manera preliminar, a una banda presuntamente integrada por personas de origen sudamericano. “Investigamos, y, al parecer, es una banda de colombianos que anda por acá y opera en el país”, declaró Castro Cosío, subrayando que estos grupos no son exclusivos del territorio sudcaliforniano, sino que se mueven en varios estados del país, algo que complica su identificación y detención.
Aunque hasta el momento no existen denuncias formales por escrito, las autoridades han recibido reportes directos que han permitido abrir líneas de investigación sobre la posible intervención de esta célula delictiva extranjera. Además del cobro de piso presencial, también se han registrado intentos de extorsión telefónica desde números con prefijos internacionales, indicativo de posibles operaciones desde fuera del país o vinculadas con redes transnacionales.
Comerciantes y pequeños empresarios en los cinco municipios han reportado casos en los que personas desconocidas han exigido pagos bajo amenaza de afectar sus negocios o incluso a sus familias si no accedían. En algunos municipios del interior del estado y en sectores como el comercio local y servicios, ha habido denuncias anónimas de cobro no oficiales ligados a grupos delincuenciales que buscan imponer cuotas ilegales a cambio de “protección”.
El procurador general de justicia en Baja California Sur, Antonio López Rodríguez, declaró esta semana que la incidencia de extorsión y delitos asociados sigue siendo una preocupación constante las instituciones de seguridad, lo que ha llevado a proponer la creación de unidades de investigación especializadas para enfrentar esta problemática, especialmente en La Paz y Los Cabos. La iniciativa parte de un plan integral para reforzar las capacidades de investigación y persecución penal de estos ilícitos.
El propio gobernador de Baja California Sur ha reconocido en distintos foros que el crimen organizado ha roto en algunas zonas la tranquilidad histórica del estado, especialmente en municipios como Loreto y Comondú durante 2025. Autoridades federales han vinculado a estas células criminales con organizaciones de alcance nacional que operan fuera de BCS y que han incrementado sus métodos de presión mediante extorsiones telefónicas, cobranza de piso y amenazas directas a comerciantes.
Empresarios de La Paz y Los Cabos han manifestado ante autoridades federales y organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) que sus negocios han sido blanco de exigencias de pagos bajo amenaza, lo que sugiere una vinculación con células externas que buscan imponer “cobro de piso” para operar sin contratiempos.
En el sector gastronómico, restauranteros locales señalaron incidentes en los que el personal fue agredido luego de negarse a pagar cuotas exigidas por individuos que se identificaban de parte de grupos criminales, un fenómeno que ha generado inquietud en el aspecto económico y social.
En diciembre de 2025, el Congreso de Baja California Sur aprobó una ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión, que armoniza el marco estatal con la legislación federal y contempla penas de hasta 25 años de prisión para quienes cometan este delito, además de permitir investigar la extorsión “por oficio”, sin necesidad de denuncia formal.
