El gobierno estatal confirmó la salida de Juan Ignacio "N", mientras la Fiscalía Anticorrupción y la UIF rastrean sus bienes por posibles irregularidades patrimoniales.
La Paz, Baja California Sur.- El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, confirmó la separación del cargo de Juan Ignacio “N”, quien hasta hace poco se desempeñaba como Director General de Informática de la Secretaría de Finanzas y Administración Estatal, y quien actualmente enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El mandatario estatal informó que el ex funcionario ya no forma parte de la administración pública y que actualmente se desarrolla el proceso administrativo de entrega-recepción de la dependencia que encabezaba.
“No, ya no colabora con el Gobierno del Estado, les dije la semana pasada que iba a ser la entrega-recepción y en ese proceso está”, declaró Castro Cosío.
La investigación, encabezada por la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con la Contraloría Estatal, se originó tras denuncias ciudadanas y auditorías internas que detectaron presuntas inconsistencias entre los ingresos reportados por el ex servidor público y el patrimonio que actualmente posee.
Aunque hasta ahora no existe una acusación formal ni una imputación judicial en su contra, el gobernador confirmó que las autoridades ya revisan declaraciones patrimoniales, movimientos financieros y propiedades relacionadas con el ex director.
Como parte de las primeras medidas cautelares, el Gobierno del Estado confirmó el aseguramiento precautorio de al menos dos vehículos de lujo de la marca alemana Mercedes Benz con valor de compra de hasta 5 millones de pesos vinculados al investigado.
Las indagatorias fueron canalizadas además a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia que participa en el rastreo de cuentas bancarias, operaciones económicas y bienes para determinar si los recursos utilizados tienen un origen lícito.
“Hasta el último día de mi gobierno vamos a investigar cualquier caso relacionado con corrupción o irregularidades patrimoniales”, advirtió el gobernador.
El caso podría alcanzar nuevas dimensiones. Castro Cosío no descartó que existan más personas involucradas, aunque dejó claro que será la autoridad ministerial la encargada de determinar responsabilidades conforme avance el expediente.
Actualmente, el Gobierno estatal mantiene al menos siete procesos abiertos relacionados con posibles irregularidades administrativas y patrimoniales dentro de distintas áreas de la administración pública.
Juan Ignacio “N” ocupaba una posición estratégica dentro del aparato gubernamental. Como Director General de Informática tenía bajo su responsabilidad la administración de infraestructura tecnológica estatal, redes de datos y telecomunicaciones, sistemas digitales internos y el mantenimiento de plataformas oficiales.
Además, el área bajo su control contaba con atribuciones técnicas fundamentales para autorizar adquisiciones y regulación de equipamiento informático de las dependencias gubernamentales.
El ahora ex funcionario cuenta con formación académica como Doctor en Tecnologías de la Información y Negocios Electrónicos por la Universidad Popular Autónoma de Puebla y durante el inicio de la actual administración participó en proyectos orientados a modernización tecnológica y digitalización de trámites.
Pero la controversia no termina ahí.
La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), también abrió una revisión interna relacionada con Juan Ignacio “N”, quien además se desempeña como docente universitario.
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El rector Dante Salgado González, confirmó que, aunque no existe una denuncia formal dentro de la institución educativa, sí se han recibido testimonios y señalamientos públicos de estudiantes de la Licenciatura en Comunicación que acusan ausencias reiteradas del académico durante varios semestres.
El Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas ya realiza una revisión interna para determinar posibles incumplimientos laborales y académicos.
“El departamento académico correspondiente realiza la revisión para conocer exactamente qué ocurrió y actuar conforme a la normatividad universitaria”, explicó el rector.
En caso de acreditarse las irregularidades, el docente podría enfrentar desde amonestaciones hasta restricciones contractuales conforme a la normatividad universitaria.
Mientras las investigaciones avanzan en dos frentes distintos –el financiero y el académico- el caso comienza a convertirse en uno de los expedientes de mayor sensibilidad política dentro del actual sexenio estatal.
