Documentos en poder de las autoridades de Estados Unidos mencionan pagos vinculados a procesos electorales en Baja California y Baja California Sur para beneficiar con dinero ilícito a los actuales gobernadores.
Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, realizó este 26 de febrero la acusación formal en contra de René Arzate García, alias “La Rana”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Baja California y señalado formalmente por las autoridades estadounidenses como “narcoterrorista” por el presunto uso de fuerzas paramilitares y drones, así como por pagos millonarios en criptomonedas que habrían beneficiado a operadores políticos vinculados a MORENA.
Simultáneamente, el Departamento de Estado de EE.UU, anunció el incremento de la recompensa a 5 millones de dólares por información que conduzca a la localización de “La Rana” y de su hermano, Alfonso Arzate García, alías “El Aquiles”, ambos prófugos de la justicia estadounidense.
De acuerdo con información revelada por fuentes de seguridad americanas, Arzate García es identificado como operador directo del entorno de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del narcotráfico en México. La acusación sostiene que habría financiado estructuras políticas mediante transferencias digitales de gran escala, presuntamente dirigidas a campañas del partido guinda en el noroeste del país.
El caso adquiere mayor dimensión al señalarse que “La Rana” es socio documentado de Hilda Araceli Brown Figueredo, actual diputada federal de Morena por Baja California. Brown ha tenido participación activa en la vida política del movimiento encabezado por el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2006 fungió como coordinadora de campaña en Playas de Rosarito; en 2012 promovió el voto durante la contienda presidencial y previamente, en 2011, fue coordinadora municipal de MORENA.
La acusación estadounidense refiere que existen documentos que acreditarían pagos dirigidos a estructuras partidistas y campañas para las gubernaturas de Baja California, con María del Pilar Ávila Olmeda, y Baja California Sur, con Víctor Manuel Castro Cosío, lo que podría abrir una línea de investigación por presunto financiamiento ilícito.
El expediente judicial describe el uso de tecnología aérea no tripulada (drones) y la presunta conformación de células con características paramilitares para operaciones logísticas y de protección. Además, se mencionan transferencias en criptomonedas de alto valor, un mecanismo que complica la trazabilidad financiera tradicional y que ha sido utilizado en esquemas de lavado de dinero a nivel internacional.
La combinación de armamento táctico, financiamiento digital y presuntos nexos políticos coloca el caso en una dimensión de alto impacto, tanto por sus implicaciones de seguridad como por el posible alcance electoral.
Hasta el momento, no se ha informado sobre una postura oficial de la legisladora señalada ni de la dirigencia nacional de Morena. Sin embargo, el señalamiento de presuntos vínculos financieros con campañas electorales podría derivar en investigaciones paralelas en México.
El proceso judicial en Estados Unidos apenas comienza, pero las revelaciones ya generan ondas expansivas en el escenario político nacional. Si las acusaciones se sostienen en tribunales, el caso podría convertirse en uno de los expedientes más delicados en la relación entre crimen organizado y financiamiento político en los últimos años.
